Con la Constituci¨®n
EL GOLPE de Estado llevado a cabo por destacamentos de la Guardia Civil en la tarde de ayer, al tomar por asalto el palacio del Congreso y secuestrar a los representantes de la soberan¨ªa popular y al Gobierno del Estado, ha sido un alevoso atentado contra el pueblo espa?ol, una humillaci¨®n para la dignidad y madurez de una de las m¨¢s antiguas naciones del mundo occidental y una criminal violaci¨®n de la Constituci¨®n, aprobada en refer¨¦ndum popular en diciembre de 1978.
La defensa de la Constituci¨®n y de la legalidad vigente ha tenido en el Rey su m¨¢s resuelto y admirable combatiente. Este pa¨ªs nunca podr¨¢ olvidar que, despu¨¦s de que el general Milans del Bosch decretara el estado de excepci¨®n en la Regi¨®n Militar de Valencia por su cuenta y riesgo, sin respetar los mandatos constitucionales ni consultar al Rey, a quien corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas, don Juan Carlos asumi¨® la responsabilidad de la situaci¨®n y encomend¨® a los secretarios y subsecretarios no aprehendidos por los secuestradores el ejercicio del poder civil. La actitud del Jefe del Estado en las tensas horas de ayer es s¨ªmbolo de la legitimidad constitucional y democr¨¢tica.
El golpe de Estado ilumina, por lo dem¨¢s, buena parte de los acontecimientos de la etapa de transici¨®n y los sit¨²a en su adecuada perspectiva. La operaci¨®n Galaxia no fue una charla de caf¨¦, sino uno de los hilos de la madeja conspirativa que qued¨® al descubierto. La circunstancia de que el teniente coronel Tejero, principal responsable de aquel compl¨® en toda regla, resultara condenado con una pena leve y fuera reincorporado despu¨¦s al servicio activo ha permitido a este soldado desleal y sedicioso participar destacadamente en esta segunda intentona golpista. As¨ª, las debilidades, complicidades y cobard¨ªas que impidieron en su d¨ªa castigar a los culpables de la operaci¨®n Galaxia con las penas congruentes y realizar a su debido tiempo los relevos imprescindibles en los cargos de las Fuerzas Armadas y en las fuerzas de seguridad, a fin de sustituir a los conspiradores y golpistas por militares y polic¨ªas respetuosos de la Constituci¨®n, son factores tan responsables como los propios asaltantes del Congreso de la inaudita y esperp¨¦ntica estampa escenificada ayer en el palacio de la carrera de San Jer¨®nimo, m¨¢s propia de una rep¨²blica bananera o de un pronunciamiento decimon¨®nico que de una naci¨®n europea a finales del siglo XX.
Hasta la dimisi¨®n de Adolfo Su¨¢rez adquiere, a esta luz, un nuevo significado, lo mismo que la irresponsabilidad de numerosos miembros de su partido. Todos aquellos que han jugado a aprendices de brujos conjurando a fuerzas y presiones extraparlamentarias para promover sus intereses podr¨¢n comprender ahora lo f¨¢cil que es provocar tormentas enormemente m¨¢s graves y peligrosas que las que deseaban poner al servicio de sus objetivos.
Los ide¨®logos de las bandas armadas y los terroristas que asesinan, extorsionan y secuestran encuadrados en las diferentes ramas de ETA tambi¨¦n habr¨¢n tenido ocasi¨®n de comprobar c¨®mo un golpe de Estado, que convertir¨ªa al Pa¨ªs Vasco y al resto de Espa?a en un gigantesco campo de concentraci¨®n o de exterminio, es la ¨²nica consecuencia pol¨ªtica a la que llevan sus acciones criminales. Porque en la tarde de ayer, el secuestro del Congreso de los Diputados y del Gobierno tuvo otros c¨®mplices, adem¨¢s de los que vivaqueaban en los alrededores del hotel Palace o en oscuros despachos oficiales. Y entre esos c¨®mplices est¨¢n todos los que usan de la violencia y apelan a ella en el marco de un Estado democr¨¢tico soberana y libremente constituido.
Ocurra lo que ocurra en las pr¨®ximas horas o en los pr¨®ximos d¨ªas, suceda lo que suceda a quienes nos mantenemos fieles a la Constituci¨®n y a la legalidad vigente, nacidas ambas de elecciones libres y de la voluntad del pueblo espa?ol, los golpistas est¨¢n condenados por la Historia, por la ¨¦tica y por los juramentos de honor que tanto prodigan y tan poco cumplen. Ojal¨¢ este acto de barbarie sea s¨®lo un bochornoso incidente y sirva, al menos, para que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de esta vieja naci¨®n sepan sacar las adecuadas consecuencias: que una democracia no puede ser defendida por quienes no creen ni en sus valores ni en sus principios y por quienes est¨¢n dispuestos a matar y extorsionar en contra de la libertad.
En cualquier caso, este acto sedicioso, si tiene el final feliz que todos deseamos, no puede ser despachado bajo la teor¨ªa del ?grupo salvaje?, del pelot¨®n de guardias civiles bastante descontrolados y enloquecidos. La investigaci¨®n judicial sobre el asalto con toma de rehenes al Congreso de los Diputados tiene que alcanzar el fondo de todas las tramas -incluso si est¨¢n insertas en las instituciones- que vienen conspirando contra la democracia desde el mismo momento de la reforma pol¨ªtica. Los locos -m¨¢xime si circulan armados- son recluidos en las casas de orates y no se les entrega el mando de la tropa.
La Constituci¨®n espa?ola, para bien de todos y para honra de nuestra sociedad, ha abolido la pena de muerte, al igual que las torturas y los tratos inhumanos. En estas horas dif¨ªciles, nos ratificamos en la defensa que hicimos y que seguiremos haciendo, desde las p¨¢ginas de este peri¨®dico, de la abolici¨®n de la pena capital, que garantiza la vida a los organizadores del asalto al Congreso. Sin embargo, la Constituci¨®n debe ser aplicada en todos sus mandatos. La rebeli¨®n debe ser abortada; sus c¨®mplices y encubridores, desenmascarados y puestos a buen recaudo; y sus autores, detenidos, juzgados por tribunales que aseguren un juicio a la vez imparcial y conforme a derecho y castigados para ejemplar escarmiento. Los ciudadanos espa?oles deben sumarse a la gran protesta nacional e internacional y movilizar por todos los medios a su alcance la voluntad popular en defensa de la legalidad. Pero es precisamente necesario demostrarlo con su decisi¨®n de convivencia, con sus ganas de libertad y de alegr¨ªa, sin apelaciones en este momento a huelgas generales o actos multitudinarios que ahonden en la desestabilizaci¨®n, m¨¢xime cuando la vida de los l¨ªderes pol¨ªticos de este pa¨ªs pende a¨²n de la voluntad de unos fan¨¢ticos. A la hora de cerrar esta edici¨®n, la situaci¨®n parece controlada por el Rey y las fuerzas y los poderes legales. El comportamiento de los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas y de la Junta de Jefes del Alto Estado Mayor ha estado a la altura de la serena conducta de su mando supremo. Las horas y los d¨ªas venideros determinar¨¢n el futuro en libertad de Espa?a.
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