Los generales, uruguayos se aferran al poder

Si el pueblo uruguayo ech¨® por tierra el axioma de que ninguna dictadura pierde un plebiscito, tampoco aqu¨ª se cumple el viejo aforismo de que cada pa¨ªs tiene los gobernantes que se merece. Aunque siempre es dif¨ªcil justificar un sistema autoritario, lo es a¨²n m¨¢s en una naci¨®n de apenas 2,7 millones de habitantes, f¨¢cilmente controlables, con una clase media mayoritaria, con una tradici¨®n democr¨¢tica contrastada y un electorado conservador, nada aventurero, que otorgaba el 70% de sus preferencias a dos partidos que no son m¨¢s revolucionarios de lo que puedan serlo los norteamericanos.Se dir¨¢ que la situaci¨®n en los comienzos de los setenta era otra, que los tupamaros se hab¨ªan hecho con la calle y que el atentado se hab¨ªa convertido en instrumento pol¨ªtico casi diario. Pero visto el apego actual de los militares al poder, muchos pol¨ªticos se preguntan c¨®mo este mismo Ej¨¦rcito no fue capaz, diez a?os atr¨¢s, bajo el mando de unas autoridades civiles, de impedir que la guerrilla urbana alterase tan intensamente la vida ciudadana.

Los uruguayos no se han cre¨ªdo el argumento de que la sedici¨®n sigue viva y que es necesario un per¨ªodo de transici¨®n de otros seis a?os bajo la tutela militar. Argumentos que no son de recibo en un pa¨ªs tan disciplinado que acat¨® sin rechistar el decreto que prohib¨ªa manifestaciones en la calle tras el plebiscito. Los ¨²nicos uruguayos que festejaron el triunfo del no el domingo por la noche fueron los vecinos de la localidad fronteriza de Rivera, que cruzaron la calle que les separa de Livramento para celebrar en territorio brasile?o la derrota del Gobierno. Quiz¨¢ fue un ultraje m¨¢s para el presidente Aparicio M¨¦ndez, porque Rivera es la ciudad en la que naci¨®, hace 76 a?os.

La moderaci¨®n es, posiblemente, la caracter¨ªstica m¨¢s destacada tambi¨¦n de los pol¨ªticos uruguayos. Este Gobierno, que se autojustifica por el peligro comunista, no pudo retirar el derecho al voto m¨¢s que a 7.100 ciudadanos por presunta filiaci¨®n marxista, y a poco m¨¢s de 4.000, por su vinculaci¨®n con grupos terroristas. En total, apenas un 0,4% de la poblaci¨®n, que le sirven para justificar su permanencia en el poder.

Esta moderaci¨®n qued¨® patente en los d¨ªas siguientes al plebiscito. Las declaraciones de blancos y colorados eran todo un tratado de prudencia y de manos tendidas al Gobierno militar. Jorge Batlle, dirigente proscrito del Partido Blanco, insist¨ªa en que los dos partidos hist¨®ricos manten¨ªan despu¨¦s del plebiscito el ofrecimiento de un pacto nacional con los militares para restaurar la democracia. Admit¨ªa, incluso, que se mantuviese la proscripci¨®n de los pol¨ªticos anteriores al golpe -como medida de higiene, los militares prohibieron toda actividad pol¨ªtica a miembros y candidatos de anteriores asambleas legislativas, fueran conservadores o izquierdistas-, siempre y cuando se autorizase de nuevo la actividad de los partidos.

La amnistia, prematura

En esta peque?a naci¨®n, en la que es dif¨ªcil encontrar una familia en la que nadie haya sufrido c¨¢rcel o exilio, nadie ha planteado a¨²n la necesidad de una amnist¨ªa para normalizar la vida pol¨ªtica. El mayor descubrimiento pol¨ªtico de esta campa?a, Enrique Tarigo, un profesor universitario que no est¨¢ proscrito, simplemente porque no intervino en pol¨ªtica antes del golpe, se mostr¨® extremadamente cauto: ?Tarde o temprano, habr¨¢ que ir a medidas de gracia, pero todav¨ªa resulta prematuro.

En opini¨®n de un dirigente colorado, hay varios l¨ªderes que los militares no est¨¢n dispuestos a perdonar: Uno ser¨ªa el candidato presidencial Wilson Ferreira Aldunate, exiliado hoy en Londres, y quiz¨¢ el uruguayo m¨¢s activo en sus declaraciones contra el r¨¦gimen militar ?No le perdonan que fuera del pa¨ªs haya dicho todo lo que ha dicho? La otra bestia negra ser¨ªa el general Liber Seregni, candidato a la presidencia por el Frente Amplio y encarcelado desde el golpe. ?A Seregni le odian porque, siendo general, encabez¨® la candidatura que apoyaban los marxistas. Fue como pasarse al enemigo?.

Pero no s¨®lo nadie habla de amnist¨ªa; tampoco casi nadie plantea la convocatoria de elecciones para una Asamblea constituyente como ¨²nico camino hacia la normalizaci¨®n democr¨¢tica. Tan s¨®lo Tarigo lo ha hecho, con bastante timidez. Su compa?ero de partido Batlle opina que puede haber otras soluciones, aunque se excus¨® de especificarlas. El l¨ªder blanco Carlos Julio Perera, en tiempos segundo de Ferreira Aldunate y hoy algo distanciado de ¨¦l, insisti¨® en el pacto nacional ofrecido por los dos partidos hist¨®ricos, sin especificar tampoco su contenido.

