El dictamen de los expertos

AL FIN se ha hecho p¨²blico el informe sobre las autonom¨ªas encargado por el Gobierno y por el PSOE a una comisi¨®n de expertos presidida por el catedr¨¢tico de Derecho Administrativo Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa e integrada en buena parte por disc¨ªpulos del prestigiado profesor. Cuando fue solicitado ese dictamen no faltaron quienes expusieron su extra?eza ante el hecho de que se recurriera a profesionales privados, con la consecuente y previsible erogaci¨®n del gasto p¨²blico, para una tarea que, caso de considerarse imprescindible, bien hubiera podido ser cumplida por ¨®rganos o cuerpos de la Administraci¨®n p¨²blica, entre cuyos funcionarios pueden encontrarse, sin duda, constitucionalistas y administrativistas tambi¨¦n eminentes e igualmente capacitados para realizar an¨¢lisis, apuntar diagn¨®sticos y formular recomendaciones alternativas. Incluso dejando a un lado al cuerpo de letrados de las Cortes, el Centro de Estudios Constitucionales hubiera podido, tal vez, llevar a cabo ese trabajo, cuya necesidad, sin embargo, ha sido cuestionada desde diferentes perspectivas.No se trata, por supuesto, de minusvalorar las opiniones del grupo de profesores de Derecho Administrativo distinguidos por el encargo, sino de discutir la forma elegida para poner en escena sus ideas. Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa ha tenido sobradas ocasiones para exponer sus criterios en torno al Estado de las autonom¨ªas, que tanto influyeron en el pasado en el dise?o elegido y potenciado por los sucesivos Gobiernos de Adolfo Su¨¢rez. Por esa raz¨®n, parece m¨¢s bien una ingenua treta que los pol¨ªticos simularan desconcierto y perplejidad ante los insondables problemas suscitados por el T¨ªtulo VIII, de cuyo nacimiento tanto ellos como sus asesores son responsables, y finjiera entregarse al veredicto de un or¨¢culo cient¨ªfico, encargado de encontrar soluci¨®n indiscutible a las charadas auton¨®micas. Probablemente se trat¨®, en realidad, de disfrazar e invertir, ante la opini¨®n p¨²blica, la secuencia de los acontecimientos, mucho m¨¢s relacionados con la ausencia de voluntad que con la falta de sabidur¨ªa. Con el encargo del dictamen a un grupo de administrativistas elegidos a dedo, en funci¨®n de su coincidencia general con centristas y socialistas en la visi¨®n de los problemas, el Gobierno y el PSOE ganaron tiempo para avanzar en su negociaci¨®n bilateral y se aseguraron por anticipado la airosa salida de imputar a los expertos, arropados con el manto de una supuesta objetividad cient¨ªfica, la adopci¨®n de soluciones que les permitieran escapar del laberinto en el que ellos mismos se hab¨ªan encerrado por su empe?o en utilizar para prop¨®sitos electorales y competitivos las cuestiones auton¨®micas.

En este sentido, la declaraci¨®n del Gobierno de que el informe de los expertos no es vinculante resulta casi c¨®mica. S¨®lo faltar¨ªa que las Cortes Generales renunciaran a su potestad legislativa en favor del dictamen de unos profesores de Derecho Administrativo contratados por el Poder Ejecutivo. De otro lado, es evidente que el acuerdo previo de los dos clientes para elegir a unos expertos presumiblerriente complacientes con su! deseos no implica ni la aceptaci¨®n al pie de la letra de todas y cada una de sus recomendaciones ni la renuncia a modificar las conclusiones del dictamen, en funci¨®n de las presiones de las bases regionales de ambos partidos o de la negociaci¨®n con las dem¨¢s formaciones pol¨ªticas.

La pretensi¨®n de que ese dictamen es un protocolo cient¨ªfico carece, por lo dem¨¢s, de fundamento. Un informe de ese g¨¦nero no descubre relaciones o pautas de comportamiento objetivas hasta ahora ignoradas, que se traducir¨ªan en juicios de hecho, sino que sugiere la adopci¨®n de programas de actuaci¨®n que descansan sobre juicios de valor y que contraponen lo que deber¨ªa ser a lo que actualmente es. Ni el Estado de las autonom¨ªas es la

pulmon¨ªa at¨ªpica ni las opiniones de unos profesores de Derecho Administrativo equivalen a los descubrimientos de un bi¨®logo.

Como propuesta pol¨ªtica que inicia un debate tambi¨¦n pol¨ªtico, el dictamen de los expertos merece toda conside-, raci¨®n y respeto, m¨¢xime cuando presumiblemente sus grandes l¨ªneas coinciden con la voluntad de los dos partidos m¨¢s importantes del arco parlamentario. Dado, adem¨¢s, que algunos de sus redactores son parcialmente responsables, como asesores de anteriores Gobiernos, del embrollo auton¨®mico, cabe tambi¨¦n suponer que habr¨¢n prodigado ahora la modestia, el sentido com¨²n y la prudencia de la que carecieron en ocasiones anteriores. La atenta lectura del largo dictamen y las tomas de posici¨®n adoptadas por las diferentes fuerzas pol¨ªticas en el debate permitir¨¢n examinar a fondo la propuesta, que no es lanzada al sosegado ambiente de un cen¨¢culo acad¨¦mico, sino arrojada al crispado y enrarecido clima de los intereses,y las pasiones pol¨ªticas, donde lo ¨²nico que importa es negociar acuerdos en el marco del pluralismo democr¨¢tico.

No obstante, si de esta negociaci¨®n de los partidos m¨¢s representativos se inicia el definitivo camino pol¨ªtico para solucionar el complejo estado auton¨®mico dise?ado en la Constituci¨®n, sea bienvenido hasta el dictamen de los expertos. Porque la salida de la estructura del Estado, consagrada en la norma fundamental de 1978, no es un problema de catedr¨¢ticos de Derecho Administrativo, sino la tarea de los l¨ªderes pol¨ªticos que la sociedad espa?ola vot¨® en 1979 para que se ocuparan de estos problemas.