El ingreso en la OTAN y el refer¨¦ndum

LA CAMPA?A de recogida de firmas para exigir la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum sobre el ingreso de Espa?a en la Organizaci¨®n del Tratado del Atl¨¢ntico Norte carece, en t¨¦rminos jur¨ªdicos, de fuerza vinculante.Tal vez los partidarios de que el eventual ingreso de Espa?a en la OTAN sea sometido a refer¨¦ndum se arrepientan ahora de las cortapisas impuestas en su d¨ªa en la Constituci¨®n a la iniciativa popular o del ampl¨ªsimo grado de discrecionalidad concedido al Gobierno para someter a consulta popular las grandes decisiones pol¨ªticas. Sin embargo, la ¨²nica manera de defender consecuentemente el ordenamiento constitucional es aceptar tambi¨¦n las reglas de juego cuando su aplicaci¨®n perjudica a las posiciones derrotadas. La Constituci¨®n no deja lugar a equ¨ªvocos, tanto en lo que respecta a la ausencia de obligaci¨®n del Gobierno para convocar un refer¨¦ndum consultivo sobre la entrada de Espa?a en la Alianza Atl¨¢ntica como en lo que concierne a la inutilidad de las firmas de los ciudadanos para forzar jur¨ªdica mente al poder ejecutivo a dar ese paso. El art¨ªculo 92 de la Constituci¨®n establece que "las decisiones pol¨ªticas de especial trascendencia podr¨¢n ser sometidas a refer¨¦ndum consultivo de todos los ciudadanos", refer¨¦ndum que "ser¨¢ convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados". As¨ª de claro.

La recogida de firmas no puede poner en marcha mecanismos para convertir en forzoso el refer¨¦ndum. Las cautelas y desconfianzas de los constituyentes al regular la iniciativa popular hacen inservible esa v¨ªa. para alcanzar el objetivo deseado. El art¨ªculo 87 de la Constituci¨®n limita la iniciativa popular a la presentaci¨®n de proposiciones de ley que, al igual que los proyectos del Gobierno o las proposiciones de las C¨¢maras, pueden ser aceptadas o rechazadas por las Cortes Generales. Pero, adem¨¢s, y por si fuera poco, la Constituci¨®n excluye taxativamente del ¨¢mbito de la iniciativa popular las materias "de car¨¢cter internacional".

La campa?a de firmas en torno a la OTAN se ha tenido que amparar en el art¨ªculo 29 de la Constituci¨®n, que reconoce a todos los espa?oles "el derecho de petici¨®n individual y colectiva, por escrito, y en la forma y con los efectos que determine la ley". Esos pliegos carecer¨¢n, como decimos, de fuerza jur¨ªdica para obligar al presidente del Gobierno a convocar un refer¨¦ndum cuya celebraci¨®n o no queda a merced de su criterio. Es cierto que hay razones pol¨ªticas de las que el derecho constitucional no entiende, y que una masiva presi¨®n ciudadana podr¨ªa lograr, en teor¨ªa, que el presiente del Gobierno, a quien nadie puede obligar a convocar el refer¨¦ndum, pero a quien nadie puede impedir tampoco proponerlo, cambiara de opini¨®n. Pero no parece que una cosa as¨ª vaya a suceder en la pr¨¢ctica.

El respeto por la Constituci¨®n debe ser demostrado tanto por quienes se oponen al ingreso de Espa?a en la OTAN como por quienes defienden la opci¨®n atlantista. El Gobierno, al forzar la v¨ªa del art¨ªculo 94, que no requiere m¨¢s que mayor¨ªa simple de las Cortes Generales, y desechar la del art¨ªculo 93, que exige la mayor¨ªa absoluta de las leyes org¨¢nicas, a fin de solicitar la previa autorizaci¨®n para ingresar en la OTAN, ha jugado sus bazas con habilidad, al obtener el dictamen favorable de un Consejo de Estado presidido por el antiguo portavoz centrista en el Congreso, pero no ha convencido a la opini¨®n p¨²blica.

El ingreso de Espa?a en la OTAN rompe una l¨ªnea tradicional en la acci¨®n exterior de nuestro pa¨ªs, y es una decisi¨®n que afecta, de hecho y de forma directa, a la seguridad y al futuro de los espa?oles. Desde este punto de vista, la sugerencia o la petici¨®n de un refer¨¦ndum no puede parecerle a nadie descabellada. Pero si el Gobierno es inflexible en su oposici¨®n a esta consulta, su decisi¨®n de aprobar el ingreso en el Parlamento por mayor¨ªa simple, y no absoluta, resulta vergonzante. No bastan a veces los votos en una democracia si no est¨¢n amparados de un aserto y un apoyo de la opini¨®n. El ingreso o no en la OTAN es una decisi¨®n de m¨¢xima trascendencia, como todo el mundo reconoce. Son estas decisiones, y no las menores, las que el Ejecutivo tiene la obligaci¨®n moral -y deber¨ªa tener la habilidad pol¨ªtica- de rodear de toda clase de cautelas.

El Gobierno y UCD tienen sus razones para considerar positiva la entr¨¢da de Espa?a en la OTAN, al igual que los socialistas manejan argumentos atendibles al oponerse. Pero el poder ejecutivo ofende a la diginidad de los ciudadanos con su teor¨ªa de que el asunto de la OTAN es demasiado complicado como para que los es pa?oles de a pie puedan llegar a entenderlo. Con independencia del fondo del problema, cuyas propias dificultades exigen precisamente un ampl¨ªsimo y profundo debate, la postura defensiva del Gobierno, su resuelta negativa a considerar la posibilidad de un refer¨¦ndum consultivo y su firme decisi¨®n de avanzar por la dudosa v¨ªa del art¨ªculo 94 y la mayor¨ªa relativa para que las Cortes Generales se pronuncien sobre el tema, no pueden sino levantar sospechas. Y ¨¦stas se ciernen tanto respecto a las verdaderas razones de las fren¨¦ticas prisas por ingresar en la OTAN como en lo que concierne al respeto por la opini¨®n de la sociedad espa?ola, al parecer adulta y madura para refrendar la Constituci¨®n o para elegir a los diputados de UCD, pero infantil y atrasada para juzgar sobre cuestiones pol¨ªticas de especial trascendencia.