En este juego casi versallesco nadie habla tampoco acerca de una posible legalizaci¨®n a corto plazo de los partidos marxistas, que, seg¨²n opini¨®n bastante generalizada, tendran que esperar un quinquenio en el mejor de los casos.

En el ¨²nico punto en el que ni blancos ni colorados est¨¢n dispuestos a transigir es en dar su aprobaci¨®n a cualquier texto constitucional que los militares pretendan sin contar con ellos. ?Si lo hacen, volveremos a decir no. El problema est¨¢ en que ellos quieren convertir un Gobierno de hecho en otro de derecho, apoyado en una Constituici¨®n que legitime un poder militar casi discrecional, facultado para intervenir en cualquier aspecto de la vida pol¨ªtica. Nosotros estamos dispuestos a garantizarles que no habr¨¢ depuraciones por estos siete a?os si vuelven a los cuarteles, pero no a respaldar indefinidamente un r¨¦gimen autoritario?.

Es l¨®gico que en este contexto de moderaci¨®n casi norteamericana, nadie diera cr¨¦dito aqu¨ª a la diatriba del general Rapela en v¨ªsperas del plebiscito, cuando se?al¨® a los defensores del no como marionetas movidas por los tupamaros desde la c¨¢rcel Libertad. Seg¨²n la emplicaci¨®n oficial, las instrucciones habr¨ªan salido de prisi¨®n escondidas en las ropas de los ni?os que acud¨ªan a visitar a sus padres. Lo que nadie explic¨® es como lograban esconder los papeles durante unas visitas estrechamente vigiladas, que se interrumpen al m¨¢s m¨ªnimo gesto de afecto por parte del padre.

Tanto las destempladas declaraciones del general Rapela como la prohibici¨®n de manifestarse despu¨¦s del plebiscito hacen pensar que el Gobierno tem¨ªa su derrota. Ninguna dictadura que tuviera seguro el triunfo impedir¨ªa el aplauso de sus segjuidores. ?Por qu¨¦ se sigui¨® adelante con el plebiscito? Los dirigentes consultados descartan que se tratase de una jugada maquiav¨¦lica para detener cualquier reforma y perpetuar el estado actual.

Batlle lo explica as¨ª: ?De pronto les ha gustado tanto el poder que no se conforman con disfrutarlo en la pr¨¢ctica, sino que quieren ganarlo en las urnas. Como eso resulta imposible en un juego electoral democr¨¢tico, hicieron una Constituci¨®n a su medida, con un candidato ¨²nico para cuyo nombramiento iban a tener ellos siempre la ¨²ltima palabra?.

Tarigo amplia la explicaci¨®n: ?Lo que les ha perdido es un error de c¨¢lculo. Creyeron que el silencio de un pueblo durante siete a?os equival¨ªa a asentimiento.

Batlle relat¨® a EL PAIS una entrevista que hab¨ªa mantenido durante la primavera pasada con el ministro del Interior, general Manuel N¨²?ez. ?Yo le expliqu¨¦ que o sub¨ªan al carro a los dos partidos tradicionales o iban a una derrota segura. El plan consist¨ªa en elaborar conjuntamente una Constitui¨®n que les asegurase una vuelta pacifica a los cuarteles y la devoluci¨®n del sistema democr¨¢tico al pa¨ªs. Me consta, porque me supuso varios d¨ªas de prisi¨®n, que mi propuesta fue grabada y escuchada luego en una reuni¨®n militar en la que encontr¨® algunos defensores, pero fue derrotada. Algunos generales aspiraban ya a la presidencia, y eso hubiera sido el fin de sus ambiciones?.

Dos aspirantes a la presidencia

A pesar del hermetismo militar, en medios pol¨ªticos y period¨ªsticos de Montevideo se apuntan los nombres de dos generales como aspirantes a la sucesi¨®n de Aparicio M¨¦ndez. Se trata del general Gregorio Alvarez y el brigadier Varona, actual embajador en Paraguay.

Cualquiera de ellos introducir¨ªa nuevos elementos en la pol¨ªtica del pa¨ªs. Hasta ahora la clase militar uruguaya eludi¨® el caudillismo. Forz¨® el autogolpe de Bordaberry, lo destituy¨® en 1975, instal¨® luego en la presidencia a un general que casi nadie recuerda, lo mand¨® a su casa unos meses despu¨¦s y coloc¨® finalmente al frente del pa¨ªs a un general tan gris como Aparicio M¨¦ndez. Fervoroso defensor de Hitler durante la segunda guerra mundial, profesor de Derecho Administrativo en la universidad, tuvo que abandonar la docencia por presiones de alumnos y compa?eros de claustro.

Pero tanto Alvarez como Varona son militares que dif¨ªcilmente aceptar¨ªan el papel de meros ejecutores del generalato, una casta de veintis¨¦is hombres que en estos a?os prefirieron actuar como grupo, sin consentir ninguna tentaci¨®n de caudillaje. Algunos pol¨ªticos creen que si un nuevo general llega al poder, Uruguay puede entrar en una v¨ªa a la boliviana, de golpes y con tragolpes. ?Los generales s¨®lo est¨¢n dispuestos a entregar la presidencia a uno de ellos si toda la casta participa del poder?.

Por eso los militares m¨¢s sensatos han admitido en privado que el rechazo de la Constituci¨®n permite una salida honrosa al Ej¨¦rcito: apertura de conversaciones con los dos partidos hist¨®ricos, establecimiento de un Gobierno transitorio que convoque elecciones constituyentes y regreso a los cuarteles. Pero todo, parece indicar que no ser¨¢ este el rumbo elegido. Siguen siendo mayor¨ªa los generales que a¨²n no se han cansado del poder.