Un desaf¨ªo a nuestra universidad
Hay por lo menos tres razones por las cuales la universidad espa?ola debe recibir urgentemente una nueva y amplia normativa. En primer lugar, la raz¨®n pragm¨¢tica: en la actualidad, nuestras universidades viven en una extra?a condici¨®n de alegalidad en la medida en que gran parte del dispositivo jur¨ªdico que regula su actividad tiene una procedencia sospechosa por cuanto emana del anterior r¨¦gimen y la comunidad universitaria no siente, l¨®gicamente, reflejadas en ¨¦l sus necesidades ni sus aspiraciones. Hay, en segundo t¨¦rmino, una raz¨®n de reforma institucional: con independencia de las diversas posturas pol¨ªticas e ideol¨®gicas que se entrecuzan y chocan en el terreno de la organizaci¨®n de la ense?anza superior, quiz¨¢ no sea exagerado afirmar que, en su situaci¨®n actual, la universidad espa?ola est¨¢ seriamente lastrada por las consecuencias de un largo aislamiento, paralelo a una intensa expansi¨®n cuantitativa, que han abonado el terreno para el desarrollo de procesos endog¨¢micos, de redes clientel¨ªsticas y de incorporaci¨®n escasamente discriminada de profesorado. El resultado ha sido una baja alarmante de la calidad de la ense?anza y la incapacidad, relativa, por suministrar un producto acorde con las exigencias de una sociedad en cambio acelerado. La tercera raz¨®n es de naturaleza terap¨¦utica: como han clamado tantas voces en el desierto, la universidad necesita enfrentarse con sus propias responsabilidades, quitarse de encima la c¨®moda coartada (en parte justificada, sin embargo) de que la prepotencia ministerial ahoga los intentos renovadores, y recibir con urgencia inyecciones que eleven su nivel de competitividad interna. Se requiere, en resumen, pasar de un r¨¦gimen de mediatizaci¨®n paternalista por parte de la Administraci¨®n, y de manipulaci¨®n end¨®gena por parte de un segmento cualitativamente significativo del profesorado a otro sistema de responsabilidad en libertad.Una situaci¨®n constre?ida
Bajo el aparente manto de centralismo reglamentista, la universidad espa?ola se encuentra hoy en una situaci¨®n de cierto desorden en cuanto a organizaci¨®n y contenido de la ense?anza. Adem¨¢s, sin negar la existencia de sectores con una dedicaci¨®n y una vocaci¨®n admirables, est¨¢ desmoralizada y frustrada. Lleva cuatro a?os, al menos, esperando un cambio normativo que no llega a producirse, y sigue generando graduados con una formaci¨®n crecientemente disociada de las necesidades del aparato productivo. Se ha convertido en un sistema social relativamente cerrado en s¨ª mismo, con reglas y ritos de paso sui g¨¦neris que no suelen documentarse ni iluminarse y que le hacen correr el riesgo de perder la posibilidad de hacer frente a las restricciones cuantitativas y cualitativas que impone la crisis de los a?os ochenta.
Ser¨ªa ilusorio pensar que un pa¨ªs que ha atravesado tan peculiar experiencia transicional como la espa?ola, en el ¨¢mbito pol¨ªtico e institucional, pueda pasar de una universidad moldeada por la incompetitividad y la deformaci¨®n del aislamiento a la asunci¨®n mim¨¦tica de estructuras organizativas arraigadas tradicionalmente en sociedades abiertas muy diferentes. Tambi¨¦n ser¨ªa ilusorio creer que el proceso de cambio necesario pudiera impulsarse desde otras cotas que las transaccionales.
As¨ª pues, entiendo que ese nuevo cuadro normativo que espera ansiosamente la universidad ha de estar balanceado de tal suerte que siente las bases del cambio futuro, que enfrente a los universitarios con sus propias responsabilidades y que ofrezca una soluci¨®n concertada al tema que, en detrimento de casi cualquier otro, ha constituido la preocupaci¨®n dominante de la mayor¨ªa del profesorado, numerario o no numerario: la distribuci¨®n o reparto del poder universitario tal y, como se manifiesta en la pervivencia -y esclerosis- de los mecanismos de cooptaci¨®n, llevados a un extremo de rara perfecci¨®n en la universidad franquista, y que se diferencia n¨ªtidamente de los hom¨®logos de nuestro entorno cultural en la medida en que pueden hacer caso omiso de casi cualquier medida objetiva de performance, cultural o cient¨ªfica.
