La contribuci¨®n urbana y la financiaci¨®n de los municipios

El pasado 16 de septiembre comenz¨® el per¨ªodo de pago voluntario de la contribuci¨®n territorial urbana (CTU).en la provincia de Madrid. Quiz¨¢s sea usted uno de los madrile?os que est¨¢ soportando o va a tener que soportar, este ano como los anteriores, las molestias de largas horas de cola para satisfacer sus obligaciones fiscales. Quiz¨¢ sea tambi¨¦n usted uno de los que, a pesar de su voluntad y. del tiempo invertido en ello, no consiga pagar sus impuestos por culpa de una deficiente organizaci¨®n en el servicio recaudatorio.En efecto, las oficinas recaudatorias, que gestiona la Diputaci¨®n Provincial de Madrid, ejerciendo una concesi¨®n de la contribuci¨®n territorial urbana, ofrecen estos d¨ªas el. lamentable espect¨¢culo de cientos de ciudadanos esperando pacientemente para pagar un recibo que, en muchos casos, no va a existir o va a contener tales errores de edici¨®n que har¨¢ imposible el cobrarlo.

Esta an¨®mala situaci¨®n y la amplia repercusi¨®n que tiene sobre la poblaci¨®n de la provincia y la importancia de este tributo en los ingresos de los ayuntamientos merecen un amplio comentario que sirva de cr¨ªtica constructiva a la actual situaci¨®n.

Como consecuencia de la reforma fiscal iniciada en nuestro pa¨ªs hace tres a?os, la contribuci¨®n territorial urbana pas¨® de tener car¨¢cter estatal a transformarse en tributo local, aunque de hecho su gesti¨®n e inspecci¨®n a los ayuntamientos a trav¨¦s de los consorcios, entidades estas en las que participan representantes de la Administraci¨®n local en su ¨®rgano directivo, y que hasta el momento no han dado pruebas del necesario dinamismo para hacer frente a las dimensiones del problema.

En la actual situaci¨®n, a la incomodidad que supone para el contribuyente el abono de los recibos anuales, con la hasta ahora inevitable formaci¨®n de largas colas, desagradables de por s¨ª, pero particularmente odiosas cuando quien espera ha de desprenderse de dinero met¨¢lico a favor del fisco, se une el agravio comparativo de la existencia de otros contribuyentes que no satisfacen esta obligaci¨®n por el simple hecho de no Figurar en los listados de la Hacienda p¨²blica, como se desprende del an¨¢lisis de las cifras relativas a 1980 en la provincia de Madrid, excluida la capital.

4.000 millones de pesetas en recibos impagados

Los ayuntamientos de la provincia presupuestaron para ese a?o unos ingresos por este impuesto de 1.720 millones de pesetas (el 15% del total de los ingresos presupuestados). Pues bien, frente a esta cifra, los recibos emitidos por Hacienda sumaron algo m¨¢s de 2.000 millones de pesetas, aunque la recaudaci¨®n en per¨ªodo voluntario s¨®lo alcanz¨® escasamente los 1.200 millones de pesetas. Si sumamos a esta ¨²ltima cifra la recaudaci¨®n fuera de plazo, cifrada aproximadamente en 120 millones de pesetas, los municipios de la provincia han recibido por este impuesto en el ejercicio de, 1980 casi setecientos millones de pesetas menos de los recibos emitidos. Adem¨¢s de esta gran diferencia entre recibos emitidos y cobrados, hay que considerar la notable diferencia entre recibos emitidos y los que se podr¨ªan emitir si los catastros estuvieran actualizados. El censo de locales realizado por el Instituto Nacional de Estad¨ªstica a finales de 1980 arrojaba una cifra total de viviendas y locales comerciales en la provincia de 669.774, mientras que el n¨²mero de recibos que emiti¨® Hacienda en ese a?o relativos a la contribuci¨®n de 1980 fue de s¨®lo 513.266. Haciendo abstracci¨®n de los solares, que tambi¨¦n pagan contribuci¨®n urbana, y de los edificios exentos por su car¨¢cter p¨²blico, existen 150.000 viviendas y locales que no est¨¢n pagando este impuesto. Sumando a este hecho la baja relaci¨®n de recibos emitidos a recibos cobrados, se concluye que los ayuntamientos de la provincia de Madrid han ingresado por ¨¦ste impuesto s¨®lo el 46% de lo que podr¨ªan haber recibido, es decir, 1.290 millones de pesetas de menos.

La situaci¨®n es mucho m¨¢s preocupante si se analizan retrospectivamente los efectos acumulados en a?os anteriores: en este momento, la Diputaci¨®n Provincial de Madrid almac¨¦n a en los s¨®tanos de sus oficinas recaudatorias m¨¢s de 4.000 millones de pesetas. en recibos impagados, por no poder identificar el contribuyente contra el que se giraron. Comp¨¢rese la cifra con los 5.000 de inversi¨®n en municipios que la Diputaci¨®n de Madrid pretende desarrollar en 1981; llegando al m¨¢ximo de sus posibilidades financieras para tomar conciencia de la magnitud de la cat¨¢strofe.

