La detenci¨®n del mediador

CUANDO FALTAN algo m¨¢s de 48 horas para que se cumpla el plazo m¨¢ximo de detenci¨®n gubernativa -sin asistencia de letrado y en r¨¦gimen de incomunicaci¨®n- de Pedro Ruiz Balerdi, a quien se le aplic¨® la ley Antiterrorista por su participaci¨®n en las negociaciones para liberar a Luis Su?er, las declaraciones del ministro del Interior y las manifestaciones del abogado madrile?o Miguel Ortiz Ca?avate en torno al caso no hacen sino aumentar la perplejidad de los ciudadanos.La llamada ley Antiterrorista, de 1 de diciembre de 1980, que suspende la garant¨ªa constitucional del plazo m¨¢ximo de 72 horas para la detenci¨®n policial preventiva, es un instrumento demasiado excepcional y contundente como para que su aplicaci¨®n rebase el ¨¢mbito imaginado por los legisladores o ignore el resto de nuestro ordenamiento jur¨ªdico. La letra de la ley podr¨ªa dar pie, desde luego, a la aplicaci¨®n de sus disposiciones a todos cuantos hubieran participado en las negociaciones con unos secuestradores. Sin embargo, parece evidente que no s¨®lo el esp¨ªritu de la norma, sino las circunstancias eximentes de responsabilidad criminal convierten en algo muy cercano al abuso del derecho la utilizaci¨®n beligerante de esta disposici¨®n excepcional contra los familiares del reh¨¦n o contra los mediadores que por su encargo intervienen en las negociaciones para salvar la vida del secuestrado.

A menos que las pruebas demuestren que Pedro Ruiz Balerdi organiz¨® o ejecut¨® el secuestro, suena a grave arbitrariedad que s¨®lo un eslab¨®n de la cadena puesta en funcionamiento para negociar con los raptores de Luis Su?er haya merecido los honores de la ley Antiterrorista. En el caso de que el Estado se propusiera ilegalizar todos los comportamientos orientados a conseguir la liberaci¨®n de un reh¨¦n, aplic¨¢ndoles de a?adidura la norma excepcional de 1 de diciembre de 1980, los familiares, amigos y empleados de Su?er, los funcionarios p¨²blicos al tanto de sus gestiones, directivos del Banco de Espa?a, el abogado Ortiz Ca?avate e incluso el propio ministro del Interior tendr¨ªan que haber ca¨ªdo en la red policial. A esta absurda conclusi¨®n conducen irremisiblemente tanto las declaraciones del letrado madrile?o, que desde el primer momento hizo saber -con elogiable honestidad y valent¨ªa- que el letrado Ruiz Balerd¨ª negociaba en nombre suyo y de la familia Su?er, como la declaraci¨®n de Juan Jos¨¦ Ros¨®n de que el Gobierno estaba al corriente de esos tratos y los autorizaba.

?Por qu¨¦ entonces esa discriminaci¨®n entre los implicados en las negociaciones? El argumento de que Pedro Ruiz Balerdi es el ¨²nico sospechoso, por ser quien contact¨® con los secuestradores, no se tiene en pie. Porque es una perogrullada que en una mediaci¨®n alguien tiene forzosamente que servir de hilo conductor entre las partes. Como ha se?alado Antonio Pedrol, decano del Colegio de Abogados de Madrid, en todos los pa¨ªses europeos donde se producen secuestros los abogados toman contacto con los extorsionadores, y ?no es la primera vez en Espa?a que unos abogados intervienen para intentar la libertad de un secuestrado?. En este sentido, a?adimos nosotros, la aplicaci¨®n a un letrado de la ley Antiterrorista constituye un atentado tan grave contra el ejercicio de la profesi¨®n y el secreto profesional que ser¨¢ dif¨ªcil en el futuro encontrar abogados que se presten a una tarea tan arriesgada como servir de mediadores en un secuestro.

?Se trata entonces de una presunci¨®n de culpabilidad derivada de la militancia pol¨ªtica en Euskadiko Ezkerra de Ruiz Balerdi, elegido teniente de alcalde de San Sebasti¨¢n bajo el amparo de esas siglas? En tal caso, estar¨ªamos ante una nueva tentativa de convertir en teor¨ªa cierta la conjetura, mantenida en medios pr¨®ximos al comisario Ballesteros -jefe de la Brigada de Informaci¨®n y del mando ¨²nico antiterrorista, y responsable de la detenci¨®n del abogado donostiarra-, de que Euskadiko Ezkerra es la tapadera legal de ETA Pol¨ªtico-militar, y sus dirigentes, los estrategas de una organizaci¨®n terrorista cuyos hilos manejan.

?Tal vez el problema se reduce a un caso flagrante de incompetencia profesional o, lo que ser¨ªa todav¨ªa m¨¢s grave, a una maniobra del reci¨¦n creado mando unificado para introducir un palo entre los engranajes del propio Ministerio del Interior, a fin de dejar en evidencia o poner en rid¨ªculo a Ros¨®n?

Queda pendiente el esclarecimiento del origen del dinero que, seg¨²n las notas informativas, llevaba consigo el abogado Ruiz Balerdi al cruzar la frontera. De confirmarse que el letrado donostiarra cobr¨® tan crecida minuta a los secuestradores por sus servicios, quedar¨ªa en entredicho su moral privada o su ¨¦tica pol¨ªtica, pero se reforzar¨ªa parad¨®jicamente su papel puramente profesional en las negociaciones. La eventual utilizaci¨®n por Pedro Ruiz Balerdi de su condici¨®n de mediador para engrosar su cuenta corriente, extremo que s¨®lo quedar¨¢ probado o desmentido cuando el letrado donostiarra salga de la incomunicaci¨®n, podr¨ªa arrojar una luz sobre los negocios privados o de grupo en el sucio mercadeo de los secuestros y de los impuestos revolucionarios en el Pa¨ªs Vasco. Ahora bien, esa circunstancia, pendiente de confirmaci¨®n, invalidar¨ªa todav¨ªa con mayor fuerza, si cabe, la aplicaci¨®n de la ley Antiterrorista al abogado Ruiz Balerdi y probar¨ªa, una vez m¨¢s, que ese instrumento excepcional, que debe ser manejado con exquisito cuidado mientras las Cortes lo sigan considerando imprescindible, no puede ser confiado a quienes est¨¢n demostrando torpeza o segundas intenciones en su utilizaci¨®n.