Se acepta la dimisi¨®n

LAS DIMISIONES en cadena de varios altos cargos de la Seguridad del Estado; presuntamente motivadas por la prisi¨®n preventiva dictada contra cinco polic¨ªas implica dos en las diligencias por las torturas a Jos¨¦ Arregui, tienen una lectura pol¨ªtica que arroja de saladoras conclusiones.Las claves de ese plante se hallan inscritas en la l¨ªnea de sombra que comienza con Manuel Fraga, prosigue con Ib¨¢?ez Freire, Rodolfo Mart¨ªn Villa y concluye -por ahora- con Ju¨¢n Jos¨¦ Ros¨®n. Porque en esa zona oscura se ocultan las razones y los intereses que impidieron, cuando todav¨ªa era tiempo, adecuar, el aparato de seguridad del Estado heredado del franquismo a las necesidades, los valores y los principios de la Monarqu¨ªa parlamentaria y del sistema de gobierno constitucional. La experiencia de los ¨²ltimos a?os ha demostrado que en el escalaf¨®n del Cuerpo General de Polic¨ªa hay numerosos Funcionarios dem¨®cratas y respetuosos con la legalidad constitucional que hubieran podido relevar a aquellos de los colegas de carrera, aun respetando sus derechos econ¨®micos y administrativos, que se hab¨ªan distinguido en la represi¨®n pol¨ªtica contra los adversarios, del anterior r¨¦gimen (algunos de los cuales son hoy diputados, senadores y alcaldes) o que se mostraban incapaces de aceptar el nuevo marco pol¨ªtico y jur¨ªdico al que deben servir como funcionarios p¨²blicos. Esta sociedad todav¨ªa espera una explicaci¨®n satisfactoria del ex ministro del Interior Rodolfo Mart¨ªn Villa, aunque sea en un art¨ªculo de memorias, por sus nupcias pol¨ªtico-administrativas con el comisario Conesa y por su sostenida decisi¨®n de encomendar los puestos claves del aparato de seguridad del Estado a personas de las que resultaba razonable presumir convicciones antidemocr¨¢ticas, cuando no conexiones con bandas ultraderechistas.

Pero esa catarata de dimisiones tiene, adem¨¢s de una lectura pol¨ªtica, un diagn¨®stico juridico-penal, que deber¨ªa ser contemplado. El art¨ªculo 199 del C¨®digo Penal sanciona con la inhabilitaci¨®n a los funcionarios p¨²blicos que atenten contra la independencia de los jueces y magistrados, y las dimisiones parecen una presumible respuesta a la medida judicial de la prisi¨®n preventiva de los cinco funcionarios que participaron en el interrogatorio de Arregui. Tambi¨¦n el art¨ªculo 222 del C¨®digo Penal considera como reos de sedici¨®n a ?los funcionarios encargados de la prestaci¨®n de todo g¨¦nero de servicios p¨²blicos o de reconocida e inaplazable necesidad que, suspendiendo su actividad, ocasionen trastornos a los mismos o de cualquier forma, alteren su regularidad?. Y creemos que la legalidad vigente debe ser contemplada con especial atenci¨®n por las autoridades en momentos tan delicados como este.

Recordemos, finalmente, que el art¨ªculo 9 de nuestra norma fundamental establece que ?los ciudadanos y los poderes p¨²blicos est¨¢n sujetos a la Constituci¨®n y al resto de? ordenamiento jur¨ªdico ? y que el art¨ªculo 104 asigna a los cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misi¨®n de ?proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana?.

Para conseguir que los ciudadanos acaten las leyes, lo primero que tiene que hacer el Gobierno es cumplir a rajatabla con la letra y con el esp¨ªritu de la Constituci¨®n. Lo cual significa, entre otras, que los funcionarios p¨²blicos, y especialmente aquellos a quienes la sociedad encomienda el monopolio de la violencia y la vigilancia del orden, deben predicar con el ejemplo y, en su defecto, ser criticados o sancionados de manera especialmente severa. No es aceptable que, cuando unos custodios de las leyes las infringen, sus compa?eros de escalaf¨®n, en un acto de solidaridad gremialista, antepongan el m¨¢s estrecho esp¨ªritu de cuerpo al respeto a las leyes que custodian y a la sociedad que les ha encomendado esa privilegiada y delicada misi¨®n.

Otras lecturas tiene tambi¨¦n esta postura de algunos destacados mandos policiales, pr¨®xima al ?chantaje de Estado?. Acaso la m¨¢s elemental es que un cuerpo de seguridad del Estado como es el policial no puede convertirse en permanente elemento de inseguridad e inestabilidad. Es inadmisible en una sociedad occidental que, un cuadro de jerarcas, policiales -sumidos algunos de ellos en el descr¨¦dito por su protagonismo represivo en el r¨¦gimen anterior, cuando no por su ineficacia en ¨¦ste -alimenten con sus gestos el fuego de una crisis pol¨ªtica.

Para dimitir tan espectacularmente es preciso, en conciencia, estar cargados de razones pol¨ªticas y profesionales. No es precisamente este el caso.

En agosto de 1978, la junta nacional de la Asociaci¨®n Profesional de Funcionarios del Cuerpo General de Polic¨ªas daba a la opini¨®n p¨²blica una nota en la que manifestaban reiteradamente que estaban ?dolorosamente hartos? de huecas declaraciones p¨²blicas sobre la muerte de funcionarios. del orden p¨²blico o del desprecio de la ley que -seg¨²n ellos- se advert¨ªa en este pa¨ªs. Cabr¨ªa ahora aducir a estos funcionarios que la sociedad espa?ola est¨¢ dolorosamente harta de la falta de profesionalidad de algunos mandos policiales, que todav¨ªa no han descubierto -pese a los medios econ¨®micos puestos a su disposici¨®n- la cibern¨¦tica y que garantizan sus puestos jer¨¢rquicos privatizando informaciones que s¨®lo pueden ser propiedad del Estado. Esta sociedad puede estar dolorosamente harta de que algunos polic¨ªas utilicen los malos tratos como f¨¢cil recurso sustitutorio de m¨¦todos investigativos profesionalizados.Y muchos espa?oles pueden estar hartos de tanto crimen com¨²n sin resolver -o falsamente resuelto- por la impericia de estos funcionarios. Cuando, mientras tanto, son sus subordinados los que caen bajo el fuego terrorista.

La hora de las dimisiones bien puede ser la hora de las aceptaciones. Entr¨¦guese la direcci¨®n de los aparatos policiales a los miles de profesionales de la polic¨ªa que desean labrarse un porvenir sirviendo a un Estado moderno y democr¨¢tico, persiguiendo profesionalmente a los delincuentes, e investigando menos la vida privada de ciertos pol¨ªticos. Lo que no puede tolerarse es la soberbia gremial de un reducto de cargos prestos a convertir la salvaguardia de sus intereses personales en problema de Estado.