Coordinar el control alimentario

AL TERMINO del debate sobre el envenenamiento del aceite de colza adulterado el Congreso de los Diputados emiti¨® un mandato al Gobierno cuya principal finalidad no era otra que la de tratar de mejorar la organizaci¨®n de la Administraci¨®n para evitar en el futuro casos igualmente dram¨¢ticos. En el primer apartado del mandato del Congreso se dispuso la creaci¨®n de un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci¨®n responsable administrativamente de la producci¨®n, transformaci¨®n y distribuci¨®n de los productos alimenticios; asimismo, se acord¨® reforzar los instrumentos de control. e inspecci¨®n para proteger con la m¨¢xima eficacia al consumidor.En definitiva, se pretend¨ªa agrupar una serie de competencias que en materia alimentaria han estado difuminadas entre varios ministerios por razones que ya no son v¨¢lidas. El Ministerio de Comercio, que hoy tambi¨¦n lo es de Econom¨ªa, por tanto con un cometido de orden general, integra organismos tan espec¨ªficos como la Comisar¨ªa de Abastecimientos y Transportes (CAT), propio de la ¨¦poca de posguerra, con dificultades de abastecimientos. Curiosamente, el Ministerio de Industria es responsable del envasado de las aceitunas rellenas, y el de Agricultura, de las aceitunas con hueso. Esto es el resultado de una ¨¦poca en que la agricultura ten¨ªa un car¨¢cter elemental y que cualquier transformaci¨®n del producto le inclu¨ªa en la competencia de Industria. Con el Estado de las autonom¨ªas, la difusi¨®n de las competencias ha cobrado una nueva dimensi¨®n, porque el control de los alimentos ha sido transferido a las comunidades aut¨®nomas.

Estas incongruencias. y dificultades no imposibilitan un tratamiento controlado, con la ¨²nica condici¨®n de entender bien qu¨¦ es lo que se quiere.

En primer lugar, no se trata de crear un ministerio para garantizar la defensa a ultranza de los productores, arrasando las competencias de otros organismos de la Administraci¨®n encargados de la defensa de los consumidores en general. Esto ser¨ªa un contrasentido democr¨¢tico, porque mientras el n¨²mero de consumidores aumenta, el de agricultores, ganaderos y pescadores disminuye. Un ejemplo ilustra este peligro. Si en materia de pol¨ªtica arancelaria los derechos reguladores (aranceles m¨®viles que igualan el precio interior de nuestros productos agrarios con los internacionales) se fijan por Agricultura y desaparecen las competencias de Econom¨ªa y Comercio en el comercio exterior de los productos alimenticios, se corre el riesgo de que los intereses particulares prevalezcan sobre los generales con el resultado de una protecci¨®n sesgada en favor del sector agrario. Los industriales pedir¨ªan pronto an¨¢logo tratamiento al de los agrarios.

Una segunda restricci¨®n procede de la organizaci¨®n del control en favor de los consumidores. Los fraudes en el engorde artificial de las reses o las pr¨¢cticas de conservaci¨®n de productos alimenticios, incluso la garant¨ªa de que no se repetir¨¢n las mezclas en los aceites comestibles, exigen, por un lado, clarificar los actuales procedimientos de control administrativo, analizando su grado de eficiencia y las garant¨ªas que razonablemente merezcan. Pero, por otro, localizar el control y la inspecci¨®n, incluidos los aspectos sanitarios, en un Ministerio de Alimentaci¨®n y Agricultura, en el que los productos tendr¨¢n, se quiera o no, una audiencia privilegiada, es, por lo menos, arriesgado. La organizaci¨®n del Estado exige la creaci¨®n de un Ministerio de Consumo y Bienestar Social, al que le corresponder¨ªan las competencias y funciones de la Seguridad Social, inspecci¨®n sanitaria, alimentaria e industrial. No har¨ªa falta ni un solo funcionario m¨¢s, sino reorganizar los colectivos ahora existentes, mientras que su conexi¨®n con los entes auton¨®micos vendr¨ªa estimulada por una misma comunidad de intereses: la protecci¨®n de los ciudadanos. De pasada, habr¨ªa que reconsiderar si en un sistema democr¨¢tico con sindicatos y organizaciones patronales sigue teniendo sentido todo un Ministerio de Trabajo cuyo car¨¢cter es netamente intervencionista.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci¨®n debe absorber, en todo caso, una serie de competencias: las que corresponden a la actual Direcci¨®n de las Producciones Agrarias del Ministerio de Industria y las desempe?adas por la CAT, as¨ª como la incorporaci¨®n de Mercasa, es decir, de la empresa encargada de contribuir desde la Administraci¨®n del Estado a la municipalizaci¨®n de los mercados centrales. Estos dos ¨²ltimos organismos se segregar¨ªan de la esfera de Econom¨ªa y Comercio. De este modo, Agricultura controlar¨ªa la producci¨®n y las transformaciones de los productos agrarios y al mismo tiempo contribuir¨ªa, a trav¨¦s de Mercasa, a la organizaci¨®n y distribuci¨®n de los alimentos nacionales, y, a trav¨¦s de la CAT, a la ejecuci¨®n de las compras de mercanc¨ªas de importaci¨®n objeto de comercio de Estado (la carne, el az¨²car, las grasas, los cereales, principalmente). Estas mayores competencias deja r¨ªan, sin. embargo, intacta la responsabilidad del Ministerio de Econom¨ªa y Comercio en el desarrollo de la pol¨ªtica comercial. Econom¨ªa y Comercio estar¨ªa, as¨ª, m¨¢s enfrentado a su cometido: la estrategia de la pol¨ªtica econ¨®mica, incluido el gasto p¨²blico, que es pieza clave, y el fomento de las exportaciones, cuya concepci¨®n y organizaci¨®n siguen siendo muy rudimentarias. El nuevo Ministerio de Agricultura, reforzado, tendr¨ªa el compromiso de modernizar el sector agrario con el m¨ªnimo de interferencias y subvenciones, de modo que sea el empresario agr¨ªcola y no los diversos organismos adminis trativos y el BOE los protagonistas de ese desarrollo. Un nuevo Ministerio de Bienestar Social es, quiz¨¢, elemento indispensable para construir los puentes con el gran colectivo de unos ciudadanos desconfiados del papel de la Administraci¨®n.