Nuevos enfoques para un viejo asunto
El informe de la comisi¨®n especial de la C¨¢mara de los Comunes, la decisi¨®n del Gobierno espa?ol de pedir al Parlamento la autorizaci¨®n para la adhesi¨®n al Tratado de Washington, las especulaciones del Sunday Times sobre la eventual utilizaci¨®n conjunta de la base militar del Pe?¨®n y recientes declaraciones de P¨¦rez-Llorca y lord Carrington han puesto de nuevo de actualidad el viejo asunto de Gibraltar.Pero la actualizaci¨®n del tema no significa el avance o progreso en la soluci¨®n del mismo, porque en esencia la situaci¨®n sigue estancada desde el Acuerdo de Lisboa (abril de 1980); bueno es recordar, por tanto, los antecedentes de la declaraci¨®n hispano-brit¨¢nica firmada en la capital lusa por Marcelino Oreja y lord Carrington, en la que por vez primera el Reino Unido aceptaba el principio negociador para la descolonizaci¨®n de Gibraltar.
Con el advenimiento de la democracia y la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n en 1978 desaparec¨ªa unos de los obst¨¢culos para la soluci¨®n del contencioso gibraltare?o. Con una dictadura opresiva en Espa?a era imposible plantearse, siquiera, la posibilidad de un proceso de integraci¨®n de Gibraltar democr¨¢tico. Pero, sin embargo, subsiste otro obst¨¢culo importante: el gran desequilibrio econ¨®mico entre el Pe?¨®n y el Campo de Gibraltar, a favor del primero, y que la incomunicaci¨®n de doce a?os no ha hecho sino acentuar. M¨¢s adelante volveremos sobre este punto.
Las razones jur¨ªdicas e hist¨®ricas han sido los principales avales de la posici¨®n espa?ola, que ahora, por vez primera, ha reconocido la C¨¢mara de los Comunes brit¨¢nica. Ya en los a?os sesenta las Naciones Unidas dieron la raz¨®n a Espa?a al aprobar en sus resoluciones la naturaleza colonial de Gibraltar, al invitar al Reino Unido y a Espa?a a iniciar negociaciones, y, sobre todo, al afirmar que el marco jur¨ªdico de estas negociaciones est¨¢ en la resoluci¨®n 1.514, y concretamente en su punto 6, que establece el respeto al principio de la unidad nacional y de la integridad territorial de todos los Estados. Las mismas resoluciones recomiendan que los intereses de la poblaci¨®n sean salvaguardados al t¨¦rmino de la situaci¨®n colonial.
Pero, como ya dec¨ªa Antonio Menchaca en 1965 (Cuadernos para el Di¨¢logo), recordado por ¨¦l mismo en EL PAIS (1 de mayo de 1980), las ideas jur¨ªdicas e hist¨®ricas, siendo b¨¢sicas, no son suficientes y a veces el empecinamiento en imponerlas puede resultar contraproducente si no se contempla el factor humano, es decir, los sentimientos e intereses de la poblaci¨®n gibraltare?a. A lo que yo a?adir¨ªa: con el mismo respeto, al menos, para la poblaci¨®n campo-gibraltare?a. Aquellas afirmaciones de Menchaca fueron prof¨¦ticas, pues el largo asedio a Gibraltar ha constituido un rotundo fracaso, uno m¨¢s que la democracia hereda del franquismo.
Proposici¨®n reivindicativa
Todas estas consideraciones (hist¨®ricas, jur¨ªdicas, poblacionales) llevaron al grupo parlamentario socialista a presentar una proposici¨®n no de ley en el Congreso de los Diputados, que tuve la satisfacci¨®n de defender el 27 de marzo de 1980, y que sirvi¨® de desencadenante del Acuerdo de Lisboa de abril de 1980.
La proposici¨®n, aprobada por la casi unanimidad de la C¨¢mara, conten¨ªa cinco puntos en los que se reafirmaba la reivindicaci¨®n de Gribraltar, incitaba a los Gobiernos de Londres y Madrid a iniciar negociaciones, invitaba al Gobierno espa?ol a restablecer las comunicaciones con Gibraltar, "siempre que el avance de las negociaciones establecidas en el p¨¢rrafo anterior de esta proposici¨®n lo permitan". Instaba a la Junta de Andaluc¨ªa y al Gobierno a tomar iniciativas que facilitaran el acercamiento entre la poblaci¨®n del Pe?¨®n y la campo-gibraltare?a, y compromet¨ªa al Gobierno a establecer "un plan coherente para la reactivaci¨®n de la comarca, en especial en comunicaciones, infraestructura, industria y otras iniciativas creadoras de puestos de trabajo".
Un mes despu¨¦s, como hemos dicho, se produc¨ªa el acuerdo Oreja-lord Carrington, que establec¨ªa un aparente equilibrio entre la posici¨®n espa?ola (exigencia negociadora) y la inglesa (exigencia de apertura de la verja), pero que, sin embargo, al no asegurarse por parte espa?ola una agenda de puntos concretos a negociar y un calendario preciso a seguir, queda en condiciones de debilidad frente a la parte contraria, cuyo objetivo (restablecer las comunicaciones) es de corto plazo, mientras que el objetivo espa?ol (recuperar Gibraltar) es de cumplimiento a largo
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plazo. Esta situaci¨®n fue ya vislumbrada por Antonio S¨¢nchez Gij¨®n poco despu¨¦s (Abc, 15 de mayo de 1980).
