?Qui¨¦n manda la econom¨ªa?

UN DECRETO-LEY publicado el 10 de junio, y una correcci¨®n de errores, m¨¢s importante a¨²n que el propio decreto-ley, publicada al d¨ªa siguiente, regulan la reconversi¨®n de nuestra industria. Las medidas del decreto son inmediatamente aplicables a los sectores ya declarados en reconversi¨®n industrial: la siderurgia integral, los electrodom¨¦sticos de l¨ªnea blanca y los aceros especiales.Pero el olor de las sardinas ha sido r¨¢pidamente captado por el fino olfato de los sectores y empresas consumidores de los favores del BOE. Un sector del ramo de la madera, por ejemplo, que ha gozado del monopolio que supone, por un lado, la necesidad imperiosa de una autorizaci¨®n previa del Ministerio de Industria para la creaci¨®n de una nueva planta, y, por otro, la contingentaci¨®n de las importaciones, hab¨ªa comenzado a bajar precios y acomodarse a las pautas del mercado. Anunciado que fue el decreto de reconversi¨®n, las empresas han cerrado filas, han reducido producci¨®n, aumentado precios y levantado el socorrido rumor de reducciones de plantillas, mientras enviaban a un emisario a la cola de la ventanilla de las reconversiones.

El decreto-ley, con una prosa dif¨ªcil de interpretar para quien no est¨¦ muy en el meollo de lo que se cuece, establece un procedimiento, mediante el que asociaciones empresariales, sindicatos y Administraci¨®n determinar¨¢n cu¨¢ndo existe causa justificada de reconversi¨®n para sectores industriales de inter¨¦s general. La causa puede ser ?tecnol¨®gica o econ¨®mica, t¨¦cnica u organizativa? (es la prosa del decreto), pero no se especifica qu¨¦ significan con precisi¨®n esos adjetivos. El procedimiento se define en t¨¦rminos formales, pero nada hay en el decreto-ley que permita saber cu¨¢les ser¨¢n las contrapartidas exigidas a las empresas o los sectores; es decir, los plazos y las condiciones para la devoluci¨®n de los cr¨¦ditos o el control que garantice su cobro. Quienes recuerden las condiciones y garant¨ªas negociadas por la Administraci¨®n y el legislativo norteamericano en el caso de la Chrysler, deben olvidar r¨¢pidamente la analog¨ªa.

Las medidas de apoyo son de orden fiscal y crediticio, siendo estas ¨²ltimas las m¨¢s importantes. Entre los apoyos fiscales se repiten las exenciones y bonificaciones aplicadas en los a?os sesenta a los polos de desarrollo o a las industrias de inter¨¦s preferente. Se concede, por ejemplo, una bonificaci¨®n del 99% en los derechos arancelarios, que quiz¨¢ haya servido de acicate a Altos Hornos del Mediterr¨¢neo para encargar en Estados Unidos nuevos equipos para sus instalaciones sider¨²rgicas. Dicho sea de pasada, el pedido ha levantado la sospecha de los suministradores, que se preguntaron si no se tratar¨ªa de una broma o de un irresponsable cuya solvencia habr¨ªa que verificar.

Las ayudas crediticias aparecen concretadas en la disposici¨®n adicional, convertida, gracias a la correcci¨®n de errores, en disposiciones adicionales, que no corrigen sino que mejoran muy sustancialmente el volumen de fondos puesto a disposici¨®n de la reconversi¨®n. La t¨¦cnica legislativa seguida es un tanto heterodoxa, pero no se puede negar la astucia del legislador al alterar, mediante un decreto-ley, el esp¨ªritu de la ley que establec¨ªa la autonom¨ªa del Banco de Espa?a. En las disposiciones adicionales se confirma el cr¨¦dito de 19.600 millones de pesetas puesto a disposici¨®n del Ministerio de Industria para financiar la reestructuraci¨®n de los sectores en crisis. Pero, a continuaci¨®n, se subsana el error de no haber incluido otro cr¨¦dito de 5.500 millones de pesetas para el Ministerio de Trabajo.

La financiaci¨®n de estos fondos se efectuar¨¢ mediante cr¨¦ditos del Banco de Espa?a al Tesoro, que no devengar¨¢n intereses. La relaci¨®n tradicional entre el Banco de Espa?a y el Tesoro queda as¨ª desvirtuada. Ya no se trata de conceder anticipos al Tesoro para compensar los desfases entre ingresos y pagos presupuestarios, sino de transformar al Banco de Espa?a en caja obligada de los reconvertidos. Se quiebra as¨ª la independencia de la pol¨ªtica econ¨®mica y la autonom¨ªa del Banco de Espa?a, y se produce un salto atr¨¢s para regresar a la ¨¦poca en que el Banco de Espa?a ten¨ªa la obligaci¨®n de redescontar determinados efectos p¨²blicos. El d¨¦ficit del sector p¨²blico recibe de este modo un nuevo incremento a trav¨¦s de las obligaciones financieras que corren a cargo de la m¨¢quina de fabricar billetes. Si el Banco de Espa?a mantiene sus objetivos monetarios, el mayor d¨¦ficit del sector p¨²blico se traducir¨¢ en menores fondos a disposici¨®n del sector privado de la econom¨ªa que no se incluya en los coeficientes obligatorios o en las reconversiones. Las empresas o sectores sanos ser¨¢n, as¨ª, los pagadores de la factura.

Si el Banco de Espa?a aumenta sus objetivos monetarios, los prop¨®sitos perseguidos en el reciente acuerdo sobre salarios y empleos, a fin de reducir los niveles de inflaci¨®n, pierden gran parte de su sentido. La interrogante que suscita la lectura de la correcci¨®n de errores del decreto-ley de reconversi¨®n es averiguar qui¨¦n manda aqu¨ª, de verdad, en la ordenaci¨®n de la pol¨ªtica econ¨®mica, y tambi¨¦n resulta interesante plantear la cuesti¨®n de saber hasta qu¨¦ punto el importante acuerdo pactado sobre el empleo va a ser enviado al trastero de los juguetes rotos, una vez cumplidas sus funciones propagand¨ªsticas mediante estos trucos imprevisibles de la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno.