Dos a?os de Constituci¨®n

EL SEGUNDO aniversario del refer¨¦ndum que aprob¨® la Constituci¨®n no va a ser conmemorado de manera oficial y apenas ha sido aireado -con la casi ¨²nica excepci¨®n del PSOE- por las fuerzas pol¨ªticas parlamentarias. Tampoco las propuestas de que la fiesta nacional se celebre el d¨ªa 6 de diciembre parece haber despertado gran atenci¨®n o desbordante entusiasmo. Sin embargo, pr¨¢cticamente todas las naciones reservan una fecha, siempre asociada con significados integradores para la gran mayor¨ªa de la poblaci¨®n, a fin de rendir homenaje a su pasado, de reafirmar la solidaridad en el presente y de manifestar su voluntad de futuro. En esa perspectiva es dif¨ªcil encontrar un acontecimiento conmemorativo m¨¢s adecuado que el 6 de diciembre para que los espa?oles celebraran su fiesta nacional.De cualquier forma, este aniversario es una ocasi¨®n para reflexionar acerca del bienio que nos separa de aquel refer¨¦ndum en el que la ciudadan¨ªa espa?ola clausur¨®, por mayor¨ªa absoluta, al largo per¨ªodo de interinidad y de ausencia de legalidad democr¨¢tica abierto por la guerra civil, y recubierto con esa apariencia formal de constitucionalidad que eran las Leyes Fundamentales del anterior r¨¦gimen. Ser¨ªa demasiado pronto para esperar que los principios y valores de la Constituci¨®n de 1978 hubieran permeado el cuerpo social y transformado sustancialmente el sistema de expectativas de los ciudadanos respecto a la Administraci¨®n p¨²blica y la cosa com¨²n. S¨®lo la conciencia de que los derechos y las libertades no son graciosas concesiones del Estado, sino el fundamento de la convivencia y la fuente de legitimaci¨®n de la autoridad, podr¨¢ permitir su real ejercicio. Y s¨®lo la comprensi¨®n de que los derechos reconocidos en el t¨ªtulo I de la Constituci¨®n son indisociables de los deberes ciudadanos -fundamentalmente, cumplir las leyes aprobadas por un Parlamento elegido por sufragio universal- podr¨¢ aunar esa afirmaci¨®n de la libertad individual con la solidaridad colectiva y cimentarla en el suelo firme de un sistema pol¨ªtico que funcione eficazmente, que satisfaga las demandas sociales y que mantenga la paz, entendida como algo distinto del mero orden p¨²blico.

Pedir que un olmo seco por las heladas del pasado reverdeciera s¨²bitamente y diera de inmediato abundantes frutos ser¨ªa un acto de impaciencia o una manipulaci¨®n destinada a socavar el prestigio de las instituciones democr¨¢ticas. Pero la tendencia al triunfalismo de la clase pol¨ªtica, que a veces confunde las razonables cr¨ªticas que se dirigen contra sus insuficiencias con las maniobras desestabilizadoras, y que en ocasiones pretende sofocar la vida p¨²blica entre las estrechas paredes de los aparatos de los partidos, obliga a se?alar que el list¨®n de las exigencias est¨¢ instalado, en su caso, a mucha mayor altura.

Las relaciones de la clase pol¨ªtica con la Constituci¨®n no son siempre lo suficientemente respetuosas, pese a que en las Cortes se sientan numerosos padres y madres constituyentes. De un lado, ni siquiera el acuerdo abrumadoramente mayoritario de las dos C¨¢maras puede conferir virtud pol¨ªtica a decisiones tan discutiblemente constitucionales como la modificaci¨®n de la ley de Modalidades del Refer¨¦ndum, ideada para alterar retroactivamente la lectura de los resultados de la consulta popular andaluza, o la v¨ªa elegida para repescar el Estatuto de Santiago cuando iba camino de las urnas, devolverlo a la Comisi¨®n Constitucional y alterarlo sustancialmente. De otro, la mayor¨ªa parlamentaria debe respetar el esp¨ªritu, y no s¨®lo la letra, de nuestra norma fundamental al elaborar la legislaci¨®n ordinaria, si bien en este caso la superior jurisdicci¨®n del Tribunal Constitucional puede dirimir los recursos interpuestos contra normas que -como el Estatuto de Centros Docentes- son acusadas por la oposici¨®n de inconstitucionales.

