Las autonom¨ªas, de nuevo

LAS ENTREVISTAS de Carlos Garaikoetxea, presidente del Gobierno vasco, y de Jordi Pujol, presidente de la Generalidad de Catalu?a, con Leopoldo Calvo Sotelo, que les ha informado de sus planes para reconducir la estrategia auton¨®mica, han concluido con caras largas, frases reticentes y gestos desanimados de los visitantes de la Moncloa. Aunque esos s¨ªntomas no suministran todav¨ªa base para un diagn¨®stico concluyente, no deja de producir inquietud el pesimismo mostrado por los representantes de las ¨²nicas instituciones de autogobierno que, hoy por hoy, funcionan en Espa?a al amparo de la Constituci¨®n y de unos Estatutos aprobados por las Cortes y refrendados en las urnas.Si se nos permite una observaci¨®n primera sobre el nuevo proceso de concertaci¨®n abierto por las fuerzas pol¨ªticas mayoritarias en torno al Estado de las autonom¨ªas, digamos que nos parece buena la intenci¨®n, pero que la intenci¨®n sola no basta. Hay sin duda algo que no funciona en la construcci¨®n del actual Estado democr¨¢tico en sus aspectos auton¨®micos. Y ese algo parece estar marcado por un incomprensible af¨¢n de desconocimiento pol¨ªtico de la realidad espa?ola y del problema auton¨®mico en su concreci¨®n. Por eso, la llamada a los t¨¦cnicos en Derecho p¨²blico para que colaboren en las tareas de la resoluci¨®n del caso nos parece tambi¨¦n inserta en el mundo et¨¦reo de las intenciones. Los expertos podr¨¢n resolver las pegas t¨¦cnicas y los perfiles jur¨ªdicos del modelo de Estado que se quiera construir, pero no pueden -ni de seguro quieren- suplantar la voluntad pol¨ªtica necesaria en la opci¨®n de ese modelo. En una palabra, los expertos no van a resolver nada que no quiera ser resuelto de antemano mediante una definici¨®n valerosa y clara de la clase pol¨ªtica.

A la muerte de Franco, la reivindicaci¨®n de las instituciones de autogobierno era, en Catalu?a y en el Pa¨ªs Vasco, un movimiento popular unido al resto de las exigencias democr¨¢ticas y que se fundamentaba en parte en la devoluci¨®n de unos estatutos aprobados por las Cortes republicanas. Aunque con or¨ªgenes y justificaciones hist¨®ricas diferentes, que se remontan en el caso de Catalu?a al conde-duque de Olivares y a la guerra de sucesi¨®n de comienzos del XVIII y en el Pa¨ªs Vasco a las guerras carlistas, catalanes y vascos presentaban adem¨¢s como hecho diferencial un idioma propio, la voluntad de desarrollar una cultura a trav¨¦s de esa lengua y la existencia dentro de su cuerpo social de ideolog¨ªas, sentimientos y poderes independentistas minoritarios, pero influyentes. El r¨¦gimen de las autonom¨ªas hab¨ªa sido ideado, durante la II Rep¨²blica, como una f¨®rmula para garantizar la unidad nacional y, al tiempo, crear el ¨¢mbito para unas instituciones de autogobierno, delimitadas por un estatuto aprobado por las Cortes que reconociera ese hecho diferencial en sus niveles pol¨ªticos, administrativos y culturales. Las peculiaridades idiom¨¢ticas y culturales, vinculadas a la singularidad del desarrollo hist¨®rico, unieron a Galicia con Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco en esa especial categor¨ªa.

El proceso de unificaci¨®n de Espa?a habr¨ªa podido, en teor¨ªa, revestir otras caracter¨ªsticas y asumir, por ejemplo, una forma federal respetuosa con las caracter¨ªsticas de los viejos reinos. Pero resulta in¨²til lanzarse en pol¨ªtica a enso?aciones sobre ?lo que hubiera podido ocurrir?. La realidad de finales del siglo XX es que Espa?a constituye una comunidad pol¨ªtica cuya eventual vertebraci¨®n federal parece condenada al fracaso -al menos si se est¨¢ hablando de nada menos que de diecisiete Estados federales, coincidentes con las actuales expectativas preauton¨®micas-, pero que, a la vez, necesita dar una salida institucional a las cuestiones catalana y vasca, respetar lo acordado en Galicia y Andaluc¨ªa y prever con acierto el futuro de las islas Canarias.

