Atenci¨®n a los Presupuestos

LOS INGRESOS del Estado, Seguridad Social, organismos aut¨®nomos y corporaciones locales, es decir, del conjunto de lo que se llaman las, administraciones p¨²blicas, representar¨¢n en 1982 el 25% del producto nacional bruto (PNB), mientras los gastos de esos organismos supondr¨¢n el 30%. del conjunto de bienes y servicios producidos en Espa?a. El d¨¦ficit financia los cinco puntos de diferencia. Estas cifras, que no incluyen las empresas p¨²blicas, ilustran la importancia del sector p¨²blico en la vida econ¨®mica.En definitiva, los niveles de gastos e ingresos p¨²blicos empiezan a aproximarse en Espa?a al 35% que representan, en porcentaje del PNB, la media de los pa¨ªses de la OCDE. En 1982 debemos ya tener un porcentaje de gastos p¨²blicos en relaci¨®n a los gastos totales del pa¨ªs superior al de Jap¨®n y equivalente al de Estados Unidos.Adem¨¢s, desde el comienzo de la crisis, del petr¨®leo, es decir, desde 1974, los ingresos fiscales, pero tambi¨¦n los gastos p¨²blicos, han crecido en Espa?a a un ritmo muy superior al del resto de los pa¨ªses industriales de Occidente; esto quiere decir que la presi¨®n fiscal se ha incrementado en Espa?a a una velocidad superior y que el d¨¦ficit p¨²blico tambi¨¦n ha crecido m¨¢s deprisa. Y, sin embargo, los resultados conseguidos por los respectivos Gobiernos de UCD no parece que por lo pronto sean dignos de imitaci¨®n como para insistir en la misma v¨ªa cambiando sencillamente las apariencias.

Pero el d¨¦ficit y la presi¨®n fiscal de estos ¨²ltimos a?os no es tan s¨®lo el resultado exclusivo de la acci¨®n del Estado. La sociedad exig¨ªa una redistribuci¨®n de los ingresos en favor de los pensionistas de la Seguridad Social y del Estado, es decir, un aumento de las transferencias. El legislativo ha aprobado complacido esta l¨ªnea de actuaci¨®n e incluso ha a?adido dosis de generosidad por su propia iniciativa: las pensiones derivadas de las situaciones producidas por la guerra civil. Este ejemplo no ha resuelto muchos casos extremos y, sin embargo, ha incrementado los gastos del Estado. Por otra parte, el sector empresarial ha asistido unas veces complacido a la magnificencia del Estado y otras se las ha arreglado para traspasarle negocios en p¨¦rdida, que acababan aumentando los d¨¦ficit. En ¨²ltima instancia, las consecuencias de la recesi¨®n econ¨®mica reduc¨ªan las rentas imponibles y de ah¨ª los ingresos p¨²blicos, mientras el aumento del paro elevaba los gastos.

El presupuesto y el d¨¦ficit han reflejado todas estas tensiones y, por supuesto, han tejido una red de salvaguardia para la indigencia que habr¨ªa producido la inflaci¨®n entre los pensionistas y la eventual miseria de los parados. Incluso el d¨¦ficit ha contribuido a sostener la actividad a trav¨¦s de las transferencias en favor de las personas con menores niveles de renta. El problema, no obstante, radica en que la eficacia del gasto p¨²blico es muy dudosa y que un incremento continuo de la presi¨®n fiscal sin alterar nuestro sistema impositivo recae en exceso sobre las empresas, a trav¨¦s de las cotizaciones sociales.

La comparaci¨®n de nuestro sistema impositivo con el de los pa¨ªses industriales demuestra la excesiva carga de la fiscalidad v¨ªa cotizaciones de la Seguridad Social y la menor importancia de los impuestos sobre la renta y los que gravan el. gasto. Las modificaciones introducidas a ¨²ltima hora por el partido del Gobierno, aumentando los tipos del impuesto sobre la renta mientras se acepta un descenso de las cotizaciones a la Seguridad Social, es un buen comienzo de estrategia que debe pronto verse completado con la implantaci¨®n del impuesto sobre el valor a?adido (IVA). El incremento ya decretado en el ITE har¨ªa que su cambio por el IVA no tuviese un impacto inflacionista excesivo y adem¨¢s restablecer¨ªa el equilibrio de nuestra imposici¨®n indirecta con la extranjera.

En definitiva, el gasto p¨²blico contin¨²a siendo la pie dra angular en la eficacia de una Administraci¨®n. Pero aqu¨ª el Presupuesto llega al Parlamento sin an¨¢lisis y de bates previos. Contra reloj deben aprobarse partidas y partidas de gastos sobre las que los parlamentarios carecen a menudo de la informaci¨®n necesaria. Hasta el propio Gobierno no tiene una idea clara de lo que est¨¢ pro poniendo ni cu¨¢l es la estrategia de pol¨ªtica econ¨®mica que sustenta el Presupuesto. Y en esto es precisamiente donde el partido de la oposici¨®n deber¨ªa dar su gran batalla. Pero el espect¨¢culo de los parlamentarios aprobando apresuradamente gastos, mientras est¨¢n m¨¢s pendientes de lo que ocurre en sus partidos, no es ninguna garant¨ªa de que se produzca un debate riguroso. Discutir sin m¨¢s ni m¨¢s sobre el nivel de d¨¦ficit y de la importan cia de la presi¨®n fiscal equivale a confundir la labor de fiscalizaci¨®n del Parlamento con un debate semiacad¨¦mico. Y mientras contin¨²e esa actitud, el Ejecutivo podr¨¢ seguir con su negligente displicencia a la hora de administrar los recursos p¨²blicos.