Las peque?as y medianas empresas, en la econom¨ªa espa?ola

Las peque?as y medianas empresas (PYME) contribuyen al 70% de las exportaciones en Alemania Federal, aportan cerca del 60% de la producci¨®n no agraria en Francia y dan empleo al 75 % de la poblaci¨®n trabajadora en Italia. Su peso es similar en los dem¨¢s pa¨ªses industriales de econom¨ªa mixta. La atenci¨®n que reciben en las pol¨ªticas econ¨®micas respectivas est¨¢ en consonancia con esos datos. En Jap¨®n, una agencia gubernamental, con rango equivalente al de la Energ¨ªa y la Aeron¨¢utica, tiene a su cargo la modernizaci¨®n tecnol¨®gica de las PYME, su adaptaci¨®n al proceso de industrializaci¨®n y la aplicaci¨®n de la ley de subcontrataciones; tres bancos nacionales, un avanzado sistema de cr¨¦dito privado y garant¨ªa, y la instrumentaci¨®n eficaz de la fiscalidad aseguran la contribuci¨®n eficaz de esas empresas al crecimiento econ¨®mico. En Estados Unidos, una ley especifica la regulaci¨®n minuciosa en 336 sectores de los requisitos y condiciones de las PYME que deseen acceder a las ventajas financieras de la Small Business Administration y la asignaci¨®n prioritaria de una cuota importante de los contratos del Gobierno Federal; contribuyen eficazmente al mantenimiento de las PYME en competencia con las grandes corporaciones. Pol¨ªticas semejantes est¨¢n en vigor en otros pa¨ªses industriales.La justificaci¨®n de tales pol¨ªticas es muy concreta; la inexistencia de econom¨ªas de escala limita el desarrollo tecnol¨®gico y financiero de las PYME. Ello determina una desventaja comparativa en los costes y precios con relaci¨®n a las grandes corporaciones. De no ser compensada esa desventaja por la acci¨®n eficaz del Estado, la competencia se ir¨ªa reduciendo hacia sectores marginales de la actividad econ¨®mica y ello comportar¨ªa un coste social que se estima superior al coste econ¨®mico que requiere el mantenimiento de tales pol¨ªticas.

?Y en Espa?a? El proceso de concentraci¨®n industrial est¨¢ menos avanzado que en los pa¨ªses industriales a los que se ha hecho referencia y, en consecuencia, el peso relativo de las PYME en la actividad productiva es necesariamente mayor. Datos disponibles aceptables indican que ese ampl¨ªsimo conjunto de empresas dan empleo a m¨¢s del 80% de la poblaci¨®n trabajadora, aportan por encima del 60% de la producci¨®n interior y contribuyen por encima del 75 % de las exportaciones;

En clara contraposici¨®n al mayor peso de las PYME, en Espa?a no existe ni ha existido en las ¨²ltimas d¨¦cadas una pol¨ªtica consciente de apoyo a estas empresas. Declaraciones de intenciones de contados ministros de la Dictadura y de la Monarqu¨ªa, la creaci¨®n de algunos organismos aut¨®nomos con funciones vagas e inconcretas, y la promulgaci¨®n casual de alguna norma, como la que estableci¨® el r¨¦gimen jur¨ªdico, fiscal y financiero de las sociedades de garant¨ªa rec¨ªproca, es todo cuanto se ha hecho.

Acusado intervencionismo de la Administraci¨®n

Varias circunstancias contribuyen a explicar esta situaci¨®n. En primer lugar, el acusado intervencionismo administrativo, m¨¢s preocupado por ejercitar el control directo de la actividad econ¨®mica que por permitir el libre juego de los agentes econ¨®micos; la acci¨®n discrecional se aplica con desventaja para los peque?os y medianos empresarios, cuyos cauces de acceso a los centros de decisi¨®n son l¨®gicamente m¨¢s restringidos que los que propician la entrada a los mismos. de los grandes empresarios.

