El regreso

LA GRAN mayor¨ªa de los espa?oles con derecho a vacaciones pagadas ha consumido en el pasado mes de agosto su cupo de ocio y de descanso y se dispone a enfrentarse de nuevo con las dificultades de su vida cotidiana. Los parlamentarios, los dirigentes de los partidos y los ministros tambi¨¦n se han sumado, en algunos casos con plazos todav¨ªa m¨¢s generosos, a la holganza estival. Y hasta el presidente del Gobierno ha empalmado sus habituales vacaciones norte?as con la propina de un crucero por el Egeo. La dimisi¨®n de su ministro de Justicia, Fernandez Ordo?ez, conocida al cierre de esta edici¨®n, y el s¨²bito nombramiento de P¨ªo Cabanillas para sustituirle en el cargo y de Mat¨ªas Rodriguez Inciarte como ministro de la Presidencia, le ha planteado un panorama pol¨ªtico distinto del que hab¨ªa pensado para iniciar el curso y le ha obligado a tomar decisiones que pensaba posponer para mejores tiempos. Calvo Sotelo ha rematado en el acto la crisis abierta por la dimision de Fernandez Ordo?ez mediante una operacion de urgencia con los elementos que ten¨ªa mas a mano. Queda,sin embargo, postergada una mas amplia remodelaci¨®n del Gabinete que el presidente ten¨ªa prevista para despues de los grandes debates del oto?o.A su regreso, algunos ciudadanos aspiran s¨®lo, como en el viejo chiste de la peregrinaci¨®n a Lourdes, a quedarse como estaban antes de su partida. Sin embargo, la sociedad espa?ola tiene derecho a esperar del futuro y de la clase pol¨ªtica una mejora, si no sustancial, al menos apreciable, del marco general que determina en alto grado su vida privada. La peligrosa tendencia de los profesionales del poder a tomar su propio ombligo como el centro del mundo es, ciertamente, menos acusada en una sociedad democr¨¢tica que en un r¨¦gimen autoritario, gracias a que las demandas de los grupos sociales encuentran en la libertad de expresi¨®n el veh¨ªculo para hacerse p¨²blicas y en las citas electorales peri¨®dicas el instrumento para manifestarse. Sin embargo, tambi¨¦n es verdad que algunos de nuestros gobernantes no ven m¨¢s all¨¢ de las paredes de sus despachos ni se preocupan por otra cosa que no sea la conservaci¨®n del poder, aun a costa de su desprestigio personal y del decoro de la vida p¨²blica.

En este sentido, resulta simplemente bochornoso que el homicidio masivo producido por la importaci¨®n, adulteraci¨®n y venta de aceites desnaturalizados no haya suscitado hasta ahora ni una sola dimisi¨®n ni haya producido un solo cese en la Administraci¨®n p¨²blica. Los ministros de la colza, Jes¨²s Sancho Rof, Juan Antonio Garc¨ªa D¨ªez y Jaime Lamo de Espinosa, que ni han presentado todav¨ªa su renuncia ni han tomado a¨²n medidas sancionadoras dentro de sus departamentos, tras 120 d¨ªas de muerte y zozobra, no pasar¨¢n probablemente a la gran historia, pero han ingresado ya en la peque?a historia de los pol¨ªticos a quienes s¨®lo se les puede desalojar de sus cargos y de sus n¨®minas a empellones. El eventual reajuste ministerial del pr¨®ximo oto?o servir¨¢ de ocasi¨®n para comprobar si Leopoldo Calvo Sotelo ha entendido que una gesti¨®n democr¨¢tica de gobierno lleva consigo la exigencia de responsabilidades pol¨ªticas y administrativas a los minisros que han incumplido, por omisi¨®n culposa o por incompetencia t¨¦cnica, sus cometidos.

Las peligrosas consecuencias que para la salud de los espa?oles ha tenido, y sigue teniendo, el deficiente control de los productos alimenticios por la Administraci¨®n p¨²blica no agotan la lista de peticiones y exigencias que nuestra sociedad puede dirigir, en v¨ªsperas del oto?o, a la clase pol¨ªtica.

Aunque para muchos espa?oles las cuestiones de pol¨ªtica internacional se hallen tan lejanas como la guerra de las galaxias, el ingreso en la OTAN y el pacto bilateral con Estados Unidos son decisiones que pueden afectar dram¨¢ticamente a nuestra vida cotidiana. No se termina de entender, por esa raz¨®n, la promesa del Gobierno de limitarse a explicar su posici¨®n a una opini¨®n p¨²blica a la que, sin embargo, se le impide pronunciarse con sus votos en un refer¨¦ndum. Si la decisi¨®n est¨¢ ya tomada e incluso se reh¨²ye la v¨ªa de la ley org¨¢nica, por temor a la exigencia de mayor¨ªa cualificada en el Congreso, la campa?a atlantista ser¨¢ simplemente una cortes¨ªa ret¨®rica y una justificaci¨®n, a toro pasado, del hecho consumado. Cortes¨ªa, por lo dem¨¢s, de la que son todav¨ªa deudores las instituciones de autogobierno y los simples ciudadanos que no conocen todav¨ªa con detalle las implicaciones de los pactos auton¨®micos para las comunidades que disponen ya de estatutos y para las regiones que est¨¢n tramit¨¢ndolos o discutiendo.

Pero los espa?oles que regresan de su veraneo no se limitar¨¢n a interrogar al Gobierno sobre sus intenciones en los campos de la salud p¨²blica, de la defensa de nuestras fronteras, de la pol¨ªtica auton¨®mica o de la lucha contra el desempleo. Como se demostr¨® el viernes 27 de febrero de 1981, para millones de ciudadanos las libertades p¨²blicas, las instituciones democr¨¢ticas y el rechazo del golpismo son bienes intangibles tan preciados como los intereses materiales y los valores individuales que persiguen en su vida privada. El espect¨¢culo, a la vez despreciable, pat¨¦tico y c¨®mico, que est¨¢n escenificando los m¨¢s destacados procesados en el sumario del 23 de febrero, farsa a la que pertenecen las injurias del teniente general Milans del Bosch contra el teniente general Guti¨¦rrez Mellado, muestra c¨®mo unos presuntos caballeros de honor pueden transmutarse, cuando los hechos desnudos ocupan el lugar de las palabras emperifolladas, en presuntos caballeros de industria. Cabe, as¨ª pues, pedir al Gobierno, que dirige constitucionalmente la Administraci¨®n civil y militar del Estado, la adopci¨®n de las medidas necesarias, no para interferirse en un juicio que est¨¢ ya moral, jur¨ªdica y pol¨ªticamente visto para sentencia, sino para desmontar las tramas todav¨ªa activas y a¨²n no desarticuladas de la conspiraci¨®n contra las instituciones democr¨¢ticas y contra la Corona.