Administraci¨®n central y el Gobierno vasco, decididos a buscar un acuerdo sobre los conciertos econ¨®micos

En el curso de la reciente pol¨¦mica entre el Consejo Nacional del PNV y el Gobierno de Madrid, a prop¨®sito de una declaraci¨®n del m¨¢ximo ¨®rgano de los nacionalistas, volvieron a subrayar ¨¦stos ¨²ltimos la importancia de un r¨¢pido acuerdo en los temas ahora en negociaci¨®n para otorgar credibilidad a la autonom¨ªa vasca y desgastar as¨ª el apoyo con que todav¨ªa cuentan los partidarios de la violencia.

Basta repasar el programa de gobierno presentado por el Gabinete de Garaikoetxea en octubre pasado para comprobar hasta qu¨¦ punto el desbloqueo del tema de los conciertos, y con ¨¦l el de la hacienda aut¨®noma, constituye la clave de todo avance en esa direcci¨®n. El hecho de que 1980 vaya a finalizar sin haberse llegado a discutir en el Parlamento vasco los presupuestos de la comunidad aut¨®noma para dicho a?o y que todav¨ªa no est¨¦ ni prevista la fecha en que se discutir¨¢n los de 1981 constituye quiz¨¢ la m¨¢s elocuente muestra de las razones del des¨¢nimo que dejaban traslucir expresiones tan citadas ¨²ltimamente como la de ?tirar la toalla?. Varios consejeros del Gobierno vasco, limitados a una tarea de meros gestores administrativos de su propio departamento, no ocultaban, hasta fechas bien recientes, haber sido alcanzados por esa marea de des¨¢nimo ante la imposibilidad, no ya de ejecutar, sino siquiera de planificar unos proyectos cuya viabilidad depend¨ªa de la capacidad de financiaci¨®n que los conciertos otorguen a las instituciones auton¨®micas.Cierto acercamiento en torno a temas menores, producido en la ¨²ltima reuni¨®n de la comisi¨®n de conciertos, el 20 y 21 de noviembre pasado, completado con el acuerdo sobre la reuni¨®n ininterrumpida que se inicia hoy; el nombramiento, aunque con seis meses de retraso, de los representantes de la Administraci¨®n central en la Junta mixta de Seguridad; la presentaci¨®n, el pasado d¨ªa 12, de un proyecto gubernamental sobre la restauraci¨®n de los cuerpos de mi?ones y miqueletes, base de la futura polic¨ªa vasca, y, finalmente, ciertos indicios de la existencia de una voluntad pol¨ªtica de acelerar las transferencias contenidas en la nota difundida la semana pasada por el Ministerio de Administraci¨®n Territorial, son los datos que han posibilitado un cierto cambio en las expectativas, mucho m¨¢s optimistas ahora que hace quince d¨ªas. Este optimismo se ha visto claramente reforzado con ¨¦l anuncio de la inminente visita de Su¨¢rez a Euskadi.

Importantes divergencias

De todas formas, la divulgaci¨®n del informe presentado la semana pasada por Jaime Garc¨ªa A?overos al Consejo de Ministros sobre las discrepancias actuales en torno a los conciertos ha venido a ensombrecer parcialmente las perspectivas de un acuerdo inminente. Y es que, al margen de las divergencias de interpretaci¨®n del Estatuto ya conocidas, el cambio que supone la intenci¨®n actual por parte de la Administraci¨®n central de hacer aprobar, simult¨¢neamente con la ley de Conciertos, la de Cupos, que regula la aportaci¨®n de la comunidad aut¨®noma a las cargas generales del Estado por los servicios no transferidos, puede implicar el retraso de todo el proceso negociador varios meses. En ese caso, los conciertos no entrar¨ªan en vigor hasta 1982.

El primer objetivo de los negociadores vascos parece ser ahora, por ello mismo, lograr un acuerdo, aunque sea provisional, que permita aparcar el tema del cupo, incluyendo en la ley de conciertos alguna f¨®rmula transitoria por la cual la comunidad aut¨®noma pagar¨ªa a lo largo de 1981 la parte correspondiente al coste de esas competencias no transferidas. Seg¨²n dicha f¨®rmula, la liquidaci¨®n definitiva se har¨ªa, con car¨¢cter retroactivo, tras la entrada en vigor de la ley de cupos, que ambas partes se comprometer¨ªan a negociar intensivamente durante 1981. Ello permitir¨ªa probablemente aprobar antes de fin de a?o una ley de conciertos que entrase en vigor en enero y posibilitase la elaboraci¨®n de un presupuesto realista para 1981.

Para que una soluci¨®n de este tipo sea posible ser¨¢ preciso, sin embargo, que ambas partes logren previamente un acercamiento en los temas de interpretaci¨®n del estatuto que actualmente dividen a los negociadores. En primer lugar, la cuesti¨®n de la autonom¨ªa normativa.

Para los negociadores vascos, el art¨ªculo 41.2 del Estatuto reconoce expl¨ªcitamente esta autonom¨ªa al establecer que las ?instituciones competentes de los territorios hist¨®ricos podr¨¢n mantener, establecer y regular el r¨¦gimen tributario?, sin m¨¢s limitaci¨®n que la de no atentar contra ?la estructura general impositiva? y la ?coordinaci¨®n y armonizaci¨®n fiscal?. Esta interpretaci¨®n es, sin embargo, impugnada por la otra parte, en nombre del principio general establecido en la Constituci¨®n (art¨ªculo 133), seg¨²n el cual, ?la potestad para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado?.

La cuesti¨®n tendr¨ªa incidencia fundamentalmente en los impuestos sobre la renta de las personas f¨ªsicas y en los de sociedades, terrenos en los que el Gobierno vasco considera fundamental contar con esa potestad para jugar un papel beligerante en la orientaci¨®n de la pol¨ªtica econ¨®mica.

Lo que hay detr¨¢s de la resistencia del Gobierno de Madrid a aceptar estos planteamientos es probablemente la desconfianza en la utilizaci¨®n que un Gobierno nacionalista pueda hacer de esa potestad para, en palabras de Garc¨ªa A?overos, ?convertir al Pa¨ªs Vasco en una isla fiscal?, o, en todo caso, para sustraer a Euskadi de las obligaciones solidarias para con otras regiones y nacionalidades. El Gobierno de Vitoria, por su parte, considera infundadas tales sospechas desde el momento que en el propio Estatuto se reconoce el principio de la armonizaci¨®n con el r¨¦gimen fiscal general y la participaci¨®n vasca en el fondo de compensaci¨®n interterritorial.