La distinci¨®n entre nacionalidades y regiones del art¨ªculo 2 de la Constituci¨®n apunta, creemos, a ese problema. Esa dualidad no guarda relaci¨®n con desigualdades econ¨®micas y sociales o con privilegios, sino con un hecho hist¨®rico, pol¨ªtico y cultural que est¨¢ ah¨ª y que reviste caracteres de presi¨®n popular y econ¨®mica en el caso catal¨¢n, y enlaza con el terrorismo en Euskadi. Por lo mismo tambi¨¦n, desde el 25 de octubre de 1979, los estatutos de Sau y de Guernica, aprobados por refer¨¦ndum popular despu¨¦s de haberlo sido por el Parlamento, pertenecen, con rango superior al de una ley org¨¢nica, al ordenamiento constitucional. Mezclar las cuestiones referentes a la racionalizaci¨®n de las autonom¨ªas y la descentralizaci¨®n del aparato estatal con los problemas pol¨ªticos inherentes a los casos catal¨¢n y vasco, y, por derivaci¨®n el gallego, puede llevar a confundir las cosas, envenenar los conflictos y aplazar, pudri¨¦ndolas, las soluciones.

Los planes del Gobierno, filtrados confusamente y que en cierta, medida merecer¨ªan la aprobaci¨®n de los socialistas, se mueven sin embargo en un confin de contradicciones, en el que se quiere incluir a un tiempo el reparto auton¨®mico igualitario -mediante la creaci¨®n de una especie de Estado federal-, y contrarrestar las fuerzas centr¨ªfugas de desuni¨®n del pa¨ªs que eso conllevar¨ªa a trav¨¦s de severas correcciones a la ley Electoral y la de R¨¦gimen Local. En una palabra, es como si se quisiera potenciar por una parte -al menos verbalmente- las autonom¨ªas, dando una estructura sernifederal al Estado alentando inevitablemente los sentimientos populares de este g¨¦nero y las avideces pol¨ªticas en su torno; y por la otra. descorazonar esos sentimientos -?no acabar¨¢n irrit¨¢ndolos?- mediante la implantaci¨®n de topes electorales que expulsen de las Cortes a los partidos no centralistas -o limiten notablemente su presencia- y mediante la atribuci¨®n de mayores poderes -no acordados con los .Gobierno auton¨®micos- a alcald¨ªas y diputaciones. Un plan ingenioso destinado a evitar la reforma del t¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n y a resolver las demandas descentralizadoras de algunal regiones, pero que amenaza con enconar a¨²n m¨¢s los problemas vascos y catalanes.

Los hechos, sin embargo, son testarudos: Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco comenzaron, con las elecciones de marzo de 1980, el rodaje de su autonom¨ªa. Galicia ha votado ya, aunque, minoritariamente, su Estatuto. Andaluc¨ªa ha entrado en la v¨ªa del art¨ªculo 151, con independencia de que la cuesti¨®n auton¨®mica haya sido manipulada por unos y por otros para diferentes prop¨®sitos. Aunque el azuzamiento de los agravios, comparativos, la falsa equ¨ªparaci¨®n entre autogobierno y desarrollo econ¨®mico, la utilizaci¨®n por Manuel Clavero de su cargo ministerial para promover sus propias opciones pol¨ªticas, el manejo del PSA por UCD para frenar al PSOE, el oportunismo electoralista de los socialistas y la arrogancia del Gobierno en v¨ªsperas del 28 de febrero hayan desfigurado la naturaleza de la autonom¨ªa andaluza hasta hacerla irreconocible, lo cierto es que ese paso tampoco puede ser desconocido, y alguna respuesta, antes pol¨ªtica que t¨¦cnica, necesita. Sobre todo despu¨¦s de la peregrina ley aprobada en oto?o para hacer una lectura retrospectiva del refer¨¦ndum de febrero.

Este es el panorama que los concertados de la Moncloa necesariamente tienen que contemplar. Las sospechas de que su prop¨®sito sea anegar los territorios acogidos a la v¨ªa del art¨ªculo 151 mediante una proliferaci¨®n de Parlamentos regionales y de lendakaris, y honorables uniprovinciales no carecen, desgraciadamente, de base. Pero parece una obviedad decir que no puede haber un r¨¦gimen democr¨¢tico en Espa?a sin una respuesta tambi¨¦n de mocr¨¢tica al contencioso vasco y catal¨¢n y sin un desagravio honesto a las demagogias y los enga?os vertidos sobre el pueblo andaluz y otras comunidades y regiones que cre¨ªan ver en la autonom¨ªa lo que no era. Y que no es posible confundir los problemas que plantean Euskadi y Catalu?a con los deseos de descentralizaci¨®n ni con la contemplaci¨®n del subdesarrollo y la pobreza a la que han sido sometidas desde el poder central no pocas regiones espa?olas.

Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco son el problema pol¨ªtico esencial -y no el de otras nacionalidades- que el poder tiene planteado. Y o resuelve este (cuando en realidad hace unos meses que parec¨ªa estar en camino de hacerlo) o no habr¨¢ resuelto verdaderamente nada.