Directamente relacionado con lo anterior y condicionado a su vez por el marco pol¨ªtico de los cuarenta a?os anteriores al 15 de junio de 1977, hay que contemplar la extrema debilidad de las organizaciones profesionales de los empresarios que, conjuntamente con los sindicatos, desempe?an un papel esencial en el funcionamiento eficiente de las econom¨ªas de los pa¨ªses industriales. Los empresarios han confiado mucho m¨¢s en el BOE y en la gesti¨®n burocr¨¢tica de la Administraci¨®n que en sus propias fuerzas a la hora de promover la reforma de la empresa, la reconversi¨®n sectorial o la adaptaci¨®n de la econom¨ªa espa?ola a los criterios del Mercado Com¨²n.

Otro factor a considerar son los criterios que se vienen utilizando para promover la necesaria liberalizaci¨®n del sistema econ¨®mico en Espa?a, que discrimina innecesariamente a las PYME. Las medidas que han afectado al sistema finan ciero son un ejemplo paradigm¨¢tico. En aras de potenciar el juego de los mercados monetario y de capitales, a los que tienen acceso casi exclusivo los intermediarios financieros y las grandes empresas, se han reducido sustancialmente los pr¨¦stamos de regulaci¨®n especial de las cajas de ahorro, que benefician fundamentalmente a las PYME. Est¨¢ por demostrar que la reducci¨®n, a trav¨¦s del BOE, de los flujos de financiaci¨®n privilegiada a favor de las PYME redunde en un mayor juego de la competencia en los mercados financieros.

Conviene, por ¨²ltimo, hacer referencia a la mentalidad bastante extendida de muchos altos responsables de la Administraci¨®n espa?ola en relaci¨®n con el tema. No es raro o¨ªr entre ¨¦stos que el problema de las PYME se resuelve por s¨ª mismo con la sola aceleraci¨®n del proceso de concentraci¨®n industrial y financiero. Obviamente, este fen¨®meno, que tiende a reducir el peso relativo de tales empresas en el conjunto de la actividad productiva, no tiene nada que ver con las condiciones m¨¢s desfavorables de costes y precios, bajo las que se ven obligadas a competir con las grandes empresas.

?C¨®mo abordar un planteamiento eficaz en Espa?a? Resultar¨ªa pretencioso dise?ar aqu¨ª el contenido de una pol¨ªtica de apoyo a las PYME, que por su alcance corresponde formular a los responsables de la pol¨ªtica econ¨®mica. Es posible, no obstante, como contribuci¨®n al debate, se?alar algunos aspectos que no parece que pudieran quedar al margen de una estrategia operativa y eficaz.

En consecuencia con los factores se?alados hay que referir, en primer lugar, el grave problema de la gesti¨®n administrativa; la discrecionalidad ampl¨ªsima que poseen los ¨®rganos de la Administraci¨®n en la concesi¨®n de las ayudas del Estado debe reducirse sustancialmente en beneficio de mecanismos autom¨¢ticos con criterios y requisitos rigurosamente objetivos, m¨¢s o menos restrictivos, seg¨²n los recursos disponibles en cada caso, pero abiertos siempre a todo el colectivo de empresas que cumplan las condiciones previamente estipuladas.

Abandonar el paternalismo

En cuanto al tratamiento de las empresas potencialmente beneficiarias de una pol¨ªtica de apoyo eficaz a las PYME, hay que abandonar el paternalismo imperante y potenciar realmente la autoorganizaci¨®n empresarial, paralelamente a la de los sindicatos. Gran parte de las prestaciones de asistencia t¨¦cnica y capacitaci¨®n profesional, informaci¨®n y orientaci¨®n al empresario, que pretenden realizar los organismos administrativos del Estado en Espa?a, lo realizan en mejores condiciones de informaci¨®n y de estrategia, en los pa¨ªses del Mercado Com¨²n, las propias organizaciones patronales, coste¨¢ndolo, en su mayor parte, con sus propios recursos.