Tampoco son responsables. los ayuntamientos. Estos no han tenido nunca responsabilidad ni competencia alguna en la gesti¨®n de la que ten¨ªa que ser su fuente b¨¢sica de financiaci¨®n por tanto, han considerado a la contribuci¨®n urbana como un concepto tributario ajeno, por el que recib¨ªan, tarde y mal, unas transferencias cuya cuant¨ªa les era imposible controlar por parte de la Administraci¨®n central. Por ello, en vez de generar. unos recursos estables y permanentes, los ayuntamientos se financiaron de forma coyuntural, y transitoria con las licencias de obras generadas por el boom de la construcci¨®n de los a?os setenta. La actual depresi¨®n econ¨®mica ha acabado con este man¨¢ y ha puesto de manifiesto la transitoriedad de un sistema de financiaci¨®n y la falta de recursos estables con los que hacer frente a las necesidades permanentes de los municipios.

La raz¨®n fundamental de la cat¨¢strofe que representa la contribuci¨®n urbana, cuya gesti¨®n constituye un verdadero asesinato fiscal de los municipios, hay que buscarla en el poco rigor seguido en la confecci¨®n y actualizaci¨®n del los catastros y en la avalancha de recursos, altas, cambios de titularidad, etc¨¦tera que la Hacienda central no ha resuelto en plazos razonables, ni le ha dedicado recursos suficientes para evitar la acumulaci¨®n de expedientes cuya demora supone un alto coste para las Haciendas locales. Por su naturaleza de recurso cedido, ning¨²n ministro de Hacienda se preocup¨® por la capacidad recaudatoria efectiva de este impuesto, pero tampoco cedi¨® las competencias por las que los directamente afectados por el mismo, los municipios, pudieran asumir responsabilidades directas sobre el mismo. Con este juego de perro del hortelano la casa se ha quedado sin barrer; los s¨®tanos, llenos de recibos incobrables; las arcas municipales, vac¨ªas, y los vecinos, sin servicios. La t¨ªmida reforma que signific¨® la creaci¨®n de los consorcios de gesti¨®n de la contribuci¨®n urbana, en junio. de 1979, no ha generado las acciones necesarias para solucionar el problema heredado.

Los mecanismos recaudatorios son tambi¨¦n antediluvianos. Los servicios recaudatorios de la Diputaci¨®n. Provincial de Madrid se ven obligados a manipular manualmente m¨¢s de un mill¨®n de recibos al a?o, sin ning¨²n soporte inform¨¢tico que permita hacerlo de una forma eficiente y organizada, condenando a un ej¨¦rcito de cuatrocientos recaudadores a contar y recontar una informaci¨®n desagregada que deber¨ªa ser sustituida por bases de datos y sistemas modernos de tratamiento de la informaci¨®n como los que hoy la teleinform¨¢tica pone al alcance de cualquier empresa que desee estar a la altura de la tarea y sobre quien no pesen los anquilosados y troglod¨ªticos reglamentos que regulan hoy la funci¨®n recaudatoria.

Los baj¨ªsimos porcentajes de cobro en r¨¦gimen ejecutivo (12%) demuestran claramente la ineficacia de la funci¨®n recaudatoria e incentivan al contribuyente a no cumplir con sus obligaciones fiscales cuando se le requiere para que lo haga de forma voluntaria. La dispersi¨®n entre ¨®rganos recaudatorios distintos (estatales, provinciales y municipales) y la proliferaci¨®n de recibos distintos para numerosos conceptos tributarios, asociados a la propiedad urbana (basura, alcantarillado, publicidad, salientes, etc¨¦tera), producen a la vez molestias al contribuyen te, insuficiencias de recursos a las Haciendas locales y costes de gesti¨®n mayores que los ingresos.

El cuadro que se presenta en este comentario resume de forma clara lo hasta aqu¨ª expuesto. Las dos ¨²ltimas columnas son especialmente ilustrativas de la an¨®mala situaci¨®n en la que se encuentra este tributo. En efecto, no hay raz¨®n, en principio, para que Hacienda no cargue las cantidades que correspondan a todos aquellos que est¨¢n sujetos al impuesto: las cifras de la pen¨²ltima columna deber¨ªan ser todas sensiblemente iguales a cien.

Actualizaci¨®n de los catastros

Asimismo, relacionando las cantidades recaudadas por Hacienda en la realidad con las que podr¨ªa recaudar si extendiera (y cobrara) recibos a la totalidad de los sujetos al impuesto, se obtiene la ¨²ltima columna, que, en situaci¨®n ¨®ptima, deber¨ªa ser pr¨®xima a cien en todas las zonas.

La primera conclusi¨®n que se desprende de este breve an¨¢lisis es que cualquier intento de racionalizar la gesti¨®n de este impuesto pasa por una urgente actualizaci¨®n de los catastros, que traer¨ªa como consecuencia inmediata una mayor justicia tributaria, dado que pagar¨ªan todos los contribuyentes que deben hacerlo, evit¨¢ndose la situaci¨®n actual en la que los mayores niveles de recaudaci¨®n se consiguen a trav¨¦s de revisiones en el BOE de los valores catastrales. De esta forma se lograr¨ªa incrementar la financiaci¨®n de los ayuntamientos y, en consecuencia, su autonom¨ªa y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

Jos¨¦ Borrell Fontelles (PSOE) es diputado delegado de Econom¨ªa y Hacienda de la Diputaci¨®n Provincial de Madrid.