El Consejo de Ministros retrasa otros quince d¨ªas el env¨ªo a las Cortes de la ley de Administraci¨®n Local

La noticia m¨¢s destacada del Consejo de Ministros celebrado ayer es la no aprobaci¨®n, en contra de lo anunciado, del proyecto de ley de Administraci¨®n local, que ha de sustituir a la todav¨ªa vigente ley de R¨¦gimen Local, heredada del r¨¦gimen anterior. El Gobierno acord¨® remitir el proyecto a la Direcci¨®n General de lo Contencioso para que la informe en un plazo m¨¢ximo de quince d¨ªas. Esta decisi¨®n puede perseguir como principal objetivo distanciar la aprobaci¨®n del proyecto de las duras cr¨ªticas de que ha sido objeto en los ¨²ltimos d¨ªas por parte del presidente de la Generalidad de Catalu?a.

Al parecer, son razones de ¨ªndole pol¨ªtica, m¨¢s que jur¨ªdicas, las que han llevado a solicitar este informe de la Direcci¨®n General de lo Contencioso, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que tiene por misi¨®n fundamental la defensa de los intereses del Estado frente a terceros. Seg¨²n han informado fuentes jur¨ªdicas de la Administraci¨®n consultadas por este peri¨®dico, es la primera vez que un proyecto de ley de esta importancia es sometido a la consulta de la Direcci¨®n General de lo Contencioso.Esta remisi¨®n de la ley a un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda es sorprendente en la medida en que el proyecto final fue redactado durante el ?puente de San Jos¨¦? por una comisi¨®n conjunta de los ministerios de Administraci¨®n Territorial y de Hacienda. Desde los primeros d¨ªas de la semana pasada, una nueva comisi¨®n se reuni¨® en Presidencia del Gobierno para retocar la ley. Seg¨²n ha sabido este peri¨®dico, el proyecto no sufri¨® apenas modificaciones dignas de menci¨®n. Uno de ellos est¨¢ relacionado con las consultas populares convocadas por los ayuntamientos. En el Consejo de ayer tampoco hubo problemas con la ley.

Por todo esto, lo razonable es pensar que se trata de una maniobra del Gobierno para ganar tiempo ante las duras cr¨ªticas emitidas por el presidente de la Generalidad, al t¨¦rmino de su entrevista con el presidente del Gobierno, que fue seguida de otra con el ministro de Administraci¨®n Territorial. Jordi Pujol dijo que el proyecto de ley de Administraci¨®n local ?supon¨ªa la laminaci¨®n de la Generalidad?. En ¨¦l se refuerza el papel de las diputaciones, frente a las pretensiones de la Generalidad de suprimirlas.

Una fuente de la Administraci¨®n manifest¨® que con la decisi¨®n de ayer se pretend¨ªa ?que el proyecto de ley fuera inatacable?. Sin embargo, dif¨ªcilmente este objetivo puede cubrirlo mejor la Direcci¨®n General de lo Contencioso que el Consejo de Estado, que es el supremo ¨®rgano consultivo del Gobierno. La primera no es propiamente un ¨®rgano consultivo, y en cuanto integrado en el Ministerio de Hacienda, sus informes no pueden ser considerados independientes de la actuaci¨®n gubernamental.

Por el contrario, el Consejo de Estado ejerce la funci¨®n consultiva con autonom¨ªa org¨¢nica y funcional para garantizar su independencia y objetividad, de acuerdo con lo establecido en la Constituci¨®n. Precisamente para lograr esta independencia, el Consejo de Estado no est¨¢ integrado en ninguno de los departamentos ministeriales.

El Consejo de Estado valora la oportunidad de las leyes

Misi¨®n del Consejo de Estado es velar por la observancia de la Constituci¨®n y del resto del ordenamiento jur¨ªdico y valorar los aspectos de oportunidad y conveniencia de los proyectos de ley. Si el objetivo perseguido por esta consulta acordada ayer es hacer invulnerable el proyecto de ley de Administraci¨®n local a las cr¨ªticas, y ¨¦stas provienen de otra instituci¨®n del Estado -la Generalidad de Catalu?a-, cabe entender que el ¨®rgano competente para emitir este informe es el Consejo de Estado, y no la Direcci¨®n General de lo Contencioso.

Remitida a las Cortes la ley de Armonizaci¨®n

El Gobierno, en su reuni¨®n de ayer, decidi¨® remitir a las Cortes el proyecto de ley de Armonizaci¨®n de las Disposiciones Normativas de las Comunidades Aut¨®nomas sobre determinadas materias relativas a la bandera y a los t¨¦rminos naci¨®n, nacionalidad y regi¨®n. Junto a este acuerdo, cabe destacar la adopci¨®n de determinadas medidas en relaci¨®n con las empresas que hayan acordado incrementos salariales inadecuados o excesivos, ?en funci¨®n de su situaci¨®n econ¨®mica, al objeto de evitar una repercusi¨®n en precios?.En torno a este ¨²ltimo acuerdo, el Gobierno explica que los Ministerios de Hacienda, Trabajo, Sanidad y Seguridad Social cursaran instrucciones marcando las directrices a seguir en la resoluci¨®n de peticiones de aplazamiento de deudas tributarias o de la Seguridad Social a la vista de los aumentos salariales acordados durante el per¨ªodo a que se refieren tales delitos. Asimismo a?ade que la Junta Consultiva de Contrataci¨®n Administrativa se dirigir¨¢ a los ¨®rganos de contrataci¨®n para evitar una indiscriminada repercusi¨®n en los precios contractuales de los costes que respondan a un incremento inadecuado de salarios, y que la Junta Superior de Precios y el FORPPA no tendr¨¢n en cuenta, a efectos de autorizaci¨®n o determinaci¨®n de precios, los costes imputables a incrementos salariales excesivos.

El Gobierno aprob¨® tambi¨¦n un decreto por el que se modifica el procedimiento de concesi¨®n de segundo aval a las sociedades de garant¨ªa rec¨ªproca (v¨¦ase la p¨¢gina 49 de econom¨ªa de EL PAIS de ayer), considerado como un instrumento fundamental para la financiaci¨®n de las peque?as y medianas empresas. En el ¨¢mbito econ¨®mico cabe resaltar igualmente el decreto aprobado ayer por el Consejo, por el que se regula un documento de informaci¨®n empresarial. Esta disposici¨®n responde a la aplicaci¨®n de los principios de libertad de profesi¨®n u oficio y libertad de empresa, seg¨²n explica el Gobierno, y a la pol¨ªtica de liberalizaci¨®n y remoci¨®n de trabas administrativas.

Dotaci¨®n para los jueces de familia

El ministro de Justicia, Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, plante¨® en el Consejo la necesidad de habilitar los medios precisos para que los jueces de vigilancia y los de familia puedan atender los objetivos previstos en la legislaci¨®n penitenciaria y en la reforma del C¨®digo Civil (especialmente a lo referido a la futura nueva ley de regulaci¨®n del matrimonio y su disoluci¨®n).Asimismo, el Departamento de Justicia propuso la convocatoria inmediata de las oposiciones para ingresar en las carreras judicial y fiscal y la aceleraci¨®n de la reforma legislativa org¨¢nica del poder judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal, as¨ª como la conclusi¨®n urgente de la reforma procesal, es decir, nueva ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal, que ser¨¢n pr¨®ximamente remitidas al Consejo General del Poder Judicial, para su informe, y al Gobierno, para su remisi¨®n al Parlamento.