La l¨ªnea de sombra

LA MUERTE de Jos¨¦ Arregui, acaecida anteayer en el Hospital Penitenciario de Carabanchel tras nueve d¨ªas de interrogatorios -sin asistencia de letrados y en r¨¦gimen de incomunicaci¨®n- en las dependencias gubernativas, ha dado lugar a una sana reacci¨®n de indignaci¨®n y de protesta de las fuerzas pol¨ªticas democr¨¢ticas y de la opini¨®n-p¨²blica respetuosa de la Constituci¨®n y sensibilizada a las violaciones de los derechos humanos. La impresi¨®n de que esa muerte puede ser un asesinato producido por torturas no se reviste con la certeza de la sentencia firme de un tribunal de justicia, pero se fundamenta en el ejercicio de las capacidade,s humanas de raciocinio para establecer hechos, buscar explicaciones y formular conjeturas. Aunque de esa generalizada protesta se haya escabullido Alianza Popular, tal vez para ser coherente con la frase de Manuel Fraga de que el mejor terrorista es el terrorista muerto?, las fuerzas pol¨ªticas del arco parlamentario han planteado este suceso en el terreno de las cuestiones de principio, esto es, la legalidad constitucional y la garant¨ªa de los derechos humanos, sin dejarse arrastrar al pantano de las presuntas razones de Estado, las siniestras implicaciones de la lucha antiterrorista o las conveniencias pol¨ªticas minicoyunturales.

Especial elogio merecen la valent¨ªa c¨ªvica y la inteligencia pol¨ªtica del PNV, Euskadiko Ezkerra y los socialistas y comunistas vascos al repetir ahora las mismas convocatorias -huelga general y, manifestaciones populares- y la misma consigna -pa,7- y libertad para Euskadi- que en el caso del ingeniero Ryan. La sucia tentativa de los grupos cercanos a ETA Militar para realizar una amalgama, de corte staliniano, entre los partidos y sindicatos democr¨¢ticos, por un lado, y las bandas de ultraderecha dedicadas a la guerra sucia y los funcionarios de los cuerpos de seguridad que torturan y delinquen, por otro lado, no tiene m¨¢s respuesta que la batalla en dos frentes contra quienes violan la legalidad constitucional y conculcan los derechos humanos en ambos lados. Porque disculpar la muerte de Arregui en nombre de la muerte de Ryan equivaldr¨ªa a homologarse con los c¨®mplices morales de los asesinos etarras, para quienes las v¨ªctimas abatidas por ETA Militar son simples bajas, s¨®lo aptas para fr¨ªos c¨®mputos estad¨ªsticos, y los activistas, nobles m¨¢rtires, mercanc¨ªas aptas para ese s¨®rdido comercio de culto a la muerte.

Sin embargo, los sectores democr¨¢ticos de UCD, el PSOE y el PCE pueden albergar fuertes dosis de mala conciencia por su apoyo a la ley de Suspensi¨®n de Derechos Fundamentales, de 1 de dlciembre de 1980, aprobada con sus votos -y con la abstenci¨®n del PNV y la oposici¨®n solitaria de Euskadiko Ezkerra- en el Congreso. Que esa mala conciencia intente ser explotada con escandalosa mala fe por Herri Batasuna, que responsabiliza c¨ªnicamente a comunistas y a socialistas de la muerte de Jos¨¦ Arregui por haber respaldado una ley posibilitadora de torturas, no deber¨ªa impedir a las fuerzas democr¨¢ticas un serio debate sobre las leyes de excepci¨®n antiterroristas, campo abonado para una abominable cosecha de violaciones de los derechos humanos. La ley de 2 de diciembre de 1980, que prolonga los decretos-leyes antiterroristas de 1978 y 1979, no suspende m¨¢s derechos fundamentales que el plazo m¨¢ximo de detenci¨®n gubernativa y la inviolabilidad de los domicilios y las comunicaciones, pero deja inc¨®lumes el resto de los derechos y libertades reconocidos y garantizados en los art¨ªculos de la Constituci¨®n, entre ellos, naturalmente, el art¨ªculo 15, que proh¨ªbe la tortura. Sin embargo, la ausencia de obligaci¨®n por el juez instructor y el fiscal de velar por la suerte de los detenidos, el car¨¢cter especializado de los ¨®rganos judiciales que conocen de esos delitos y la composici¨®n de las brigadas a las que se encomienda el interrogatorio de los sospechosos han confirmado los temores apuntados por el informe de Amnist¨ªa Internacional acerca del car¨¢cter pat¨®geno de una ley cuya aplicaci¨®n, pr¨¢ctica crea el ¨¢mbito jur¨ªdico para la posible violaci¨®n de los derechos humanos de los detenidos.

