"Caso Lockheed" en Espa?a: escasa repercusi¨®n judicial

Lo que a mediados de 1976 se perfilaba, al igual que el caso Matesa, como otro proceso a la corrupci¨®n del franquismo, con una amplia lista de implicados, se ha convertido cinco a?os m¨¢s tarde en un juicio centrado en una sola persona, que deber¨¢ responder de la leve acusaci¨®n de haberse prevalido de su cargo p¨²blico en sus actividades privadas con m¨®vil de lucro.El llamado caso de los sobornos de la Lockheed, muy confuso siempre en su dimensi¨®n jur¨ªdica, se cerrar¨¢ judicialmente el pr¨®ximo martes, con el consejo de guerra ante el que comparecer¨¢ el coronel Carlos Grandal, ¨²nico de los cinco implicados oficialmente en noviembre de 1976 que deber¨¢ ante la justicia. El otro procesado en esta causa, el general de divisi¨®n Luis Rey, muri¨® hace dos a?os, y los tres civiles inicialmente implicados: Fernando Herce Valdivia, Miguel , Angel Xim¨¦nez Emb¨²n y Luis S¨¢enz de Pazos, nunca fueron acusados de delito alguno, debiendo responder s¨®lo el primero ante el Juzgado de Delitos Monetarios en un expediente abierto por tr¨¢fico ?l¨ªcito de divisas.

Desde los primeros momentos, mientras la entonces Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo estudiaba los documentos facilitados por el Departamento de Justicia norteamericano, los perfiles jur¨ªdicos del caso Lockheed en Espa?a se presentaron confusos, tanto en cuanto a la tipificaci¨®n del delito como a la jurisdicci¨®n a la que corresponder¨ªa su enjuiciamiento. Ya el informe hecho p¨²blico por la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo el 6 de noviembre de 1976 conclu¨ªa que no hab¨ªa indicios de soborno o cohecho, sino s¨®lo determinadas irregularidades respecto a las comisiones percibidas por los representantes de la Lockheed en Espa?a. Esta confusi¨®n en la tipificaci¨®n delictiva de los hechos mantuvo durante cierto tiempo la duda sobre la jurisdicci¨®n que deber¨ªa conocer del asunto, si la ordinaria o la militar.

Finalmente, fue la jurisdicci¨®n militar la que se declar¨® competente, concretamente el Consejo Supremo de Justicia Militar, dado el grado de general de divisi¨®n de uno de los dos implicados militares. El fallecido general Rey y el coronel Grandal, director el primero del Servicio de. Control de Emisiones Radioel¨¦ctricas, y el segundo, subdirector general de Transporte A¨¦reo del Ministerio del Aire, fueron procesados en marzo de 1977 por haber infringido el estatuto de funcionario p¨²blico como consecuencia de sus actividades privadas en Avi¨®nica, SA, representante de la Lockheed en Espa?a. El auto de procesamiento se refer¨ªa al art¨ªculo 198 del C¨®digo Penal, seg¨²n el cual ?la autoridad o funcionario p¨²blico que, prevali¨¦ndose de su cargo, ejerciese alguna profesi¨®n directamente relacionada con la esfera de sus atribuciones privadas con m¨®vil de lucro, incurrir¨¢ en la pena de inhabilitaci¨®n especial y multa de 5.000 a 250.000 pesetas?.

Acci¨®n popular

En un intento de extender la acci¨®n judicial a todos los posibles implicados en los sobornos de la Lockheed en Espa?a, el abogado Miguel Cid Cebri¨¢n, defensor del periodista Eugenio Su¨¢rez, editor de S¨¢bado Gr¨¢fico, que fue procesado por la jurisdicci¨®n militar por publicar una lista de posibles implicados, present¨® en diciembre de 1976 una querella en ejercicio de la acci¨®n popular contra las personas que resultaren responsables de dicho delito. Sin embargo, el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 12 de Madrid, al que correspondi¨® la tramitaci¨®n de la querella, resolvi¨® no admitirla, dado que el asunto hab¨ªa pasado a ser competencia de la jurisdicci¨®n militar. Con el procesamiento de dos militares, producido en marzo de 1977, se cerraba en Espa?a un esc¨¢ndalo de soborno que en los pa¨ªses democr¨¢ticos -Jap¨®n, Italia, Holanda- hab¨ªa salpicado a jefes de Estado y primeros ministros.

Los dos procesados, a los que en concreto se acusaba de haberse beneficiado de varios millones de pesetas en comisiones abonadas por la Lockheed, el primero de ellos defendido por el ya tambi¨¦n fallecido Jos¨¦ Mar¨ªa Gil-Robles, y el segundo, por el abogado Horacio Garc¨ªa de la Oliva, expusieron repetidamente ante el Consejo Supremo de Justicia Militar la versi¨®n de su participaci¨®n en los hechos. ?La compra de material b¨¦lico no ha tenido nunca la menor relaci¨®n con los puestos militares desempe?ados por el general Rey. Nadie ha pedido informes sobre ello a sus servicios, ni ¨¦l ha realizado desde los puestos de confianza que el Ej¨¦rcito ha puesto en sus manos acto alguno susceptible de influir en los organismos que formulan las propuestas de compra de material?, dec¨ªa en resumen el abogado del general Rey en el recurso interpuesto contra el procesamiento de su cliente. El mismo abogado insist¨ªa en otro escrito dirigido ante, el Consejo Supremo de Justicia Militar en la necesidad de practicar todas las diligencias de prueba propuestas, ya que ?se trata?, dec¨ªa, ?de poner de manifiesto que hechos semejantes a los que han determinado el procesamiento del general Rey han sido realizados por otros militares?.

Los dos procesados tampoco han estado de acuerdo con la calificaci¨®n jur¨ªdica dada a los hechos por el juez instructor. En el recurso contra su procesamiento, presentado en marzo de 1977, el general Rey alegaba que ninguno de los puestos militares que hab¨ªan ocupado ten¨ªan la menor relaci¨®n con la adquisici¨®n de material; ser accionista de Avi¨®nica no ten¨ªa nada que ver con la profesi¨®n militar del procesado, y no hab¨ªa intervenido en negocios mercantiles en cuanto intervenci¨®n implica una actividad de gesti¨®n.

Testigos

El sumario sobre el caso Lockheed, concluido en septiembre de 1977, y terminado de calificar por el fiscal y por los abogados defensores de los dos procesados a mediados de 1978, se ver¨¢ el martes pr¨®ximo en consejo de guerra, exclusivamente centrado en la presunta participaci¨®n en los hechos de un solo acusado: el coronel Grandal. El tribunal ser¨¢ presidido por el general de divisi¨®n del Estado Mayor del Aire, Tom¨¢s Ju¨¢rez Redondo, jefe del sector a¨¦reo de Madrid. y segundo jefe del mando a¨¦reo de combate. Al juicio est¨¢n llamados a declarar quince generales del Ej¨¦rcito del Aire, entre los que se encuentran el teniente general Ignacio Alfaro Arregui, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, y el teniente general Emiliano Alfaro Arregui, jefe de Estado Mayor del Aire.