Desde entonces no se han producido novedades dignas de menci¨®n hasta el 20 de agosto ¨²ltimo, fecha en la que el Consejo de Ministros decide iniciar el r¨¢pido proceso de integraci¨®n en la OTAN. Inmediatamente se habla de la relaci¨®n Gibraltar-entrada en la OTAN, con dos lecturas distintas: la que hace el Gobierno (reiterada en las recientes declaraciones de P¨¦rez-Llorca en Nueva York) al afirmar que al aliarse Espa?a y el Reino Unido en el marco de la OTAN se abren nuevas perspectivas de progreso en el contencioso gibraltare?o, y la que hace el PSOE por boca de su secretario general, Felipe Gonz¨¢lez (y, que fue objeto de un reciente art¨ªculo en estas p¨¢ginas del diputado socialista Jos¨¦ Miguel Bueno), se?alando la parad¨®jica contradicci¨®n que se produce al entrar en la OTAN con la aceptaci¨®n t¨¢cita de Gibraltar como territorio brit¨¢nico, y el compromiso de defender al Gibraltar brit¨¢nico de un posible ataque de pa¨ªses terceros.
Pol¨ªtica espa?ola err¨®nea
Creo que si se produce la entrada de Espa?a en la OTAN, la din¨¢mica interna de la Alianza consolidar¨¢ las posiciones preestablecidas y, por tanto, en el estado actual con respecto a Gibraltar. Por eso lord Carrington afirm¨® enf¨¢ticamente que la entrada de Espa?a en la OTAN no modifica el contencioso gibraltare?o, cuya soluci¨®n -afirmaba- s¨®lo puede contemplarse en el marco del Acuerdo de Lisboa. Lo que para los ingleses quiere decir: abran ustedes la verja y olvidemos lo dem¨¢s.
El Gobierno espa?ol debe renunciar a esa pol¨ªtica err¨®nea, producto de no s¨¦ qu¨¦ espejismos, de relacionar Gibraltar con la incorporaci¨®n a la CEE o a la OTAN. Creo que a estas alturas los estrategas de Santa Cruz o de UCD ya est¨¢n convencidos (otra cosa es que lo reconozcan) de que son problemas de ra¨ªz distinta, de naturaleza diferente, y que el progreso en uno de ellos no hace avanzar a los otros dos, y que a veces lo que ocurre es justamente lo contrario; estoy persuadido que el progreso en el incidente gibraltare?o tiene que conseguirse a partir, mejor¨¢ndolo y profundiz¨¢ndolo, del Acuerdo de Lisboa, garantizando un calendario negociador y una agenda de temas en los que se debe incluir:
1. Obtener para los espa?oles en Gibraltar los mismos derechos que cualquier ciudadano de la CEE.
2. Estatuto de utilizaci¨®n de la base naval.
3. Estatuto de utilizaci¨®n del aeropuerto civil del istmo de Gibraltar.
4. Medidas de acercamiento e integraci¨®n del Pe?¨®n al Campo de Gibraltar, desarrollando el punto 5 de la proposici¨®n socialista, que establec¨ªa planes espec¨ªficos de inversi¨®n y, desarrollo del Campo de Gibraltar, en especial de La L¨ªnea.
5. Iniciativas que permitan a largo plazo la soluci¨®n del problema de la soberan¨ªa, estudiando f¨®rmulas intermedias que permitan la definitiva recuperaci¨®n de Gibraltar.
El punto 4 me parece esencial para el progreso de los dem¨¢s y tiene una ventaja sobre los otros: no necesita de la colaboraci¨®n brit¨¢nica; es exclusivamente el resultado de la voluntad del Gobierno espa?ol, que hasta ahora se ha mostrado bastante remiso a afrontar el plan de reactivaci¨®n de la comarca campo-gibraltare?a que permita equilibrar el desnivel econ¨®mico entre el Pe?¨®n y su entorno. Porque lo cierto es que este desequilibrio no s¨®lo hace inviable la integraci¨®n sin que, adem¨¢s, puede volver a ocurrir, como antes del cierre, que Gibraltar, colonia brit¨¢nica, se convierta en metr¨®poli de su propio entorno, que queda as¨ª reducido a colonia de segundo grado. El plan de reactivaci¨®n es adem¨¢s un objetivo de justicia porque los campo-gibraltare?os, sobre todo La L¨ªnea, son v¨ªctimas del contencioso del Pe?¨®n, sin que hayan sido compensados por soportar las cargas de la pol¨ªtica de bloqueo. En La L¨ªnea hay hoy m¨¢s de 5.000 parados. Naturalmente que un plan de reactivaci¨®n debe huir del triunfalismo y de la falta de sentido de la realidad con que se enfoc¨® el plan de desarrollo del franquismo (decreto 2223,65), que declar¨® a la comarca zoila de preferente localizaci¨®n, y cuyo balance es globalmente negativo.
En resumen, el Gobierno deber¨ªa:
a) Cumplimentar el punto 5 de la proposici¨®n socialista aprobada el 27 de marzo de 1980 en el Congreso de los Diputados.
b) Ampliar este punto a la educaci¨®n, la vivienda y la cultura.
c) Potenciar el proyecto de la Universidad biling¨¹e de San Roque.
d) Creaci¨®n en La L¨ªnea de un instituto hispano-brit¨¢nico.
e) Creaci¨®n de becas especiales para los gibraltare?os, a fin de facilitarles el acceso a los centros de estudios espa?oles.
f) Intercambio de servicios municipales entre la ciudad de Gibraltar y los de la mancomunidad del Campo de Gibraltar.
Los municipios de La L¨ªnea, San Roque, Algeciras y Tarifa, y los barrios Castellar y Jimena, es decir, m¨¢s de 250.000 personas, esperan que el Gobierno se decida.
es presidente del PSOE de Andaluc¨ªa Y portavoz de los socialistas en la Comisi¨®n de Exteriores del Congreso.
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