El instructor del expediente de expulsi¨®n y separaci¨®n temporal del servicio para dos funcionarios

El expediente disciplinario incoado contra el ingeniero directo del Servicio de V¨ªas y Obras de la Diputaci¨®n Provincial de Madrid, Manuel Bada, y el habilitado pagador de dicho servicio, Angel Llaguno, ha sido concluido por el juez instructor, el diputado de Hacienda Jos¨¦ Borrell, con la propuesta de separaci¨®n definitiva del servicio para el primero de los expedientados, y la separaci¨®n del mismo durante tres a?os, para el segundo. El expediente ahora resuelto fue incoado por las percepciones de porcentajes sobre el valor de las obras de la Diputaci¨®n que ya fueron califica das de ilegales y constitutivas de faltas muy graves en las primeras conclusiones del juez instructor.

La propuesta de sanci¨®n les fue comunicada ayer a los afectados, al comit¨¦ de empresa de la Diputaci¨®n y al presidente de la misma, a quien corresponde ahora decidir sobre su elevaci¨®n al pleno corporativo, que en el caso del ingeniero director del Servicio de V¨ªas y Obras deber¨¢ aprobarlas con una mayor¨ªa de dos tercios de los diputados, lo que exige el voto favorable del grupo centrista.La resoluci¨®n final del juez instructor modifica sustancialmente las iniciales propuestas de sanci¨®n -dos a?os de separaci¨®n del servicio para Bada y cinco a?os para Llaguno-, devueltas entonces por el presidente de la Corporaci¨®n al juez instructor para la realizaci¨®n de investigaciones suplementarias y una nueva valoraci¨®n de los hechos.

En una primera instancia, el expediente administrativo abierto contra ambos funcionarios habr¨ªa probado que ten¨ªan por norma, desde hace varios a?os, apropiarse del 1,1% del importe total de las obras, por el concepto de replanteo y liquidaci¨®n de obras. Una primera aproximaci¨®n cifraba en 9.656.000 pesetas la cantidad percibida por este concepto, seg¨²n declaraciones de los propios expedientados, que habr¨ªan afirmado que el reparto alcanzaba a todo el personal del servicio, aunque ahora parece que se ha podido probar que dicha cifra es sustancialmente m¨¢s elevada.

En el transcurso del expediente, ambos funcionarios declararon su convencimiento de que lo que hac¨ªan era legal. Sin embargo, el juez instructor, en base al criterio gener¨¢lmente aceptado de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, calific¨® la falta como muy grave y present¨® las originales propuestas de sanci¨®n, rechazadas por el presidente de la Diputaci¨®n Provincial.

El jefe del Servicio de V¨ªas y Obras, Manuel Bada, en una carta de r¨¦plica a una informaci¨®n de este peri¨®dico, publicada en octubre del pasado a?o, aseguraba que "las ¨²nicas percepciones que, desde tiempo inmemorial, tiene el Servicio de V¨ªas y Obras, y no yo personalmente, son las que figuran en los pliegos de condiciones que, junto con los proyectos, aprueba el pleno de la Diputaci¨®n, y no se producen hasta que sobre aqu¨¦llos ha reca¨ªdo el acuerdo plenario, siendo absolutamente falso que para dar el conforme a los proyectos se exijan ni cobre comisiones a los ayuntamientos de la provincia, 51 de cuyos concejales son diputados provinciales".

La r¨¦plica o puntualizaci¨®n de Bada en aquellas fechas terminaba asegurando que "hechos como los afirmados por ese peri¨®dico de percibir comisiones il¨ªcitas en provecho personal hubieran dado lugar a un expediente disciplinario, que no se ha producido, con suspensi¨®n de empleo y sueldo, pasando el tanto de culpa a los tribunales, pues se estar¨ªa ante un delito de cohecho, como su falsa imputaci¨®n implica el de calumnia".

Los hechos parecen dejar en precario aquellas afirmaciones, que, de otra parte, originaron en su momento una oleada de protesta y solidaridad de clase entre los ingenieros de las diputaciones provinciales. Se lleg¨® incluso a constituir una asociaci¨®n de defensa de sus intereses.