El Gobierno no cumple su ley

EL DESPIDO, caricaturizado de dimisi¨®n, de Fernando Castedo como director general de Radiotelevisi¨®n Espa?ola era un hecho cantado desde antes del verano. La imposibilidad jur¨ªdica de que el Gobierno destituyera de su cargo a Fernando Castedo, protegido por el Estatuto de RTVE, demor¨® m¨¢s de lo previsto su sustituci¨®n, ya que la operaci¨®n de acoso y derribo del director general necesitaba no s¨®lo la ayuda de la Prensa obediente a la Moncloa -encargada de lanzar una virulenta campa?a de desprestigio contra un hombre ya en capilla-, sino tambi¨¦n de la complicidad activa de ese indiscutible l¨ªder carism¨¢tico que es Agust¨ªn Rodr¨ªguez. Sahag¨²n y de quien le da las ¨®rdenes. El tiempo dir¨¢ cu¨¢les han sido las contraprestaciones que el actual presidente del Gobierno ha ofrecido a su antecesor a cambio de sus servi cios funerarios que acaba de oficiar.La dimisi¨®n de Castedo se explica, en el campo de las motivaciones psicol¨®gicas, marginales en este asunto, por su falta de fondo f¨ªsico y pol¨ªtico para resistir las presiones combinadas que le cercaban. El caso nada tiene de excepcional y ser¨ªa ingenuo esperar de los profesionales de la pol¨ªtica que adoptaran, por motivaciones ¨¦ticas o por respeto a su propia figura, decisiones que arruinaran sus carreras. Sin embargo, hay algo inadmisible en la actitud del ex director general, y es su tentativa de justificar su dimisi¨®n por "su profundo sentido del Estado".

Nadie puede condenar a Fernando Castedo por no haber dado la talla en este conflicto, pero el sentido del Estado exige, ante todo, la voluntad de respetar los intereses colectivos y hacer cumplir l¨¢s leyes por encima de las conveniencias personales o partidistas. Esto no lo ha hecho el Gobierno, no lo ha hecho UCD y no lo ha hecho Castedo. El Gobierno no ha respetado al Estado y el poder ejecutivo ha incumplido el esp¨ªritu de una ley org¨¢nica aprobada por'el Parlamento despu¨¦s de laboriosos pactos. La vida p¨²blica espa?ola necesitar¨ªa, si de verdad el Gobierno y UCD tuvieran ese sentido del Estado que parecen confundir (por su comportamiento) con la ocupacion y usufructo de la Administraci¨®n p¨²blica, que las instituciones fuesen respetadas y funcionasen. Al igual que el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, la televisi¨®n del Estado fue protegida, en el ordenamiento, constitucional, por unas garant¨ªas destinadas a amparar su autonom¨ªa, a fin de impedir que un medio de comunicaci¨®n pagado por todos los ciudadanos y que debe reflejar el pluralismo de nuestra sociedad se convirtiera en instrumento monopol¨ªstico al servicio del poder. Han bastado unos pocos meses de balbuciente funcionamiento aut¨®nomo de-Televisi¨®n y Radio Nacional para que el Gobierno resolviera poner fin a ese esc¨¢ndalo que significa para ¨¦l la libertad de expresi¨®n, de informaci¨®n y de opini¨®n, si eso da?a a sus intereses.

A esa incapacidad del poder hoy gobernante para asumir los h¨¢bitos y modos democr¨¢ticos, a esa aberrante confusi¨®n entre partido, Gobierno y Estado, a ese desprecio por la supremac¨ªa de la ley y a esa falta de respeto a la opini¨®n p¨²blica se ha unido, en el cerco a Fernando Castedo, la urgencia del Ejecutivo por normalizar -a la checoslovaca- Prado del Rey con tiempo suficiente para preparar concienzudamente las pr¨®ximas elecciones generales. La hecatombe de UCD en Galicia habr¨¢, seguramente, redoblado el apetito de los antrop¨®fagos y, acabado con las ¨²ltimas resistencias de los m¨¢s templados. Al tiempo, la arrolladora victoria de Fraga en esos comicios aumenta las tentaciones para que Calvo Sotelo inicie la estrategia electoral de la gran derecha con una mayoria natural -siete votos contra cinco- en el Consejo de Administraci¨®n de RTVE. El ya candidato ucedista a director general de Radiotelevisi¨®n Espa?ola ofrece en su biograf¨ªa abundantes datos que permiten ratificar esta hip¨®tesis, y muy pocos que ayuden a desmentirla.

Pero adem¨¢s, para llevar a cabo toda esta operaci¨®n, el Gobierno ha incumplido unos acuerdos pol¨ªticos suscritos con el PSOE. La airada reacci¨®n de Alfonso Guerra, con independencia de su tremendismo, revela la amarga decepci¨®n ante la ruptura unilateral por el Gobierno del acuerdo entre centristas y socialistas p¨¢ra designar consejeros de administraci¨®n de RTVE y pactar el nombramiento de Castedo. Ello echa por tierra una operaci¨®n alumbrada por la estrategia de las negociaciones secretas y los concili¨¢bulos de pasillo a la que tan aficionado ha sido el vicesecretario general del PSOE. El poder ejecutivo ha cometido un abuso de confianza con los socialistas al incumplir su pacto. Pero la firma de esos acuerdos, sin luz ni taqu¨ªgrafos, entre las c¨²pulas de los partidos es una pr¨¢ctica casi tan aborrecible como su ruptura. Las negociaciones para repartirse el pastel de Televisi¨®n dejaron fuera del Estatuto un punto tan importante como la designaci¨®n parlamentaria del director de RTVE, a fin de consensuarlo. Ah¨ª est¨¢ el premio.