Pero ni el Tribunal Constitucional puede ser considerado como el ¨²nico guardi¨¢n de la legalidad ni las instituciones -cualesquiera que sean- deben jugar al peligroso deporte de infringir conscientemente ese marco normativo con la esperanza de no ser descubiertas con las manos en la masa, o de no ser denunciadas a tiempo. El art¨ªculo 91 del texto fundamental establece que ?los ciudadanos y los poderes p¨²blicos est¨¢n sujetos a la Constituci¨®n y al resto del ordenamiento jur¨ªdico?. En este sentido, resultan, cuando menos, lamentables los sostenidos intentos de fingir que se hallan en vigor leyes obviamente afectadas por la disposici¨®n derogatoria, que taxativamente determina que ?quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constituci¨®n?. Que haya cilidadanos que tengan que permanecer procesados o en prisi¨®n hasta que las Cortes promulguen las normas que sustituyan a otras impl¨ªcitamente derogadas -y que, en realidad, no necesitar¨ªan declaraciones expl¨ªcitas para carecer de vigencia- es un abuso condenable que contradice la obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos de acatar la Constituci¨®n.

Las reticencias p¨²blicarnente expresadas por algunos altos mandos militares o las tentativas de ciertos prelados de poner en duda el car¨¢cter vinculante para los ciudadanos espa?oles, que adem¨¢s sean cat¨®licos, de algunas leyes situadas dentro del marco constitucional son s¨ªntomas preocupantes de insubordinaci¨®n frente a la soberan¨ªa popular y al poder civil. A la labor de pedagog¨ªa democr¨¢tica tampoco ayudan las maniobras de los pol¨ªticos desplazados del Gobierno para ocuparlo mediante procedimientos extraconstitucionales. Finalmente, la tentaci¨®n del poder ejecutivo o delas instituciones de autogobierno de explotar sin contemplaciones las ambig¨¹edades y vac¨ªos de los estatutos de autonom¨ªa en sus complicadas relaciones jer¨¢rquicas con la Constituci¨®n cargar¨ªa de electricidad est¨¢tica el ambiente de nuestra vida p¨²blica hasta l¨ªmites peligrosos.

Tras dos a?os de r¨¦gimen constitucional, el paro sigue azotando a la poblaci¨®n trabajadora y a los j¨®venes que llegan al mercado laboral por vez primera. Pero lo mismo ocurre en naciones de vieja tradici¨®n democr¨¢tica, y en dictaduras de nuevo cu?o, como la chilena. Desgraciada mente, la crisis econ¨®mica poca relaci¨®n guarda con los reg¨ªmenes pol¨ªticos. Las acciones de las bandas armadas no han cesado, e incluso se han incrementado en los ¨²ltimos meses. Pero ser¨ªa necio olvidar que ETA fue engendrada y amamantada por el franquismo, y que sus activistas asesinaron al presidente Carrero, y ser¨ªa est¨²pido no valorar el paso de gigante que representan la autonom¨ªa vasca y la aceptaci¨®n por el PNV del marco constitucional para la pacificaci¨®n de Euskadi. Hay cosas que la democracia nunca podr¨¢ dar, porque no es funci¨®n suya hacerlo, y otras que, aunque le corresponden, necesitar¨¢ a¨²n tiempo para suministrar. Pero en este pa¨ªs hay ahora incomparablemente m¨¢s libertad y m¨¢s dignidad que antes de que la Constituci¨®n fuera aprobada.