Aparente estabilidad del campo andaluz al cumplirse un a?o de la huelga de hambre en Marinaleda

A un a?o de la huelga de hambre de los vecinos de Marinaleda, la situaci¨®n del campo andaluz parece estabilizada, gracias a los acuerdos firmados en abril por el Gobierno y la Junta de Andaluc¨ªa, que garantizan cuatro d¨ªas a la semana de empleo comunitario para los trabajadores en paro. No obstante, el incumplimiento de este compromiso en algunos pueblos podr¨ªa dar origen a acciones de protesta localizadas y espor¨¢dicas.

Ayer, el dirigente del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), Francisco Casero, advirti¨® de la posibilidad de iniciar una campa?a de movilizaciones en aquellos lugares donde esta central mantiene influencia y no llegan los fondos necesarios para dar trabajo a los parados durante las cuatro jornadas semanales previstas (es el caso de varias localidades de la provincia de C¨¢diz). Denunci¨® tambi¨¦n que contin¨²a sin aplicarse en profundidad la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables. El comit¨¦ ejecutivo del SOC se reunir¨¢ el s¨¢bado para adoptar decisiones al respecto.De todos modos, es evidente que la aguda conflictividad del verano de 1980 no tiene visos de repetirse por ahora. Precisamente ayer, los dos sindicatos mayoritarios y las principales patronales agrarias (ASAGA y UAGA) firmaron en la Diputaci¨®n de Sevilla, y con la mediaci¨®n de su presidente, Manuel del Valle, un acuerdo-marco de medidas encaminadas a paliar el desempleo agrario y fomentar la creaci¨®n de puestos de trabajo en el campo sevillano. El acuerdo supone. en realidad la revisi¨®n y actualizaci¨®n de un documento similar suscrito el pasado a?o.

CC OO, UGT, ASAGA y UAGA, que muestran su satisfacci¨®n por la elaboraci¨®n del nuevo censo agrario y esperan verlo terminado en su primera fase el 30 de septiembre pr¨®ximo, solicitan del Gobierno Civil de Sevilla que se aplace la puesta en pr¨¢ctica de aquellos aspectos d¨¦ la orden ministerial reguladora del empleo comunitario (11 de junio de 198 l), cuya aplicaci¨®n. inmediata resultar¨ªa conflictiva en el mundo rural. En concreto, se pide la no entrada. en vigor de las normas que impiden trabajar en el comunitario a los j¨®venes con edades comprendidas entre los diecis¨¦is y los dieciocho a?os, y reducen a un jornal la prestaci¨®n que puede disfrutar una familia de cuatro miembros, y a dos jornales las m¨¢s numerosas.

Al propio tiempo se exige de las autoridades que se actualice el salario percibido en el empleo comunitario -que no se revisa desde finales de 1979-, en funci¨®n del salario m¨ªnimo interprofesional, y que se constituya de forma inmediata una coordinadora de las ocho comisiones provinciales de empleo -actualmente en funcionamiento-, a fin de homogeneizar su actuaci¨®n. La coordinadora en cuesti¨®n estar¨ªa presidida por un representante de la Junta de Andaluc¨ªa.

El documento contiene, en l¨ªneas generales, una serie de reivindicaciones asumidas por empresarios y sindicatos, y cuya virtualidad pr¨¢ctica estar¨¢ en funci¨®n de la voluntad pol¨ªtica de la Administraci¨®n central, tal y como subrayaron reiteradamente los representantes de las cuatro organizaciones en una c¨®nferencia de Prensa. Entre estas reivindicaciones destacan los planes de regad¨ªos, una ordenaci¨®n de cultivos favorecedora, de los que empleen m¨¢s mano de obra (se concretan los planes de expansi¨®n de algod¨®n, tabaco, cultivos de primor, remolacha y olivar) y obras de infraestructura. Una comisi¨®n de seguimiento se reunir¨¢ al menos, cada tres meses.

Por otra parte, las cuatro organizaciones firmantes han solicitado, en carta dirigida al gobernador civil, Jos¨¦ Mar¨ªa Sanz Pastor, la exclusi¨®n del SOC de la comisi¨®n provincial encargada de distribuir y controlar los fondos del empleo comunitario. Como es sabido, las espectaculares acciones protagonizadas por el SOC durante el pasado mes de abril fueron el revulsivo inicial que llev¨® al Gobierno y a la Junta de Andaluc¨ªa a firmar el acuerdo, mejorando las prestaciones de empleo comunitario.