Respecto al papel concreto del Estado en la potenciaci¨®n tecnol¨®gica y financiera de las PYME, es un cometido que debe ser expl¨ªcitamente asumido y planteado a trav¨¦s de un cuadro de medidas concretas de apoyo a esas empresas, y ello no como algo tangencial a la pol¨ªtica econ¨®mica, sino como un cap¨ªtulo esencial de la misma.

Limit¨¢ndose, por el momento, al aspecto financiero, hay que resaltar el papel esencial que le corresponde al Estado en cada una de las dos vertientes que condicionan su aplicaci¨®n: el acrecentar los flujos de financiaci¨®n espec¨ªfica y aminorar las dificultades de tales empresas para ofrecer las garant¨ªas que habitualmente exigen las instituciones de cr¨¦dito.

En la primera vertiente, es preciso poner remedio a la falta de instituciones de cr¨¦dito oficial espec¨ªficas para las PYME, ya que este papel no lo puede cumplir ninguno de los bancos actuales, ni siquiera el Banco de Cr¨¦dito Industrial, puesto que tiene encomendada la financiaci¨®n de los grandes sectores industriales (siderurgia, construcci¨®n naval, energ¨ªa, etc¨¦tera) y ello impide una dotaci¨®n significativa y una programaci¨®n racional a largo plazo de la financiaci¨®n de las PYME; por otra parte, la imposibilidad de incluir la financiaci¨®n del circulante a trav¨¦s de dicho banco deja sin resolver un cap¨ªtulo esencial que, en todo caso, condiciona las decisiones de invertir de las empresas. La orientaci¨®n hacia esa funci¨®n del Banco Rural y Mediterr¨¢neo es una opci¨®n que deber¨ªa ser seriamente considerada. La regulaci¨®n de las sociedades de promoci¨®n y participaci¨®n como un nuevo intermediario financiero, la reestructuraci¨®n de las sociedades de desarrollo industrial y la reconsideraci¨®n de la pol¨ªtica actual de subvenciones no deber¨ªan quedar al margen de una pol¨ªtica eficaz de apoyo financiero a las PYME.

En la vertiente de la garant¨ªa, el Ministerio de Econom¨ªa no acaba de promover la institucionalizaci¨®n de un mecanismo, a¨²n incompleto, que se inici¨® con la regulaci¨®n de las sociedades de garant¨ªa rec¨ªproca (SGR), promovida casualmente desde un organismo no financiero. Falta la regulaci¨®n eficaz del denominado segundo aval -el reciente real decreto sobre esta materia no es m¨¢s que una salida coyuntural para lo que resta del ejercicio presupuestario de 1980- y concretar con ello la especificaci¨®n del papel esencial del Estado en el funcionamiento de ese instrumento financiero.

Las dos f¨®rmulas aparecidas hasta la fecha, la primera en la ley Presupuestaria de 1980 -concesi¨®n del segundo aval directamente por el Tesoro, p¨²blico- y, posteriormente, en el proyecto para 1981 -otorgamiento a trav¨¦s de la Compa?¨ªa Espa?ola de Seguros de Cr¨¦dito y Cauci¨®n- no son v¨¢lidas. La soluci¨®n debe ir necesariamente a trav¨¦s del Instituto de Cr¨¦dito Oficial, que reune las condiciones b¨¢sicas de ser un organismo financiero, poseer car¨¢cter p¨²blico, tener una proyecci¨®n multisectorial y operar en todo el ¨¢mbito nacional.

La f¨®rmula de sociedad mixta con mayor¨ªa del ICO hace posible la participaci¨®n absolutamente mayoritaria del Estado, permite la inclusi¨®n de las SGR y posibilita la participaci¨®n minoritaria de las instituciones privadas de cr¨¦dito. Los tres son sujetos determinantes del proceso, adem¨¢s de las PYME, Y los tres desempe?an un papel activo fundamental en el funcionamiento del segundo aval.