Las Fuerzas Armadas y el orden p¨²blico
EL INCIDENTE ocurrido en La Coru?a el pasado domingo, cuando un capit¨¢n -vestido de paisano y enarbolando una pistola reglamentaria- orden¨® a dos secciones de la Polic¨ªa Militar disolver una manifestaci¨®n autorizada, recibe su grave significado de la pesada y crispada situaci¨®n que vive nuestro pa¨ªs desde el 23 de febrero. De otra forma, la estampa habr¨ªa ingresado por derecho propio en un esperpento de Valle-Incl¨¢n. Afortunadamente, y pese al disparo al aire producido, no hubo que lamentar desgracias. Sin embargo, las dimensiones grotescas de? suceso y la ausencia de sangre no pueden ocultar el alcance de este atentado contra el funcionamiento de nuestro Estado de derecho, basado en la supremac¨ªa de la Constituci¨®n, la separaci¨®n de poderes y el predominio sobre la Administraci¨®n civil y militar de un Gobierno designado por el Parlamento.La Polic¨ªa Militar cumple funciones disciplinarias dentro del universo castrense, y sus misiones habituales suelen limitarse a impedir los alborotos o los excesos de los soldados que disfrutan de permiso fuera de los cuarteles. Incluso durante el r¨¦gimen anterior, las Fuerzas Armadas permanecieron al margen del mantenimiento del orden p¨²blico en la sociedad civil, tarea asignada a la Polic¨ªa Armada -ahora Polic¨ªa Nacional-, en los n¨²cleos urbanos, y a la Guardia Civil, en las zonas rurales. Ese cuidado del Ej¨¦rcito por no asociar su imagen institucional con los conflictos ciudadanos se hizo extensivo a las manifestaciones ?legales, frecuentes en una ¨¦poca en la que la estrechez de las leyes y la amplitud de la protesta social y pol¨ªtica contribu¨ªan a la exasperaci¨®n de los discrepantes de la calle.
Resulta sorprendente que en la Espa?a democr¨¢tica, a diferencia de la Espa?a franquista, un oficial de las Fuerzas Armadas resuelva, por su cuenta y riesgo, emplear hombres confiados a su mando para tareas de orden p¨²blico, que exceden a sus competencias y rebasan sus atribuciones. Pero ese desconcierto se transforma en asombro al comprobar que esa manifestaci¨®n agredida por el capit¨¢n Lorenzo Fern¨¢ndez hab¨ªa sido previamente autorizada y se acog¨ªa al art¨ªculo 21 de la Constituci¨®n, que garantiza el derecho de reuni¨®n pac¨ªfica y sin armas. La intervenci¨®n del oficial -calificada de "inadmisible e injustificable" por el gobernador civil de La Coru?a- se realiz¨®, para mayor bochorno, en presencia de las Fuerzas de Orden P¨²blico, que custodiaban el acto, y justo en el momento en el que los oradores tomaban la palabra.
La en¨¦rgica reacci¨®n del gobernador civil y del ministro del Interior y las r¨¢pidas medidas adoptadas por el gobernador militar de La Coru?a merecen el elogio que siempre debe rendirse al recto cumplimiento de las leyes por las autoridades. La nota de la oficina de informaci¨®n del Ministerio de Defensa, aunque hecha p¨²blica con celeridad y seguramente animada por el loable prop¨®sito de aclarar todos los extremos del incidente, ofrece, sin embargo, un lado criticable. Porque el pretexto dado por el capit¨¢n Fern¨¢ndez para su irresponsable actuaci¨®n -haber cre¨ªdo escuchar gritos contra las Fuerzas Armadas- no guarda m¨¢s relaci¨®n con el caso que la de servir tal vez de circunstancia subjetivamente atenuante para un comportamiento objetivamente "inadmisible e injustificable". A las Fuerzas de Orden P¨²blico les corresponde cuidar de que los ciudadanos cumplan las leyes, mientras que a la Polic¨ªa Militar s¨®lo le incumbe la vigilancia de los hombres que sirven en las Fuerzas Armadas. Y un oficial del Ej¨¦rcito tiene forzosamente que saber que esa fuerza que la sociedad le entrega, poniendo bajo sus ¨®rdenes hombres armados y uniformados, s¨®lo ser¨¢ leg¨ªtima si se ejerce en el marco de las leyes que la Constituci¨®n sustenta, dentro del estricto campo de competencias que las normas deslindan y con arreglo a las reglas disciplinarias y jer¨¢rquicas establecidas por la cadena de mando militar.
Por lo dem¨¢s el gobierno no debe hurtar la cara ante la eventualidad de que provocaciones como la del domingo en Galicia puedan tener lugar -y es lamentablemente obvio que la provocaci¨®n a la que nos referimos no par? ti¨® precisamente de los pac¨ªficos manifestantes-. La fotografia de la primera p¨¢gina de hoy de este peri¨®dico aparte de que har¨¢ enrojecer de bochorno a cualquier ciudadano que cree que este pa¨ªs merece mejor trato del que algunos se empe?an en darle, debe dar que pensar a un gabinete que se esfuerza por incorporarnos a Europa, donde adem¨¢s de la Alianza Atl¨¢ntica existe la realidad reciente de una verdadera oleada de manifestaciones pacifistas, anti-Otan y antimilitaristas que no han recibido la amenaza de la pistola de un soldado como contestaci¨®n. O el poder civil ejerce sus prerrogativas y hace que la ley se cumpla en todas las instancias de este pa¨ªs o a la crisis pol¨ªtica que todav¨ªa padecemos suceder¨¢ de manera inevitable la crisis institucional y la del r¨¦gimen. Como dice el viejo adagio, el que avisa no es traidor. Ya son muchos los avisos.
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