La ley de Defensa de los Consumidores, un proyecto olvidado por la Administraci¨®n
Ha pasado m¨¢s de un a?o desde que la ley del Consumidor iba a ser presentada al Parlamento para su debate, seg¨²n estaba previsto en el calendario constitucional. Desde entonces, dos ministros de Econom¨ªa y Comercio, Garc¨ªa Diez y G¨¢mir, y posteriormente otra vez Garc¨ªa Diez, han tenido en sus manos el anteproyecto de esta ley. Tanto uno como otro, en sus tomas de posesi¨®n del cargo, defendieron calurosamente la defensa de los consumidores. Sin embargo, al tomar por segunda vez posesi¨®n de su cargo, Juan Antonio Garc¨ªa Diez silenci¨® el tema, lo cual en este caso era proceder con prudencia, sobre todo si se tiene en cuenta que en estos momentos el movimiento consumidor, con alguna excepci¨®n, no tiene ninguna movilizaci¨®n.
El Instituto del Consumo, ¨®rgano del que dependen las asociaciones, est¨¢ descabezado, sin presidente, desde hace meses, y la ley ha pasado al olvido. No obstante, la pr¨®xima entrada en el Mercado Com¨²n puede ser el factor que haga acelerar todos los tr¨¢mites.El 7 de diciembre de 1979, el ministro de Econom¨ªa, Juan Antonio Garc¨ªa D¨ªez, iba a presentar al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley del consumidor. La noticia fue dada con antelaci¨®n incluso por Televisi¨®n, pero en la referencia del Consejo de Ministros el tema no sali¨®. Por segunda vez, el d¨ªa 22 de diciembre se volvi¨® a insistir que ahora s¨ª, que ahora era de verdad; pero la desilusi¨®n volvi¨® a aparecer y el anteproyecto se meti¨® en los cajones revueltos de alguna mesa ministerial. Se ech¨® la culpa de la falta de inter¨¦s por el tema a que hab¨ªa problemas m¨¢s acuciantes en ese momento en el pa¨ªs que la defensa del consumidor. En definitiva, que el ciudadano espa?ol ten¨ªa m¨¢s importancia que el consumidor espa?ol.
Cuando se ha preguntado en el Ministerio de Econom¨ªa y Comercio qu¨¦ pasaba con la ley, se ha contestado en las altas instancias que ?no se inscribe en la preocupaci¨®n prioritaria la elaboraci¨®n de una ley como la ¨²nica forma de defensa del consumidor?. Seg¨²n estas altas instancias, la ley no har¨ªa m¨¢s que incluir principios que ya est¨¢n reconocidos y que se est¨¢n practicando. Por eso, la nueva pol¨ªtica del actual Ministerio de Econom¨ªa y Comercio prefiere como mejor medida de defensa del consumidor potenciar y ayudar a las organizaciones de consumidores, que son, seg¨²n el Ministerio, las que de manera eficaz mejor pueden influir en los ?llamados centros de poder econ¨®micos?. Esta participaci¨®n, junto con la contribuci¨®n de los poderes p¨²blicos, ayudar¨ªa a un mejor control del mercado. Para todo ello, el Ministerio de Econom¨ªa y Comercio piensa que lo m¨¢s correcto es dotar a las organizaciones de consumidores de mayor formaci¨®n e informaci¨®n.
Pero la realidad es que en este momento s¨®lo hay una organizaci¨®n que tiene alg¨²n poder y que, sin ninguna duda, es la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU). El resto de ellas (v¨¦ase EL PAIS de 4-2-1981) no s¨®lo no son representativas, sino que nunca han demostrado una verdadera capacidad para defender al consumidor. Adem¨¢s, ninguna de estas organizaciones ha cobrado las subvenciones que anualmente recibe del Instituto del Consumo pertenecientes al a?o 1981, precisamente porque nadie puede d¨¢rselas en el Instituto mientras no se nombre un nuevo director. Este ¨²ltimo tema s¨ª parece que va a solucionarse a corto plazo, ya que el nuevo director est¨¢ nombrado de hecho, aunque no va a tomar posesi¨®n de su cargo hasta que no cese en otro organismo en el que presta sus servicios, y, por tanto, su nombre permanece en la sombra.
Mientras tanto, el Partido Socialista Obrero Espa?ol (PSOE) se prepara para presentar una ley de defensa del consumidor en el Parlamento, consciente del desinter¨¦s que muestra el Gobierno sobre el tema, y ha montado dos gabinetes de estudio -uno para legislaci¨®n y otro con especialistas del tema del consumo- para poner en marcha su anteproyecto. Por otra parte, en el Parlamento vasco la ley del Consumidor va a ser presentada en fechas pr¨®ximas, y lo mismo va a pasar en Catalu?a. El hecho de que las autonom¨ªas puedan tener una ley del Consumidor no homologada con el Gobierno central puede dar lugar a una desarmonizaci¨®n en las normativas de mercado, lo que supondr¨ªa que no fuese posible la libre comercializaci¨®n de productos.
Sin embargo, y a pesar de lo que diga el Ministerio de Econom¨ªa y Comercio, la Constituci¨®n -una de las m¨¢s adelantadas de Europa precisamente en materia de consumo- no estar¨¢ desarrollada mientras no se le d¨¦ un marco legal al art¨ªculo 51, que dice:
?Los poderes p¨²blicos garantizar¨¢n la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los leg¨ªtimos intereses econ¨®micos de los mismos?.
?Los poderes p¨²blicos promover¨¢n la informaci¨®n y la educaci¨®n de los consumidores y usuarios, fomentar¨¢n sus organizaciones y oir¨¢n a ¨¦stas en las cuestiones que puedan afectar a aqu¨¦llos en los t¨¦rminos que la ley establezca?.
?En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regular¨¢ el comercio interior y el r¨¦gimen de autorizaci¨®n de productos comerciales?.
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