La familia absuelta por realizar una ocupaci¨®n ilegal en San Blas asegura que no abandonar¨¢ el piso

"No nos vamos a marchar de este piso hasta que el Ministerio nos consiga otro. Nosotros necesitamos vivir en alguna parte y de momento no nos vamos a mover de aqu¨ª". Ricardo Dom¨¦nech, junto a su mujer y sus dos ni?os peque?os, resum¨ªa ayer con estas palabras la actitud que piensa tomar despu¨¦s de conocer la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero doce de Madrid, por la qu¨¦ se le absuelve del delito de coacciones (v¨¦ase EL PAIS de ayer).

Ricardo Dom¨¦nech, madrile?o, de ventisiete a?os, trabajador de artes gr¨¢ficas en paro desde hace m¨¢s de un a?o, respira ahora tranquilo, ya que, al menos de momento, no tendr¨¢ que abandonar la casa -situada en la calle de Virgeil de la Oliva, en San Blas- que ocup¨® tras dar una patada a la puerta, hace ahora un a?o. D¨ªas antes de esta ocupaci¨®n, la familia Dom¨¦nech se hab¨ªa visto forzada a abandonar la chabola del barrio de Bilbao en la que se hab¨ªan refugiado, porque la llegada de la piqueta no permit¨ªa aplazamientos para el inicio de las obras. No obstante, las dimensiones del problema de vivienda en Madrid son de tal dimensi¨®n que la miserable chabola reci¨¦n abandonada fue ocupada en pocas horas por una familia gitana carente de alojamiento.La familia de Ricardo Dom¨¦nech, con el ni?o mayor, Rom¨¢n, de un a?o, y la peque?a Loly, de diez d¨ªas, avisados por los vecinos de la zona, aprovecharon para instalarse en un piso desocupado -as¨ª lo afirmaron representantes vecinales en el curso del juicio- despu¨¦s de forzar la puerta. La denuncia fue interpuesta por el adjudicatario inicial, el polic¨ªa municipal Tom¨¢s Tosca, quien hab¨ªa cedido la titularidad en favor de su hijo el 29 de abril del pasado a?o. El hijo se encontraba entonces realizando el servicio militar y en el juicio celebrado contra el ocupante confes¨® que su intenci¨®n era instalarse en la vivienda en el momento en que contrajera matrimonio, aunque hasta el momento no ten¨ªa novia.

"La sentencia es un llamamiento al MOPU"

Fernando Salas, abogado defensor en el juicio celebrado contra Ricardo Dom¨¦nech, opina que la sentencia del juez Ernesto Peces y Morate es totalmente acertada por cuanto, por una parte, aprecia la eximente del estado de necesidad de su defendido, se da una justificaci¨®n a la ocupaci¨®n y adem¨¢s hace un llamamiento al Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo (MOPU) para que act¨²e en el esclarecimiento del patrimonio de viviendas sociales, de forma que de una vez por todas el MOPU deje de pasar la pelota a los tribunales de justicia y sea la Administraci¨®n la que se encare a un problema que ella misma ha creado."Ninguna de las sentencias anteriores sobre temas semejantes han tenido hasta el momento repercusi¨®n frente al Ministerio Esto es doblemente grave", prosigue Salas, "debido a que la Administraci¨®n tiene en estos momentos totalmente abandonado el tema de su propio patrimonio de viviendas. Las comisiones paritarias (vecinos-Administraci¨®n) creadas hace dos a?os a prop¨®sito de las ocupaciones ilegales de viviendas est¨¢n disueltas. El decreto de 14 de abril de 1978 publicado para normalizar determinadas ocupaciones no se ha aplicado en ninguna ocasi¨®n, y con el paso del tiempo se ha convertido en papel mojado.

"Creo que las consecuencias de esta sentencia pueden estar en un recrudecimiento del problema de las ocupaciones de viviendas, ya que la gente que se lanza a dar una patada a la puerta se encuentra en un claro estado de necesidad. Son muchas las familias que llevan a?os esperando y rellenando pliegos de solicitud sin que sus necesidades sean m¨ªnimamente atendidas.