Justicia y raz¨®n de Estado

Siempre deben producir satisfacci¨®n los avances y mejoras de cualquier pa¨ªs en el camino hacia el perfecto Estado de derecho. Por ello nos alegra que el flamante Gobierno de Mitterrand haya suprimido la Cour de S¨²ret¨¦ de l'Etat, el discutido tribunal que creara el general De Gaulle, contra viento y marea, el 15 de enero de 1963.Pero, en nuestro caso, es una noticia especialmente grata. Nos llega la nueva desde Par¨ªs como aut¨¦ntica agua de mayo, en un momento oportun¨ªsimo, ya que ahora vuelven a rebrotar entre nosotros las aficiones por los tribunales especiales y especializados. Se quiere olvidar lo dispuesto en el art¨ªculo 117 de la Constituci¨®n. Se argumenta, como es habitual en la historia, con la llamada raz¨®n de Estado.

Hace dieciocho a?os, los franceses aceptaron que su ordenamiento jur¨ªdico se desfigurase con el Tribunal de Seguridad del Estado. Fracasaron luego los diversos intentos de remediar el mal gaullista. El continuismo De Gaulle-Pompidou-Giscard fue m¨¢s real de lo que las apariencias indicaban. S¨®lo ahora, con decisiones como esta, acaso comience el anunciado cambio.

Pecado original

El Tribunal de Seguridad del Estado se implant¨® como respuesta airada del Gobierno a una decisi¨®n del Consejo de Estado.

No cabe decir que fuera un nacimiento honorable. El presidente De Gaulle, ocho a?os despu¨¦s, evoca en sus Memorias la irritaci¨®n que le produjo la manera de comportarse los miembros del alto tribunal administrativo, a los que acusa de haber cometido una ?intolerable usurpaci¨®n? (M¨¦moire d'Espoir, t. 11, p. 53).

El Consejo de Estado, en efecto, anula, el 19 de octubre de 1962, la ordenanza del d¨ªa 1 de junio del mismo a?o, por la que se estableci¨® un tribunal militar para juzgar a los autores y c¨®mplices de las infracciones relacionadas con los sucesos de Argelia. Francia viv¨ªa entonces unas horas dram¨¢ticas. El 22 de agosto, en Petit-Clamart, el presidente de la Rep¨²blica sufre un atentado y son condenados a muerte Bestien Thiry y Canal. El primero es ejecutado, pero Canal no se conforma con el veredicto y recurre ante el Consejo de Estado, m¨¢xima instancia del orden administrativo. El alto tribunal declara ilegal el procedimiento seguido, sentencia, ?por haber infringido los principios generales del Derecho?.

La resoluci¨®n se da a conocer el 19 de octubre, horas antes de que Canal hubiera sido ajusticiado. La conciencia de la naci¨®n francesa se conmueve al conocer que otro hombre ha sido ejecutado por aplicaci¨®n de una norma ilegal.

Pero el Gobierno no estaba para estas sensibilidades jur¨ªdicas y, a la salida de la reuni¨®n del Gabinete, se emite un dur¨ªsimo comunicado contra el Consejo de Estado: ?El car¨¢cter de una intervenci¨®n que claramente sale del dominio del contencioso-administrativo, que es el propio del Consejo de Estado, y que tanto por su objeto como por las condiciones, y el momento en que se produce, compromete la acci¨®n de los poderes p¨²blicos frente a la subversi¨®n ... ?. Fue tal la irritaci¨®n gubernamental que por un momento se temi¨® que el Conseil d'Etat, la venerable instituci¨®n que ha elaborado el Derecho administrativo, fuese arrinconado. El profesor Rivero se ve obligado a hacer en los peri¨®dicos un alegato a favor del Consejo, explicando al gran p¨²blico lo que ¨¦ste ha sido y es para el Derecho franc¨¦s.

Justificar lo injustificable

El Tribunal de Seguridad del Estado, que aparece tres meses despu¨¦s con ese pecado original de menospreciar las decisiones de un alto tribunal de Justicia, ha venido sobreviviendo a todos los intentos de acabar con ¨¦l, sea durante la presidencia de Pompidou, sea durante el mandato de Giscard d'Estaing. Por ejemplo, en junio de 1970, el Senado se pronuncia por la supresi¨®n, pero la otra C¨¢mara parlamentaria, la Asamblea Nacional, lo salva en una votaci¨®n tan violenta como las que en 1963 acontecieron con motivo del nacimiento de este tribunal.

Los miembros de la Cour de S?ret¨¦ de l'Etat salen al paso de las censuras que llueven sobre ellos con argumentos que a los espa?oles nos recuerdan los que utilizaban aqu¨ª, por la misma ¨¦poca, los magistrados del Tribunal de Orden P¨²blico.

As¨ª, el 27 de febrero de 1965, el presidente Romerio asegura que no son una jurisdicci¨®n especial, sino especializada; no dependen del Gobierno y, en un gesto de audacia, llega a retar a sus cr¨ªticos con las siguientes palabras: ?Yo desaf¨ªo al que sea a probar nuestra dependencia respecto a alguien. Yo puedo afirmar que en ning¨²n caso, en ning¨²n asunto, para ning¨²n acusado hemos recibido la menor presi¨®n, ni directa ni indirectamente ?.

Pero estas bravuconer¨ªas no convencen. Creo que fue Maurois el que escribi¨®: ?Nada resulta tan rid¨ªculo como el personaje que intenta justificar lo injustificable?. La lectura del libro del fiscal general Raymond Lindon Justice: un magistrat d¨¦pose ( 1975) nos ilustra acerca de lo que ha sido este Tribunal de Seguridad del Estado que Mitterrand acaba de suprimir. Los que conocimos de cerca el Tribunal de Orden P¨²blico no necesitamos de razones a?adidas.

Voz de la conciencia

La raz¨®n de Estado, como otras ideas nobles, ha servido para justificar cosas buenas, cosas malas y cosas regulares. Nunca debe invocarse en vano. Nunca ha de servir para instaurar o reinstaurar un tribunal de excepci¨®n.

Los Gobiernos, sin embargo, acuden con demasiada frecuencia a la raz¨®n de Estado, hasta terminar pervirti¨¦ndola. Ocurre as¨ª en estos ¨²ltimos lustros del siglo XX, y suced¨ªa tiempos atr¨¢s. Unas palabras de V¨ªctor Hugo, pronunciadas el 5 de abril de 1850, son altamente significativas: ?Yo soy de aquellos que no dudar¨¢n jam¨¢s entre esta virgen que se llama la conciencia y esta prostituta que se llama la raz¨®n de Estado?.

El Gobierno de Mitterrand, al acabar con la Cour de S?ret¨¦ de l'Etat, ha seguido, en esta ocasi¨®n, los dictados de la recta conciencia de Francia.