El responsable de finanzas de RTVE declara ante el juez
Francisco L¨®pez Arenosa, director de Administraci¨®n y Finanzas de RTVE, declar¨® ayer ante el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 16 de Madrid, designado juez especial por la Sala Segunda del Tribunal Supremo para tramitar la querella del PSOE y del PCE contra varios directivos de la Radiotelevisi¨®n estatal por presuntos delitos financieros.
La declaraci¨®n de L¨®pez Arenosa es la ¨²ltima de las prestadas por los directivos contra quienes va dirigida la acci¨®n judicial del PSOE y del PCE, aunque los abogados querellantes anunciaron recientemente que estudiaban la posibilidad de ampliar la querella ?a cargos a¨²n m¨¢s altos de la Administraci¨®n?.Durante cinco horas, L¨®pez Arenosa declar¨® ante el juez y, dado que han quedado temas sobre los que a¨²n debe declarar el querellante, ¨¦ste ha sido citado para continuar la declaraci¨®n el pr¨®ximo s¨¢bado. Francisco L¨®pez Arenosa sali¨® sonriente del juzgado, a las 3.15 de la tarde de ayer, y declar¨®: ?Salgo contento, porque lo que deseaba era aclarar las cosas?.
Francisco L¨®pez Arenosa lleg¨® a la sede del juzgado acompa?ado de su abogado Horacio de la Oliva, y en la declaraci¨®n estuvieron presentes, adem¨¢s del juez y del representante del ministerio fiscal, el abogado Enrique Gimbernat, en representaci¨®n del PSOE, y el abogado Jos¨¦ Luis N¨²?ez Casal, representando al PCE.
El PSOE y el PCE interpusieron sendas querellas, luego acumuladas en un solo procedimiento judicial por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, contra los ex directores generales de RTVE Fernando Arias Salgado y Rafael Ans¨®n, el director de Administraci¨®n y Finanzas, Francisco L¨®pez Arenosa, y el subdirector general para la gesti¨®n econ¨®mico-administrativa, Ignacio Mart¨ªnez Echevarr¨ªa. Las querellas est¨¢n basadas en los datos ofrecidos por la auditor¨ªa de Hacienda sobre la situaci¨®n econ¨®mico-administrativa y financiera de RTVE, que fue publicada en febrero de 1980.
La querella hace referencia a una supuesta apropiaci¨®n indebida por valor de ochocientos millones de pesetas (retenci¨®n de impuestos de trabajo personal no ingresados en Hacienda), a una presunta malversaci¨®n de fondos por valor de 3.000 millones de pesetas (cuotas pendientes de pago a la Seguridad Social), a una supuesta apropiaci¨®n indebida de ochocientos millones (cuotas salariales retenidas y no abonadas a la Seguridad Social), y falsedad en documentos p¨²blicos.
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