Entre barrotes

HASTA EL Gobierno ha reconocido, en gesto que le honra, las razones que asisten a los reclusos de una treintena de prisiones espa?olas para declararse en huelga de hambre, a fin de llamar la atenci¨®n de la opini¨®n p¨²blica sobre las lamentables condiciones de hacinamiento humano en las c¨¢rceles, la desesperante lentitud de los tr¨¢mites procesales y el retraso de la anunciada reforma del C¨®digo Penal. Al menos en esta ocasi¨®n, el obsesivo af¨¢n del poder por dejar ante todo a salvo el principio de autoridad no ha prevalecido sobre el an¨¢lisis de los hechos y la valoraci¨®n de los argumentos. La paranoica reacci¨®n autoexculpatoria de las autoridades ante las denuncias de malos tratos en Herrera de la Mancha o el ardiente verano carcelario de hace tres a?os han cedido el paso, esta vez, a una respuesta m¨¢s serena y autocr¨ªtica,No obstante, la ¨²nica medida capaz de aliviar de inmediato la situaci¨®n de las c¨¢rceles resulta inaplicable por razones estrictamente constitucionales. La petici¨®n de los reclusos de un indulto general que redujera la duraci¨®n de las penas de privaci¨®n de libertad choca frontalmente con el art¨ªculo 62 de la Constituci¨®n, que excluye taxativamente los indultos generales del ejercicio del derecho de gracia. La ¨²nica salida es que el Gobierno y la Administraci¨®n penitenciaria prosigan por el camino del realismo recientemente emprendido, obtengan credibilidad para sus promesas, y se pongan a trabajar de inmediato y a galope para llevar a cabo unas tareas y unos programas hasta ahora irresponsables y negligentemente retrasados.

A veces surge la sospecha de que el Gobiemo y las Cortes Generales, a quienes corresponde la tarea de fiscalizar y controlar las actuaciones del poder ejecutivo y la instrumentaci¨®n de las leyes, se esponjan de satisfacci¨®n cuando proponen y aprueban una reforma, pero se olvidan a rengl¨®n seguido de la necesidad de desarrollarla. No se trata ya del incumplimiento de pactos pol¨ªticos sobre programas legislativos precisos, como ocurri¨® con los acuerdos de la Moncioa, sino de la construcci¨®n de una ciudad de cart¨®n-piedra legal que sirva para deslumbrar a los lectores del Bolet¨ªn Oficial del Estado, pero que no incide apenas en la transformaci¨®n de la vida cotidiana de los ciudadanos.

Dentro del cap¨ªtulo segundo del T¨ªtulo I de la Constituci¨®n se establece que la reclusi¨®n de los delincuentes debe estar orientada hacia su reeducaci¨®n y reinserci¨®n social, que los condenados gozar¨¢n de los derechos fundamentales que no est¨¦n suspendidos por la sentencia o por la legislaci¨®n penitenciaria y que los presos tendr¨¢n, en cualquier caso, derecho a un trabajo remunerado, a los beneficios correspondientes a la Seguridad Social, al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. No se trata de ilusorias propuestas de una utop¨ªa reformista, sino de mandatos constitucionales que los legisladores deben desarrollar y el Gobierno ejecutar.

Tampoco la ley general Penitenciaria, promulgada en septiembre de 1979 entre peticiones de canonizaci¨®n pol¨ªtica a sus redactores, deber¨ªa ser contemplada como una manifestaci¨®n de esa buena conciencia ret¨®rica de la que a veces se recubre la mala pol¨ªtica, sino como un precepto vinculante que tiene que ser instrumentado, art¨ªculo por art¨ªculo, m¨¢s all¨¢ del soporte legal que proporciona para los temibles penales de alta seguridad. Sirva de bot¨®n de muestra el art¨ªculo 13, que dispone que "los establecimientos penitenciarios deber¨¢n contar en el conjunto de sus dependencias con servicios id¨®neos de dormitorios individuales, enfermer¨ªas, escuelas, bibliotecas, instalac¨ªones deportivas y recreativas, talleres, locutorios individualizados, departamentos de informaci¨®n al exterior, salas anejas de relaciones familiares y, en general, todos aquellos que permitan desarrollar en ellos una vida de colect¨ªvidad organizada". Y baste con comparar esa soleada descripci¨®n normativa con la sombr¨ªa realidad de unas c¨¢rceles hacinadas y carentes de equipamientos sanitarios, educativos, productivos y recreativos adecuados.

Las c¨¢rceles est¨¢n superpobladas, los edificios se encuentran en deplorables condiciones materiales y el r¨¦gimen penitenciario, adem¨¢s de no cumplir las misiones educativas y culturales que le han sido asignadas, ni siquiera garantiza la seguridad f¨ªsica de los reclusos, como muestran las lesiones, muertes y sospechosos suicidios producidos dentro de esos recintos amurallados y vigilados. Los funcionarios del Cuerpo de Prisiones son insuficientes, y no abundan los funcionarios con la capacitaci¨®n t¨¦cnica y la mentalidad democr¨¢tica imprescindibles para aplicar la ley general Penitenciaria, como el caso de Herrera de la Mancha prueba.

Pero el problema, aunque se encona y agrava dentro de las prisiones, nace fuera de ellas. Dejando a un lado las causas mediatas y el marco social de la creciente delincuencia, parece evidente que el C¨®digo Penal debe serreformado para delimitar estrictamente el il¨ªcito penal y para hacer congruentes los delitos y las penas. En tanto que hay conductas socialmente reprobables no encajadas dentro de tipos delictivos, y mientras los adulteradores de alimentos salen comparativamente bien tratados en las penas previstas para los delitos contra la salud p¨²blica, nuestra normativa se ceba con los pequef¨ªos delincuentes, desde los rateros hasta los ladrones de autom¨®viles, y crea las condiciones para ese c¨ªrculo vicioso infernal en el que quedan atrapados los reincidentes.

La ley de Enjuiciamiento Criminal exige tambi¨¦n una dr¨¢stica revisi¨®n, para acelerar los tr¨¢mites procesales y acabar con el esc¨¢ndalo de que m¨¢s de la mitad de la poblaci¨®n reclusa espa?ola est¨¦ formada hoy por presos preventivos en espera de juicio. En cuanto a la Administraci¨®n de justicia, la ¨²ltima memoria del fiscal general del Estado aporta datos sobrecogedores acerca de las carencias de personal y de medios de los juzgados de instrucci¨®n, los tribunales y las fiscal¨ªas.

Para paliar este grave panorama es precisa la voluntad ejecutiva del Gobierno el control pol¨ªtico del Parlamento, el trabajo eficiente de la Administraci¨®n p¨²blica y los fondos p¨²blicos suficientes para acometer de verdad la reforma. En v¨ªsperas del debate de los Presupuestos, parece obvio se?alar que la reconstrucci¨®n de las c¨¢rceles anticuadas, la edificaci¨®n de nuevos centros, la ampliaci¨®n del Cuerpo de Prisiones, el reciclaje t¨¦cnico y democr¨¢tico de sus funcionarios, la modernizaci¨®n de los medios burocr¨¢ticos de la Administraci¨®n de justicia y el incremento de las plantillas de la carrera judicial y fiscal necesita dinero. Y no s¨®lo dinero: la decisi¨®n activa de jueces y fiscales de colaborar en la reforma, desde una honesta y racional autocr¨ªtica del pasado, parece tambi¨¦n necesaria.