Por lo dem¨¢s, las tomas de posici¨®n en tomo a la muerte de Jos¨¦ Arregui no se han limitado a los partidos y sindicatos, sino que se han extendido a una instituci¨®n del ordenamiento constitucional tan importante como el Consejo General del Poder Judicial. La nota de este elevado ¨®rgano se?ala que el juez de instrucci¨®n de guardia ha abierto las oportunas diligencias, ?que continuar¨¢n hasta llegar al completo esclarecimiento de los hechos, con intervenci¨®n del ministerio fiscal?. Dicho sea de pasada, el juez instructor de la muerte de Arregui es el juez de la Audiencia Nacional, encargado del sumario de los etarras, y que no hace mucho tiempo dej¨® en libertad a uno de los acusados del asesinato de Yolanda Gonz¨¢lez. El Consejo General tambi¨¦n a?ade que ?velar¨¢ por la total independencia de la funci¨®n del juez en orden a la plena garant¨ªa de los derechos y libertades fundamentales? en la realizaci¨®n de estas actuaciones.

Sin perjuicio de resaltar la notable sensibilidad jur¨ªdica y democr¨¢tica que ha mostrado el Consejo, que preside Federico Carlos Sainz de Robles, al publicar esa nota, ser¨ªa hip¨®crita silenciar el temor de que vuelvan a producirse en este caso las habituales presiones sobre la administraci¨®n de la justicia, que suelen darse cuando los encausados pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado. Con independencia de que el procesamiento de esos funcionarios s¨®lo pueda decidirlo una sala de la Audiencia, tal vez el ministerio fiscal hubiera podido pedir, y el juez instructor hubiera podido dictar ya, como medida cautelar, la prisi¨®n preventiva de las cinco personas puestas a su disposici¨®n por el Ministerio del Interior. Y, en lo que al procesamiento en s¨ª mismo se refiere, resulta dif¨ªcil olvidar (v¨¦ase EL PAIS de 27-9-1980) que la Secci¨®n Primera de la Audiencia Provincial de Madrid deneg¨® hace unos meses, con sorprendentes argumentos, el procesamiento, propuesto a la vez por el juez instructor y el ministerio fiscal, de los miembros de la Polic¨ªa Nacional de cuyas armas de fuego salieron los proyectiles que causaron un muerto y dos heridos en la barriada de Embajadores el 13 de diciembre de 1979.

Digamos, finalmente, que la nota facilitada ayer por el Ministerio del Interior, en la que se anuncia el cese del jefe de la Brigada Regional de Informaci¨®n y del responsable de los servicios m¨¦dicos, y se pone a disposici¨®n judicial a cinco funcionarios que interrogaron al fallecido Arregui, rectifica las declaraciones iniciales del titular de ese departamento. La razonable presunci¨®n de que s¨®lo gracias al coraje pol¨ªtico del ministro de Justicia y al valor c¨ªvico del m¨¦dico del Hospital Penitenciario de Carabanchel este suceso ha salido a plena luz no habla demasiado en favor del Ministerio del Interior, que tard¨® casi veinticuatro horas en ofrecer una explicaci¨®n -insuficiente- sobre las medidas -tambi¨¦n insuficientes- adoptadas para aclarar ese turbio asunto. Pero no se trata s¨®lo de que nadie puede estar seguro de lo que habr¨ªa. ocurrido si Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez no hubiera sido ministro de Justicia en el momento de morir Jos¨¦ Arregui. Porque es sencillamente bochornoso que haya tenido que fallecer un detenido para que el Ministerio del Interior acuse recibo de las denuncias sobre torturas practicadas en sus dependencias, formuladas, entre otras organizaciones, por Amnist¨ªa Internacional, y adopte medidas, tan t¨ªmidas como incompletas, respecto a los eventuales responsables. Todav¨ªa a estas alturas el Ministerio del Interior no ha explicado los entresijos del Batall¨®n Vasco-Espa?ol, el papel de los mercenarios de la OAS en la guerra sucia del Pa¨ªs Vasco- y la veracidad de las denuncias de torturas. Y todav¨ªa el comisario Ballesteros sigue en su cargo.

Que en febrero de 1981, tras cinco a?os de transici¨®n, el Gobierno constitucional de este pa¨ªs no haya reorganizado totalmente los cuerpos de seguridad con hombres respetuosos de los valores democr¨¢ticos, de los derechos humanos y de las libertades ciudadanas y amparados por la Constituci¨®n, hombres que existen en abundancia en el escalaf¨®n del Cuerpo Superior de Polic¨ªa, es un hecho m¨¢s cercano a la provocaci¨®n desestabilizadora que a la incompetencia profesional. En esa l¨ªnea de sombra se hallan, sin duda, muchas de las claves que explicar¨¢n en el futuro la raz¨®n por la que la reforma pol¨ªtica se detuvo a las puertas de los cuerpos de seguridad, basti¨®n todav¨ªa, en algunos puestos clave, de enemigos ideol¨®gicos y pol¨ªtica de esa Monarqu¨ªa parlamentaria para cuya defensa los contribuyentes les pagan sus sueldos y dietas.