Un juez de Sevilla cita a mujeres de varias provincias en relaci¨®n con presuntos abortos
Despu¨¦s de ocho meses de virtual paralizaci¨®n, el proceso abierto por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Sevilla contra un grupo de personas acusadas de la presunta realizaci¨®n de pr¨¢cticas abortivas ha sido relanzado, al haberse remitido a varias decenas de mujeres de toda Espa?a citaciones para declarar ante sus respectivos juzgados si han abortado o no en el centro de planificaci¨®n familiar Los Naranjos, que dirig¨ªan los procesados.Quince diputados italianos figuran entre los 6.000 firmantes de un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Sevilla, en solidaridad con los procesados. Organizaciones feministas de una decena de pa¨ªses han suscrito documentos semejantes.
El origen de este caso fue el descubrimiento por la polic¨ªa, en el mes de octubre de 1980, de un centro de planificaci¨®n que ven¨ªa funcionando en pleno centro de Sevilla, a pocos metros de la catedral y del palacio arzobispal. A partir de entonces fueron detenidas veinticuatro personas supuestamente implicadas en abortos. El posterior procesamiento de estas personas dio lugar a un amplio movimiento de solidaridad en varias provincias.
A finales de enero de 1981 hab¨ªan sido llamadas a declarar 32 mujeres, de las que la gran mayor¨ªa se negaron a hacerlo y argumentaron que el tema pertenec¨ªa a su m¨¢s estricta intimidad. No obstante, al menos una, Mar¨ªa Josefa Barco, casada y con dos hijos, confes¨® haber abortado gracias a los servicios del citado centro. Posteriormente, el 9 de febrero, fueron entregadas en el juzgado 26.249 firmas de hombres y mujeres de toda Espa?a -la mayor¨ªa autentificadas ante notario-, que aseguraban haber abortado personalmente o colaborado en la realizaci¨®n de abortos, y se solidarizaban con los procesados.
Esta iniciativa solidaria fue contestada por el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 con la advertencia de que estaba dispuesto a abrir un sumario a los 26.249 firmantes del documento autoinculpatorio. Es ahora cuando el problema parece adquirir esta dimensi¨®n, al haber recibido citaciones de este juzgado mujeres de Sevilla, Huelva, Granada, C¨¢diz, C¨¢ceres y Navarra, que deber¨¢n declarar en sus respectivos juzgados si abortaron o no en el centro Los Naranjos.
A ra¨ªz de que la polic¨ªa entrara en el citado centro se provoc¨® una crisis en el Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde, Luis Uru?uela, del PSA, destituy¨® al concejal delegado de Sanidad, el comunista Jos¨¦ Villa, quien declar¨®, ante el cierre de los centros de planificaci¨®n familiar decretado entonces, que la primera autoridad municipal conoc¨ªa con anterioridad el funcionamiento de estos centros y las actividades que en ellos se realizaban. La destituci¨®n de Villa provoc¨® la ocupaci¨®n del Ayuntamiento por parte de m¨¢s de cien mujeres, que protestaron por su cese.
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