Los ayuntamientos de Madrid, Aranjuez, El Escorial y La Granja, contra el proyecto de ley del Patrimonio Nacional
La pr¨®xima presentaci¨®n en las Cortes del proyecto de ley reguladora del Patrimonio Nacional, por parte del Gobierno, ha motivado el rechazo de los Ayuntamientos de Madrid, Aranjuez, El Escorial y La Granja, as¨ª como del PCE y PSOE y de varias organizaciones ecologistas y defensoras del patrimonio hist¨®rico-art¨ªstico. En s¨ªntesis, el proyecto de ley es calificado como de perjudicial para los municipios afectados, y se argumenta que, a trav¨¦s de ¨¦l se quiere mantener una legislaci¨®n arcaica, que supone de hecho una amnist¨ªa encubierta hacia los responsables de los posibles desaguisados cometidos en los ¨²ltimos cuarenta a?os, lo que indirectamente podria implicar, incluso, el prestigio de la Corona.
El proyecto de ley incluye una relaci¨®n sucinta de los bienes adscritos al uso y servicio de la Corona que constituyen el Patrimonio Nacional, y que pueden ser usados por la familia real para las funciones de representaci¨®n que les corresponden seg¨²n la Constituci¨®n. El Patrimonio Nacional se regir¨¢ por un consejo de administraci¨®n nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, y tendr¨¢ que presentar los resultados de su gesti¨®n al Tribunal de Cuentas del Reino. Los bienes adscritos al Patrimonio se declaran inalienables, imprescriptibles e inembargables.De entrada, tanto comunistas como socialistas han presentado escritos ante la Mesa del Congreso para detener la tramitaci¨®n de la ley, en tanto no se realice un inventario detallado, en cuanto a fincas, edificios y bienes semovientes, que constituyan el patrimonio. A pesar que la ley vigente a¨²n, de 1940, establec¨ªa la obligatoriedad de dicho inventario, ¨¦ste no se ha realizado a¨²n.
En una conferencia de Prensa celebrada el martes, se insisti¨® en que tal inventario, si se realizase con todas las garant¨ªas de imparcialidad, pondr¨ªa de manifiesto el expolio que en estos a?os ha mermado los fondos patrimoniales. A pesar de que sus bienes no son comercializables, se record¨® las ventas de terrenos del monte de El Pardo para construir urbanizaciones lujosas, o los cuadros y otros objetos de gran valor desaparecidos de El Escorial.
Amnist¨ªa encubierta
Un proyecto alternativo de ley redactado por representantes de los cuatro ayuntamientos citados, insiste en una cuesti¨®n fundamental: en una monarqu¨ªa parlamentaria todo debe estar sujeto de un forma u otra al control de los representantes de los ciudadanos, y esto es precisamente lo que el proyecto oficial no contempla desde el momento en que la gesti¨®n de los bienes patrimoniales depende de un consejo no adscrito a ministerio alguno y en caya elecci¨®n no interviene el Parlamento para nada. Con la nueva ley se hace de hecho tabla rasa de todas las presuntas irregularidades cometidas en el pasado, y supone, seg¨²n se dijo, una especie de amnist¨ªa encubierta hacia los responsables. La elecci¨®n de los consejeros por el Rey implica a la Corona indirectaniente en un asunto sobre el que la izquierda ha manifestado ya su rechazo, y eso puede da?ar el prestigio de la m¨¢s alta instituci¨®n del Estado. En la conferencia de Prensa se dijo que no es el Rey quien tiene inter¨¦s en la aprobaci¨®n de una ley ?arcaica? y con ribetes feudalistas, sino ciertos c¨ªrculos de poder que temen perder sus prerrogativas y, adem¨¢s, que puedan investigarse sus pasadas actuaciones.La alternativa propuesta es que el Patrimonio Nacional se constituya como un organismo aut¨®nomo dependiente del Ministerio de Cultura, a semejanza del resto de los pa¨ªses europeos, y que en sus ¨®rganos directivos figuren representantes de los diversos ministerios implicados y de los ayuntamientos.
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