Un panfleto pol¨ªtico

"HA CONSTITUIDO siempre un axioma la subordinaci¨®n del Ej¨¦rcito al poder civil. No es preciso gastar mucho tiempo para demostrar la necesidad de que este postulado se cumpla. En otra forma resultar¨ªa imposible el gobierno de la naci¨®n y la existencia misma del Estado". Estas contundentes frases, escritas por el teniente general Manuel D¨ªez-Alegr¨ªa, que fue jefe del Alto Estado Mayor a principios de los a?os setenta y que es uno de los pocos pensadores castrenses que alumbran nuestra historia, bien vale para encabezar nuestro comentario editorial de hoy.El manifiesto hecho p¨²blico el s¨¢bado con la firma de cien oficiales y suboficiales ofrece unas claras connotaciones pol¨ªticas y partidistas, que ha de impedir el empe?o de los firmantes de arrogarse la representatividad de las Fuerzas Armadas y la expresi¨®n del ideario militar. Cualquier lector atento y con sentido com¨²n no tendr¨¢ mayores dificultades en establecer un estrecho paralelismo entre la soflama y los incendiarios art¨ªculos, firmados por civiles, que alimentan la ideolog¨ªa golpista y son publicados por la Prensa de ultraderecha. En este sentido, el documento parece, curiosa y parad¨®jicamente, el veh¨ªculo a trav¨¦s del cual sectores m¨ªnimos y la sociedad civil de la Prensa, vinculados a las tramas golpistas, dirigen su dedo acusador contra el resto de los medios de comunicaci¨®n que dan testimonio de la libre opini¨®n p¨²blica de este pa¨ªs. Eso puede explicar la parcialidad, acritud e injusticia con la que los cien firmantes arremeten contra unas supuestas actitudes injuriosas que ellos se inventan para poderlas combatir. El manifiesto resulta as¨ª el compendio y la parodia de ese lavado de cerebro que la Prensa ultraderechista est¨¢ aplicando, desde hace a?os, a los cuartos de banderas, a fin de transformar un Ej¨¦rcito disciplinado y profesional en una mesnada armada al servicio de sus intereses. Esa relaci¨®n no camina en un solo sentido y no se pueden ignorar las conexiones entre aquellos civiles y militares unidos por esa misma ideolog¨ªa ultraderechista. Pero por lo menos ayudar¨¢ a comprender que la autonom¨ªa de la que se jactan los firmantes es inexistente y que el presunto car¨¢cter de ideario militar de su proclama se diluye en la ideolog¨ªa pol¨ªtico-partidista de un grupo que intenta imponerse a todos los espa?oles mediante la instrumentalizaci¨®n de las Fuerzas Armadas.

El manifiesto ofrece toda clase de anomal¨ªas en su contenido y en la manera de gestarse. La yuxtaposici¨®n en las firmas de oficiales y suboficiales parece querer transmitir un mensaje populista, casi tercermundista, de aproximaci¨®n a los problemas sociales y econ¨®micos del pueblo llano. La evidente indisciplina que lleva consigo la preparaci¨®n y el lanzamiento del documento muestra hasta qu¨¦ punto sus promotores son insensibles a los valores de jerarqu¨ªa, disciplina y cumplimiento de las Reales Ordenanzas que ellos mismo invocan.

Dado que los firmantes conoc¨ªan de antemano las implicaciones disciplinarias de su infracci¨®n, no es imposible suponer que los promotores del texto trataran con su acto de encender la mecha de una protesta m¨¢s general que desbordara la capacidad de respuesta de los mandos y convirtiera en un hecho consumado este tipo de comportamientos, inimaginables en un Ej¨¦rcito digno de tal nombre. La en¨¦rgica actitud de la Junta de Jefes de Estado Mayor, llamando a todos los jefes y oficiales a la unidad, y advirtiendo contra eventuales adhesiones al manifiesto, es en ese sentido una medida de autoridad y precauci¨®n digna de todo elogio.

