El Congreso aprob¨® la elevaci¨®n al 2,5 % del impuesto sobre tr¨¢fico de empresas

El Pleno del Congreso de los Diputados reanud¨® ayer por la tarde el debate del proyecto de Presupuestos del Estado para 1981, y en la sesi¨®n se aprobaron los ¨²ltimos doce art¨ªculos y las dos primeras disposiciones adicionales del proyecto, en la segunda de las cuales se incluye el presupuesto-resumen de la Seguridad Social, con un montante total de m¨¢s de dos billones de pesetas. Los art¨ªculo aprobados establecen varios preceptos tributarios, entre ellos la elevaci¨®n al 2,5% del impuesto sobre tr¨¢fico de empresas.

Socialistas y comunistas objetaron la mayor parte de estos art¨ªculos referidos a normas tributarias, por entender que no es constitucional su inclusi¨®n en los Presupuestos del Estado. As¨ª, ambos grupos pidieron la supresi¨®n de los art¨ªculos 36, 37 y 38, argumentando que modifican leyes tributarias, lo cual est¨¢ prohibido por la Constituci¨®n si no se hace mediante una ley sustantiva.El art¨ªculo 36 establece que los beneficios obtenidos al vender la vivienda propia no pagar¨¢n impuesto si se invierten en la adquisici¨®n de otra vivienda. El 37 autoriza al Gobierno a modificar la valoraci¨®n patrimonial de las transmisiones, y el 38 establece normas relativas al impuesto extraordinario sobre el patrimonio de las personas f¨ªsicas. El socialista F¨¦lix Pons se limit¨® a utilizar el argumento de la inconstitucionalidad, mientras el comunista Fernando P¨¦rez Royo a?adi¨® que hay razones de pura justicia tributar¨ªa porque las modificaciones propuestas van en sentido de la contrarreforma tributar¨ªa Ambos anunciaron que presentar¨¢n recursos de inconstitucionalidad contra los tres art¨ªculos.

El centrista Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa Margallo enhebr¨® una complicad¨ªsima argumentaci¨®n legal y t¨¦cnica para demostrar la viabilidad constitucional de los tres art¨ªculos, y replic¨® que ninguno de ellos va en el sentido de la pretendida contrarreforma fiscal. Por su parte, el ministro de Hacienda, Jaime Garc¨ªa A?overos, aclar¨® que el Gobierno hab¨ªa estudiado previamente las modificaciones tributarias previstas para 1981 y separado en un decreto-ley las que no ten¨ªan encaje constitucional. A?adi¨® que para el resto, que son las contenidas en la ley de Presupuestos, la asesor¨ªa-jur¨ªdica de su Ministerio no encontr¨® ninguna objeci¨®n constitucional.

Impuestos indirectos

El Grupo Parlamentario Comunista pidi¨® tambi¨¦n la supresi¨®n de los art¨ªculos 39 y 40, que contienen normas para el impuesto sobre sociedades. Asimismo, socialistas y comunistas pidieron el voto contrario al art¨ªculo 43, que es uno de los preceptos claves de la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno contenida en este proyecto, ya que eleva en un punto -del 1, 5% al 2,5%- el impuesto sobre el tr¨¢fico de empresas (ITE), del cual proviene una gran parte de la imposici¨®n indirecta. Sin embargo, ninguno de los dos grupos provoc¨® un debate amplio y a fondo sobre este art¨ªculo. El socialista F¨¦lix Pons se limit¨® a objetarlo junto con los tres citados en primer lugar, con el argumento de la inconstitucionalidad.

No obstante, este art¨ªculo sufri¨® una profunda transformaci¨®n aunque el tipo general queda en el 2,5% como consecuencia de una enmienda transacional de UCD defendida por Mariano Alierta. La propuesta fue aprobada con la abstenci¨®n de la izquierda, y establece que el ITE ser¨¢ del 2,8% para las tranmisiones directas de fabricante a minorista, y del 3,8% en total cuando intervenga un intermediario mayorista, todo ello para favorecer los canales de comercializaci¨®n directa.

Asimismo, el tipo impositivo ser¨¢ del 0, 8% par a las ventas, suministros, entregair y transmisiones realizadas por comerciantes mayoristas, y del 7,5 %en los espect¨¢culos cinematogr¨¢ficos. Estos ¨²ltimos tipos tuvieron que fijarse en un c¨¢lculo posterior a la aprobaci¨®n del art¨ªculo, ya que los porcentajes inicialmente fijados y aprobados quedaban de hecho in¨²tiles cuan do el grupo socialista retir¨® un apartado introducido por pro puesta de sus diputados, en el que se refund¨ªan otros impuestos en el ITE. La sesi¨®n hubo incluso de interrumpirse para corregir este defecto, y una vez arreglado, UCD emiti¨® una nota en la que se quejaba de esta confusi¨®n de ?tener que corregir unos tipos ya aprobados ante la veleidad socialista con sus propias propuestas?.

Seguridad Social y pensiones

Aprobados sin debate el resto de los art¨ªculos y la disposici¨®n adicional primera, el socialista Esteban Granados defendi¨® una enmienda para mejorar y regular el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Entre otras cosas, Granados propon¨ªa elevar los m¨ªnimos en un 16%, que la pensi¨®n de viudedad equivalga al menos al 85% de la de jubilaci¨®n, asegurar que los pensionistas tengan dos pagas extraordinarias y que el complemento por gran invalidez sea, como m¨ªnimo, el 75 % del salario base interprofesional.

Jos¨¦ Miguel Bravo de Laguna, de UCD, dijo que, su grupo no es taba contra los criterios de fondo, pero se opuso a la enmienda por que aumentar¨ªa el coste de 70.000 millones y porque la ley de Presupuestos no es el lugar adecuado para modificar el r¨¦gimen de pensiones. Estas, no obstante, aumentan un 12% de promedio, que se distribuye entre un 14% para las m¨¢s bajas, disminuyendo a partir de ah¨ª hasta las 7.000 pesetas lineales que aumentar¨¢n las pensiones de m¨¢s de 60.000 pesetas.

A ello replic¨®. el socialista Granados que cuando el Gobierno est¨¢ utilizando los Presupuestos para modificar las leyes que quiere, se impide a la oposici¨®n que trate de incluir otras normas cuando se lleva un a?o esperando un proyecto de ley general de pensiones. Contra este argumento, Bravo de Laguna indic¨® que la labor legislativa es tan intensa que los retrasos son inevitables.

El mismo Esteban Granados defendi¨® otras enmiendas a la Seguridad Social, con propuestas tales como que los incapacitados laboralmente o inv¨¢lidos no paguen ,medicinas, que ¨¦stas cuesten al afiliado s¨®lo el 30%, elevar a seiscientas pesetas por hijo la ayuda familiar, y dotar un fondo de investigaciones sanitarias. De nuevo Bravo de Laguna se opuso, por razones econ¨®micas, a estas propuestas. Sin embargo, advirti¨® que los inv¨¢lidos ya est¨¢n excluidos del pago de medicinas, y respecto a los incapacitados transitoriamente, mostr¨® su reserva, porque, seg¨²n dijo, el eximirles del pago de las medicinas podr¨ªa favorecer el absentismo.

La sesi¨®n continu¨® hasta la madrugada con el estudio del resto de disposiciones adicionales y finales, previo al an¨¢lisis de las secciones.