Los ayuntamientos de izquierda no financiar¨¢n los transportes con la contribuci¨®n territorial
Los ayuntamientos espa?oles controlados por la izquierda no recurrir¨¢n al incremento del tipo de gravamen de la contribuci¨®n territorial urbana (impuesto municipal sobre el valor catastral de las viviendas que hoy supone un 0,25% del mismo) para reducir el d¨¦ficit que registra la explotaci¨®n de los transportes p¨²blicos a su cargo, tal como les faculta el proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso sobre financiaci¨®n del transporte. Dicho proyecto de ley permite a los municipios crear un impuesto destinado a cubrir el d¨¦ficit que registran los referidos transportes y fija como hecho imponible del mismo la utilizaci¨®n de una vivienda.
La decisi¨®n pol¨ªtica del PSOE de no recurrir a esta pretendida v¨ªa de financiaci¨®n de los transportes p¨²blicos municipalizados disipa la amenaza que pesaba sobre los ciudadanos a la hora de pagar la contribuci¨®n territorial urbana y que habr¨ªa supuesto ver doblada la cantidad que ahora han de satisfacer. En efecto, el proyecto de ley de financiaci¨®n del transporte define como base imponible del impuesto municipal, cuya creaci¨®n posibilita, el valor catastral atribuido a la vivienda a efectos de la contribuci¨®n territorial urbana, y fija como tipo de gravamen, con car¨¢cter ¨²nico, un m¨¢ximo del 0,5%, es decir, el doble del porcentaje que actualmente se aplica.S¨®lo en el caso de Madrid, y para el pasado a?o, eran 4.250 millones de pesetas los que deb¨ªa haber ingresado el Ayuntamiento por contribuci¨®n territorial urbana. De recurrir la Corporaci¨®n madrile?a a esta v¨ªa de financiaci¨®n del d¨¦ficit de la EMT, que en el mismo a?o fue de 3.364 millones de pesetas, el problema estar¨ªa resuelto. Y ello, en el caso de que los ingresos presupuestados por este concepto se hubieran materializado en la pr¨¢ctica, ya que realmente el Ayuntamiento s¨®lo logr¨® recaudar el 59,7% de la cantidad prevista, dado el precario control de la Corporaci¨®n sobre el censo de viviendas bajo su ¨¢rea de influencia.
Un servicio no rentable
La argumentaci¨®n socialista para evitar doblar la carga impositiva que soportan los ciudadanos por este concepto se centra en un principio pol¨ªtico de redistribuci¨®n de la renta. Los responsables de la pol¨ªtica municipal del PSOE entienden que la prestaci¨®n de un servicio p¨²blico as¨ª como el transporte de superficie nunca puede ni debe ser rentable, considerado este t¨¦rmino desde un punto de vista exclusivamente gerencial. Por el contrario, desde una perspectiva socialista se sustenta la teor¨ªa de que una mejor redistribuci¨®n de la renta debe permitir a los ciudadanos disponer de unos transportes p¨²blicos a un precio pol¨ªtico.De otra parte, el responsable de la pol¨ªtica municipal del PSOE, Luis Fajardo, no oculta la contrapartida pol¨ªtica que supondr¨ªa para la izquierda el protagonismo de una decisi¨®n tan impopular entre los ciudadanos como ser¨ªa el doblar la contribuci¨®n territorial urbana.
En cuanto a las v¨ªas alternativas que los socialistas piensan aplicar en el gobierno municipal para enjugar las perdidas del transporte p¨²blico bajo su gesti¨®n, la propuesta de los ayuntamientos de cara al acuerdo logrado entre el PSOE, el Gobierno y la UCD a finales de julio pasado en materia de r¨¦gimen local apuntaban hacia una diversificaci¨®n de las cargas impositivas, de una parte, y, de otra, estableciendo un r¨¦gimen de tarifas que llegaran a cubrir entre un 55% y un 70% de los costes de explotaci¨®n. La parte no financiada por las tarifas se cubrir¨ªa con recursos p¨²blicos procedentes de los ayuntamientos y el Estado.Sobre esta base, el acuerdo logrado supone la aportaci¨®n estatal del 50% de las p¨¦rdidas registradas por las empresas p¨²blicas de transporte durante 1980; el 40% de las mismas, a abonar en este a?o, y el 15%, a satisfacer en 1982. En conjunto, sobre unas p¨¦rdidas totales aproximadas por este concepto en 1980 de unos 14.000 millones de pesetas, el Estado abonar¨¢ a los municipios espa?oles unos 7.000 millones de pesetas. La creencia de los municipios en manos de la izquierda es que para el pr¨®ximo a?o, con la ley de Financiaci¨®n del Transporte en vigor y una vez saneada la situaci¨®n financiera de las empresas de transporte municipalizadas, la autofinanciaci¨®n, incluidas las necesarias partidas presupuestarlas municipales, estar¨¢ pr¨®xima.
Contrapartidas y enmiendas
De manera oficiosa, medios socialistas reconocen que el contenido econ¨®mico de los referidos acuerdos en materia de r¨¦gimen local constituye la principal contrapartida a la aceptaci¨®n por el PSOE de los mismos, en los que se incluye el proyecto de ley de financiaci¨®n de'. transporte y su aspecto referido a la creaci¨®n del impuesto que no piensan poner en pr¨¢ctica los ayuntamientos. Joaqu¨ªn Leguina, concejal responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, de manera gr¨¢fica asegur¨® a este peri¨®dico que "antes me dejo cortar una mano que recurrir a este impopular impuesto, con el que UCD nos quiere poner a los pies de los caballos ante las pr¨®ximas elecciones municipales". Sobre una posible subida de tarifas de la EMT como soluci¨®n alternativa, Leguina agreg¨® que no existe este planteamiento entre las prev¨ªs¨ªones econ¨®micas del Ayuntamiento.Sin embargo, entre las enmiendas socialistas al proyecto de ley figura una que, de ser aceptada, supondr¨ªa ampliar el hecho imponible del impuesto territorial urbano, no s¨®lo a las viviendas, sino hasta los locales destinados a actividades comerciales, mercantiles y profesionales.
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