Una tarta de 180.000 millones para repartir en 1982
El Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, formado por representantes del Gobierno y de las autonom¨ªas (CC AA), estudiar¨¢ hoy los criterios para el reparto del Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial (FCI). Una tarta de 180.000 millones de pesetas para 1982, que democratizar¨¢ la inversi¨®n p¨²blica nueva o creadora de nuevos servicios, mediante el control parlamentario, el conocimiento y de debate de los proyectos y la regionalizaci¨®n y descentralizaci¨®n del gasto p¨²blico que supone.
La puesta en marcha del FCI, destinado a ?disminuir las diferencias de renta y riqueza?, ha sido la medida m¨¢s discutida de los pactos auton¨®micos, tanto durante su negociaci¨®n como en las reacciones procedentes de los territorios m¨¢s ricos. No en vano se trata del primer intento de cortar la tendencia a que las regiones ricas lo sean cada vez m¨¢s y las pobres acent¨²en su depauperaci¨®n. Intento, por otra parte, que responde a un mandato constitucional expl¨ªcito.El hecho de que el Fondo empiece a funcionar cuando la crisis econ¨®mica hace m¨¢s dif¨ªcil tal redistribuci¨®n ser¨¢ una verdadera prueba de fuerza para el ejercicio de la solidaridad, seg¨²n observadores imparciales. En efecto durante los a?os de vacas gordas y de planificaci¨®n del desarrollo, la renta se concentr¨® en las zonas m¨¢s ricas. El proceso se fren¨® en el bienio 1976-1977, cuando la poblaci¨®n continu¨® concentr¨¢ndose en las provincias y regiones m¨¢s pobladas, pero la tasa de crecimiento y renta de dichas provincias empez¨® a ser menor (Renta de Espa?a (1977), del Banco de Bilbao).
No obstante, debe matizarse que en ello tiene notable influencia el retroceso del Pa¨ªs Vasco. El mapa de tendencia al desarrollo provincial recogido en el mismo libro apunta entre las pocas provincias en expansi¨®n casi todo el litoral mediterr¨¢neo, parte de los alrededores de Madrid, en especial la l¨ªnea que va hasta el Pirineo medio, y la zona situada al sur del Pa¨ªs Vasco. Por el contrario, Vizcaya, Guip¨²zcoa y Asturias integran el grupo de provincias con tendencia a deprimirse.
En cualquier caso, incluso los mayores cr¨ªticos que ha tenido hasta ahora desde el campo t¨¦cnico el proyecto del FCI (Antonio L¨®pez Nieto y Fernando Fern¨¢ndez Rodr¨ªguez) han dicho: con la aceptaci¨®n pol¨ªtica del sentido informe ya podr¨ªa afirmarse que la democracia espa?ola se sit¨²a en vanguardia por sus inquietudes favorables a la nivelaci¨®n territorial de la inversi¨®n p¨²blica y el desarrollo regional?.
La nivelaci¨®n se alcanzar¨¢, adem¨¢s de con el FCI, mediante las asignaciones estatales destinadas a garantizar la cobertura del nivel m¨ªnimo de servicios p¨²blicos, que ser¨¢ el nivel medio alcanzado en Espa?a durante los cinco a?os anteriores. Por otra parte, el desarrollo regional ser¨¢ coordinado con ambos mecanismos, gracias a la obligaci¨®n de presentar planes negociados de com¨²n acuerdo para las comunidades que reciban recursos del Fondo superiores al 8% de la cuant¨ªa total de este. Para ello, el Gobierno, previa consulta al Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, aprobar¨¢ la metodolog¨ªa com¨²n de los programas de desarrollo regional.
Pese a estos esfuerzos, los redactores del segundo informe que inspiraron el proyecto de ley del FCI tomaron tres precauciones fundamentales: que su configuraci¨®n sea coherente con otros aspectos de la financiaci¨®n de las CC AA (singularmente con el procedimiento para determinar el porcentaje de participaci¨®n de las mismas en los ingresos del Estado), que su regulaci¨®n no suponga por s¨ª misma incremento del gasto p¨²blico (los gastos de gesti¨®n de los proyectos correr¨¢n a tal fin por cuenta de las CC AA), que el Fondo no signifique una alteraci¨®n radical del reparto sectorial de las inversiones p¨²blicas.
Los criterios de reparto del FCI, que probablemente no ser¨¢n modificados, aparecen en el cuadro adjunto. En virtud de los mismos, puede juzgarse si cumplen con tales objetivos y con el mandato de solidaridad. Sin embargo, debe resaltarse que la coherencia financiera trat¨® de ser cubierta con la limitaci¨®n del fondo a la inversi¨®n nueva, pues la de reposici¨®n (ampliaci¨®n, mantenimiento y mejora) ir¨¢ incluida en la valoraci¨®n del coste de los servicios transferidos a las CC AA y la restante ser¨¢ la destinada a servicios de competencia del Estado.
Por ello, el sistema de c¨¢lculo para llegar a los 180.000 millones de pesetas ha sido el siguiente: de las inversiones "reales del Estado incluidas en los Presupuestos de 1981 (271.806 millones) fueron excluidos los gastos de defensa (92.006 millones) y las inversiones para reposici¨®n (26.929), lo que arroj¨® como resultado 152.870 millones; hecha la misma operaci¨®n con las inversiones reales de organismos aut¨®nomos administrativos (88.012 millones), inversiones reales de organismos aut¨®nomos comerciales (124.383) y transferencias de capital del Estado a las corporaciones locales (35.796 millones), se alcanzaron los 362.044; esta cifra fue aumentada en el 25% en que crecer¨¢n las inversiones p¨²blicas de 1982 con respecto a las de 198 1, y de la resultante se calcul¨® el 40% destinado al fondo sobre toda la inversi¨®n nueva.
Destino de las inversiones
El destino de los recursos del F.C. l., ser¨¢n los ?gastos de inversi¨®n que coadyuven a disminuir las diferencias territoriales de renta y riqueza dentro de cada CC AA y, en particular, a proyectos de car¨¢cter local, comarcal, provincial o regional de infraestructura, obras p¨²blicas, regad¨ªos, ordenaci¨®n del territorio, vivienda y equipamiento colectivo, mejora del h¨¢bitat rural y transportes y comunicaciones?. As¨ª se intenta compatibilizar la nivelaci¨®n interterritorial con la de los territorios de cada CC AA dado que hay bolsas de pobreza incluso en las m¨¢s ricas.
Para 1982 es previsible que, de los 180.000 millones, 155.000 sean inversiones a realizar por competencias de las CC AA y el resto por el Estado. En su mayor parte, los sectores ser¨¢n educaci¨®n, regad¨ªos, transportes y comunicaciones y vivienda.
Pr¨®ximo art¨ªculo: El esp¨ªritu y la letra de la LOFCA.
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