En defensa de la Constituci¨®n

LOS ENEMIGOS de las instituciones democr¨¢ticas tratan a veces de explotar en su beneficio la contradicci¨®n, supuestamente inherente a los sistemas pluralistas, entre la garant¨ªa de los derechos c¨ªvicos, que asegura su ejercicio a todos los miembros de la colectividad, y la negaci¨®n o el recorte de las libertades a quienes se proponen utilizarlas precisamente para destruir el marco pol¨ªtico y normativo que las hace posibles. La cuesti¨®n, desgraciadamente, no puede ser ya en Espa?a objeto s¨®lo de un debate acad¨¦mico circunscrito a denunciar las falacias de la argumentaci¨®n de los que buscan en las libertades el tal¨®n de Aquiles de los reg¨ªmenes democr¨¢ticos para mejor preparar su arrasamiento y su sustituci¨®n por una dictadura. La ley org¨¢nica que el Gobierno env¨ªa a las Cortes para modificar el C¨®digo Penal instala en el terreno de los hechos la defensa de la Constituci¨®n y de la democracia.En el Pa¨ªs Vasco, las bandas armadas de ETA tratan de aprovechar los intersticios de la legalidad para promover desde su terreno los apoyos necesarios para proseguir sus acciones terroristas y desestabilizadoras. En este caso, Francia, pese a su, resuelta negativa a conceder a los vascos de los Pirineos atl¨¢nticos un r¨¦gimen de autogobierno, es un escenario todav¨ªa m¨¢s propicio que Espa?a para ese mort¨ªfero doble juego. El horizonte inmediato de ETA es el golpe de Estado, ya que su enloquecida, estrategia apuesta a favor de una dictadura militar que, al suprimir las instituciones de autogobierno en Euskadi y las libertades en el resto de Espa?a, crear¨ªa esas c¨¦lebres y funerarias condiciones objetivas para la espiral acci¨®n-represi¨®n-acci¨®n que los etarras consideran como el b¨¢lsamo de Fierabr¨¢s de la historia. Las bandas armadas de ETA siguen matando para que un golpe de Estado multiplique por mil la carnicer¨ªa y ese siniestro humus de cad¨¢veres devuelva su supuesta, conciencia perdida a los hombres y mujeres que en nuestro pa¨ªs han optado por las libertades en vez de por las abstracciones totalitarias.

Esas provocadoras acciones asesinas, de las que han sido v¨ªctimas oficiales de las Fuerzas Armadas y miembros de los cuerpos de seguridad, pero tambi¨¦n periodistas, profesionales trabajadores y empresarios, son aplaudidas, alentadas, encubiertas y facilitadas por ciudadanos que viven en domicilio conocido y que utilizan los intersticios de la legalidad para disfrazar como rutinario ejercicio de la libertad de expresi¨®n, de asociaci¨®n y de reuni¨®n lo que en muchas ocasiones es simple complicidad en la brutal ofensiva contra el sistema pol¨ªtico y legal que garantiza esas y otras libertades.

En el extremo opuesto del espectro se sit¨²an otros enemigos del r¨¦gimen democr¨¢tico igualmente decididos a destruir el sistema de libertades. No se trata en este caso de miembros de bandas clandestinas que adquieren sus armas en el mercado internacional de los traficantes de la muerte y que viven bajo nombre falso o un c¨®modo exilio. Estos enemigos de la democracia, por el contrario, nuclean el aparato del Estado e incluso est¨¢n infiltrados en los institutos militares, de los que reciben no s¨®lo su armamento, sino tambi¨¦n la posibilidad de movilizar, en nombre de la disciplina, a cientos o a miles de hombres igualmente armados.