Hay, a mayor abundancia, en el manifiesto dos interpretaciones -sobre la guerra civil y el 23 de febrero- nutridas exclusivamente de esa ideolog¨ªa pol¨ªtico-partidista, recubierta de ideario militar, a. la que hac¨ªamos referencia. Los firmantes falsean incluso la historia de "los hechos de armas m¨¢s cercanos" y la actuaci¨®n de las Fuerzas Armadas. como instituci¨®n, en nuestro! conflictos internos. La guerra civil de 1936 no fue, aunque los ide¨®logos de la ultraderecha insistan en ello, el combate de Espa?a y su Ej¨¦rcito contra la anti-Espa?a, sino una lucha fratricida. que tambi¨¦n dividi¨® en dos sangrientamente a nuestras Fuerzas Armadas. Junto a esa visi¨®n parcial y partidista que constituye la base para acusar al Gobierno o los ayuntamientos por tratar de poner en par¨¦ntesis s¨ªmbolos conmemorativos -en calles o monumentos- de la victoria de una mitad de Espa?a sobre la otra, figura la tentativa de exculpar a los responsables del 23 de febrero y de atribuir a los medios de comunicaci¨®n el inventarse unos hechos que, para verg¨¹enza de todos, se hallan grabados en una cinta de video y registrados en magnet¨®fonos y fotograf?as al alcance de cualquier ciudadano. La afirmaci¨®n de que los ataques a los acusados de rebeli¨®n se dirigen a toda la colectividad militar "con las consecuencias que ello d¨¦ lugar" es una opini¨®n tan unilateral como inadmisible resulta la amenaza que conlleva.

Quienes injurian, atacan, dividen y denigran a las Fuerzas Armadas, para verg¨¹enza de todo ciudadano espa?ol, son aquellos de sus miembros que protagonizan actos sediciosos y de indisciplina, calumnian al Rey y empa?an con su comportamiento -en ocasiones delictivo- el honor del Ej¨¦rcito y el del uniforme al que sirven. La Prensa tiene, antes que el derecho, el deber de la cr¨ªtica. Pero ni siquiera se ha ejercido la mayor¨ªa de las veces una cr¨ªtica, sino una descripci¨®n de determinados hechos tan lamentables como concretos.

Por lo dem¨¢s, la idea de que existen asuntos acotados, como la pol¨ªtica de defensa o la organizaci¨®n m¨¢s eficiente de las Fuerzas Armadas sobre los que s¨®lo podr¨ªan opinar y decidir los militares, va no s¨®lo contra toda l¨®gica, sino tambi¨¦n contra la -propia tradici¨®n y fundamento de los Ej¨¦rcitos modernos. La Monarqu¨ªa parlamentaria se asienta sobre la soberan¨ªa popular, y es a los representantes de los ciudadanos, reunidos en las Cortes Generales, a quienes corresponde decidir sobre todos los problemas y asuntos que conciernen a nuestra comunidad. Son las Cortes Generales las que aprueban los impuestos que luego pagan los ciudadanos y que se aplican, entre otras cosas, a la financiaci¨®n de nuestra pol¨ªtica de defensa. Y los medios de comunicaci¨®n, transformados por el manifiesto de los cien en el chivo expiatorio del pluralismo pol¨ªtico, social e ideol¨®gico de nuestro sistema, tienen el deber, m¨¢s a¨²n que el derecho, de informar y de opinar sobre todas las materias que son competencia de las Cortes Generales.

En resumen, el manifiesto de los cien merece todas las consideraciones de un panfleto pol¨ªtico, al servicio de una ideolog¨ªa concreta de ¨ªnfima implantaci¨®n entre los ciudadanos espa?oles y de claras connotaciones antidemocr¨¢ticas. Y si hemos comenzado este editorial con unas palabras del general D¨ªez-Alegr¨ªa, bien merece las cerremos con otras muy precisas sobre la politizaci¨®n del militar: "El que el militar profesional sea apol¨ªtico no quiere decir, pues ello resultar¨ªa hasta monstruoso, que como individuo no sienta preocupaciones por la direcci¨®n de su pa¨ªs y hasta deje de experimentar mayor o menor simpat¨ªa por una u otra de las ideolog¨ªas que se debaten en el campo pol¨ªtico de su patria. Lo que no se puede hacer es sustentar esas teor¨ªas apoy¨¢ndose en su condici¨®n de oficial, y mucho menos, hacerlas prevalecer reunido con sus compa?eros como expresi¨®n del pensamiento del Ej¨¦rcito". Que es exactamente lo que han hecho los se?ores ciudadanos firmantes del escr¨ªto.