En consecuencia, una ley de Autonom¨ªa Universitaria tiene que estar profundamente marcada por unos constre?imientos inexorables: por la situaci¨®n de la universidad actual, deformada por un largo proceso hist¨®rico; por el equilibramiento de sectores que proyectan, a veces acr¨ªticamente, modelos ideol¨®gicos sobre un medio que se autopresenta como reacio a ser moldeado desde fuera; por la necesidad de transacci¨®n, corolario de la correlaci¨®n de fuer
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zas pol¨ªticas y, por ¨²ltimo, aunque no en ¨²ltimo t¨¦rmino, por el lastre que arroja la elaboraci¨®n de un proyecto legislativo que dura ya m¨¢s que la que dio base a la Constituci¨®n, o que la que ampar¨® el desmontaje institucional del franquismo.
Pasos de gigante
Desde que a ra¨ªz del 23-F un Parlamento humillado por las botas de presuntos salvadores de la patria decidi¨® reenviar -el proyecto de ley de Autonom¨ªa Universitaria, retir¨¢ndolo del orden del d¨ªa del Pleno, a la comisi¨®n correspondiente, y ¨¦sta lo pas¨® a su vez al nuevo informe de ponencia, creo que s¨®lo desde posturas ideol¨®gicas inasequibles al desaliento o desde la defensa a ultranza de privilegios establecidos, podr¨ªa argumentarse que no se han dado, dentro de los constre?imientos arriba apuntados, pasos de gigante, a la vez que se ha respetado lo mejor de la labor anterior.
El segundo informe de ponencia ha abordado transaccionalmerite una regulaci¨®n mucho mejor perfilada del espinoso problema de la selecci¨®n del profesorado, y la ha abordado no desde el vac¨ªo, sino desde la dram¨¢tica situaci¨®n en que hoy este tema se encuentra: se han introducido niveles de requerimiento m¨ªnimos a escala nacional -pruebas habilitantes- desde los cuales las universidades podr¨¢n recibir profesorado permanente; se ha abierto el abanico de posibilidades a la contrataci¨®n con tenure y se ha arbitrado un sistema transaccional para que una parte del profesorado no numerario con t¨ªtulo de doctor acceda desde su posici¨®n, jur¨ªdicamente insegura, a una situaci¨®n consolidada. Muchos de quienes en los ¨²ltimos a?os han padecido las consecuencias de las relaciones de mandarinazgo podr¨¢n traspasar ahora la frontera que divide a los numerarios de los no numerarios.
En segundo lugar, se han reestructurado los ¨®rganos de gobierno de las universidades, manteniendo los mecanismos de articulaci¨®n de ¨¦stas con su entorno geogr¨¢fico y social, y se ha dado mayor peso a los acad¨¦micos para resolver problemas acad¨¦micos. El equilibrio en materias de distribuci¨®n de poder no es nunca un tema cerrado. A quienes objeten que el nuevo informe de ponencia desciende a detalles reglament¨ªsticos, cabe responder que ello ocurre as¨ª porque quienes han participado en su redacci¨®n conocen bien las miserias universitarias y, por mayor¨ªa, desconf¨ªan de la capacidad de segmentos cortocircuitados por el favor o el digitalismo para ampliar el margen de democracia en nuestras universidades: son la autoridad pol¨ªtica y la legitimaci¨®n moral del Parlamento las que deben definir los l¨ªmites de reparto del poder universitario.
En tercer lugar, el proyecto de ley crea un ¨¢mbito de autonom¨ªa de las universidades, frente a las autoridades centrales y frente a las autoridades regionales, reconoci¨¦ndoles, a trav¨¦s de la elaboraci¨®n de sus propios estatutos, una posibilidad de autogobierno y de autogesti¨®n de la que hasta ahora carec¨ªan, en consonancia con las tendencias que predominan en nuestro entorno geogr¨¢fico y cultural.
Un reto
El renovado proyecto de ley de Autonom¨ªa Universitaria es el resultado de un complejo y delicado proceso de transacci¨®n democr¨¢tica. No traduce posturas maximalistas y s¨ª la preocupaci¨®n por retar a las universidades a que encaucen su cambio, inesquivable y urgente. No implanta modelos ex¨®ticos, desconectados con el aqu¨ª y ahora universitario, o con el marco general en que se desarrolla la evoluci¨®n pol¨ªtica y social de este pa¨ªs. Configura la esperanza en la universidad que absorbe recursos escasos y que contribuye a la estructuraci¨®n del futuro. En una ¨¦poca de crisis es el Parlamento el que debe lanzarle el desaf¨ªo que no pudo formular el franquismo.
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