El Ej¨¦rcito, en la lucha contra el terrorismo

TRANSCURRIDO UN mes desde el golpe de Estado frustrado, las provocaciones criminales de ETA no s¨®lo han desplazado parcialmente la atenci¨®n de la opini¨®n p¨²blica desde los sediciosos hacia los terroristas, sino que adem¨¢s han dado motivo al Gobierno para ordenar la colaboraci¨®n de las fuerzas armadas con las de seguridad del Estado en tareas antiterroristas. No faltan, sin embargo, opiniones que consideran controvertida esa decisi¨®n, que si responde a un estado emocional l¨®gico del que participa la inmensa mayor¨ªa de los espa?oles, irritados ante la brutalidad sangrienta y alocada de ETA, no ha sido, sin embargo, suficientemente explicada o concretada. La Guardia Civil y la Polic¨ªa Nacional, cuyos jefes y oficiales proceden en gran parte de las academias militares, est¨¢n integradas por n¨²meros y miembros preparados especialmente para el mantenimiento del orden p¨²blico y vinculados profesionalrnente a esos cuerpos. La decisi¨®n de encomendar a las Fuerzas Armadas misiones de colaboraci¨®n con los cuerpos de seguridad del Estado en la vigilancia de costas y fronteras y en la custodia de aero puertos y centros de producci¨®n militar puede, desde luego, descargar de trabaja a las Fuerzas de Orden P¨²blico; pero hay que evitar que se siente un peligroso precedente y que se abran las puertas a una utilizaci¨®n del Ej¨¦rcito para tareas policiales de control o de presencia en las calles que pudieran resultar contraproducentes. Muchos jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas convocaci¨®n para la dif¨ªcil y delicada tarea de mantener el orden p¨²blico tienen ya sus destinos en la Guardia Civil y en la Polic¨ªa Nacional. En ese sentido, no se puede decir, sin incurrir en error, que constituya una novedad la participaci¨®n en esas misiones de la oficialidad del Ej¨¦rcito, a las que ha contribuido asumiendo los puestos de mando en esas dos fuerzas de seguridad. Puede interpretarse que lo espec¨ªficamente original de la medida gubernamental, cuyos detalles se ignoran, es la utilizaci¨®n eventual de los soldados del reemplazo que cumplen con el servicio militar obligatorio para cubrir tareas hasta ahora enco mendadas a guardias y polic¨ªas profesionales con expe r¨ªencia, dedicaci¨®n y preparaci¨®n. Ciertamente, no cabe descartar, en teor¨ªa, la posibilidad de que unidades de soldados profesionales -como las Compa?¨ªas de Operaciones Especiales (COES) o los paracaidistas- sean movil¨ªzadas para esa colaboraci¨®n. Pero en tal caso habr¨ªa que demostrar que existe la adecuada proporcionalidad entre los objetivos propuestos y el car¨¢cter superespecializado de esas unidades de intervenci¨®n inmediata.

As¨ª pues, no se termina de ver clara la utilidad propiamente funcional de la medida, mie.ntras que resultan patentes otros aspectos criticables de la decisi¨®n. La direcci¨®n ¨²nica de lucha contra el terrorismo integrada en el Ministerio del Interior es una figura jur¨ªdico-administrativa de perfiles borrosos y de catalogaci¨®n dif¨ªcil. La coordinaci¨®n de los servicios de informaci¨®n, de forma tal que ninguno de ellos convirtiera los datos que almacena en un secreto patrimonial y que todos alimentaran el cauce com¨²n de los intereses del Estado, ser¨ªa una medida necesaria en s¨ª misrna, pero independiente del resto de los acuerdos hechos p¨²blicos. Todo ello sin olvidar el hecho de que los servicios de informaci¨®n militar no detectaron el golpe del 23 de febrero.

Por otra parte, la utilizaci¨®n de ejemplos de decisiones similares en el extranjero, como Irlanda del Norte, debe ser cautelosa. El paralelismo entre el caso irland¨¦s y el caso vasco resulta improcedente, ya que la intervenci¨®n del Ej¨¦rcito brit¨¢nico en Irlanda del Norte se debe a la inexistencia en el Reino Unido de fuerzas de orden p¨²blico como la Guardia Civil espa?ola. Puestos a establecer analog¨ªas, Leopoldo Calvo Sotelo y sus ministros podr¨ªan repasar la historia contempor¨¢nea de Uruguay en los a?os precedentes al actual r¨¦gimen, aunque s¨®lo sea para evitar que las semejanzas formales envalentonen a quienes desear¨ªan que esos superficiales parecidos tam bien alcanzaran a los contenidos.

La experiencia acumulada por el general S¨¢enz de Santamar¨ªa como delegado en el Pa¨ªs Vasco debe ser adem¨¢s tenida en cuenta y valorada en lo que merece a la hora de juzgar la oportunidad de la decisi¨®n. Pero no se trata tan s¨®lo de que la m¨¦dida que comentamos sea de dudosa eficacia, que incluso pudiera resultar contraproducente, tanto en lo que se refiere a la sensibilizaci¨®n negativa de la opini¨®n p¨²blica vasca como en lo que respecta a los eventuales errores en los despliegues operativos. M¨¢s grave es el riesgo de que tal decisi¨®n introduzca al poder civil y a las Fuerzas Armadas en una de ¨¦sas ?situaciones que no tienen salida o que pueden conducir a verdaderas tragedias?, a las que aludi¨® el Rey en su clarividente discurso de ayer a los consejos superiores de los tres Ej¨¦rcitos.

Es de todos conocida la convergencia objetiva de los extremistas de derecha y de izquierda en el prop¨®sito de lograr una ocupaci¨®n militar del Pa¨ªs Vasco. Golpistas y terroristas coinciden en su voluntad de transformar el bandidaje pol¨ªtico y las medidas de polic¨ªa precisas para combatirlo en un fen¨®meno social distinto. ETA necesita un despliegue militar para revestir s¨²s cr¨ªmenes con la ret¨®rica de la guerra revolucionaria y para ampliar sus bases -de sost¨¦n gracias a la espiral acci¨®n-represi¨®n-acci¨®n y a los eventuales excesos sobre la poblaci¨®n civil de una lucha indiscriminada contra los terroristas. A su vez, la ultraderecha contempla la hip¨®tesis de una interven ci¨®n militar en el Pa¨ªs Vasco como el primer pelda?o en su escalada contra las libertades, las autoirom¨ªas, las instituciones democr¨¢ticas y la propia Monarqu¨ªa. A esas dos minor¨ªas exasperadas les une no s¨®lo el odio rec¨ªproco, sino tambi¨¦n la aversi¨®n hacia las soluciones pol¨ªticas, la voluntad popular, el poder civil, las libertades y el sistema pluralista.