Nunca se insistir¨¢ lo suficiente en que el monopolio leg¨ªtimo de la violencia que la sociedad entrega al Estado no se transmite a los servidores p¨²blicos de forma individualizada o como grupo, sino en tanto que instituci¨®n sometida a las leyes aprobadas por los representantes de la soberan¨ªa popular. Por esa raz¨®n, el golpe de Estado frustrado del 23 de febrero no fue realizado por un sector de las Fuerzas Armadas, sino por unos individuos que, al convertirse en facciosos, privatizaron para fines sectarios los uniformes, el armamento y los medios materiales que la sociedad les hab¨ªa entregado en custodia, y no en propiedad, para la defensa de las libertades. No hay honor cuando se violan juramentos, ni disciplina cuando se desobedece, se injuria o se agrede a un superior jer¨¢rquico, ni dignidad cuando se utiliza la mentira para disimular su felon¨ªa. Los sediciosos se han dado de baja moralmente en las Fuerzas Armadas al traicionar con sus acciones los valores y los principios sobre los que descansa precisamente la legitimidad del monopolio de la violencia que la sociedad les hab¨ªa confiado.

Tambi¨¦n estos enemigos de las instituciones democr¨¢ticas encuentran alientos, apoyos, complicidades y encubrimientos en ciudadanos que aprovechan el, t¨ªtulo I de la Constituci¨®n para cavar la tumba del sistema de libertades. Al igual que los golpistas materiales, sus financiadores, ide¨®logos y encubridores ocupan en ocasiones privilegiados cargos en el aparato del Estado o en el sistema establecido. Pol¨ªticos en paro desde la desaparici¨®n del tinglado verticalista y org¨¢nico, sus nostalgias de las influencias e ingresos perdidos marchan en paralelo con el deseo de recuperarlos y se cultivan en las parcelas de poder que todav¨ªa conservan. Aunque enemigos jurados de la libertad de expresi¨®n en el pasado, ahora la utilizan con fruici¨®n para preparar su desaparici¨®n en el futuro. Adversarios viscerales de las instituciones representativas, invocan sus principios para mejor organizar su entierro definitivo.

En este contexto, delimitado por la brutal escalada terrorista de ETA y por el golpe frustrado del 23 de febrero, la iniciativa del Gobierno de enviar a las Cortes un proyecto de ley org¨¢nica para modificar determinados preceptos del C¨®digo Penal s¨®lo puede sorprender a quienes la temen. En teor¨ªa, el viejo dictum de que no debe haber libertad para quienes se proponen acabar con la libertad posee la capacidad de convencimiento de las evidencias. Refugiarse dentro de la Constituci¨®n con el prop¨®sito de socavarla y destruirla, mientras hombres armados cercan su edificio para el asalto definitivo, es una maniobra demasiado ru¨ªn y visible para ser tolerada. Nadie en su sano juicio puede aceptar que la legalidad constitucional se convierta en campo de amunicionamiento y avituallamiento de terroristas y golpistas o en una escuela p¨²blica para la glorificaci¨®n de los violentos con vistas a la recluta de nuevos cuadros para las acciones. armadas que se proponen destruir por la fuerza el ordenamiento constitucional.

Pero si el universo de la teor¨ªa permite a veces divisiones, claras y rotundas, el mundo de los hechos ofrece mayores resistencias para la aplicaci¨®n inequ¨ªvoca y rotunda del principio de que no debe existir libertad para destruir la libertad. La defensa de Ia Constituci¨®n y la protecci¨®n de las instituciones democr¨¢ticas frente a sus enemigos violentos es una tarea inexcusable, pero que debe ser emprendida sin que su realizaci¨®n se aparte de los principios y valores que la justifican. Recortar las libertades de los liberticidas ofrece el peligro de extender las medidas excepcionales m¨¢s all¨¢ de lo conveniente o de aplicarlas fuera del ¨¢mbito de los enemigos de la libertad. Pero, sin duda, hemos de correr ese riesgo si no queremos que el sistema democr¨¢tico se suicide o que acepte la muerte por eutanasia. Una vez que el proyecto de ley se haga p¨²blico tendremos ocasi¨®n de opinar sobre los eventuales peligros que su texto contenga. Adelantemos, ¨²nicamente, que la individualizaci¨®n y concreci¨®n de los hechos delictivos debe suprimir el riesgo de las descripciones gen¨¦ricas y abstractas, de dif¨ªcil aplicaci¨®n y creadoras de amplios espacios de inseguridad jur¨ªdica. Y tambi¨¦n que son los violentos y los c¨®mplices de los violentos los ¨²nicos enemigos de los que la Constituci¨®n tiene que defenderse mediante leyes excepcionales.