Los vecinos de Francisco Silvela, 106, reclaman de la Administraci¨®n, propietaria del edificio, una vivienda digna

Cincuenta y cuatro vecinos, la mayor¨ªa de ellos en edad avanzada, mantienen un pulso con la Administraci¨®n desde que ¨¦sta decretase, en 1946, la expropiaci¨®n forzosa de la casa que ocupa el n¨²mero 106 de la calle de Francisco Silvela. Desde entonces, estos madrile?os de los de antes no han cejado en su empe?o de que se les reconozcan sus derechos a conservar sus viviendas, en un edificio que no presenta indicio alguno de que vaya a derrumbarse de un d¨ªa para otro. Entre tanto, las ratas y las cucarachas se multiplican en los bajos del edificio, y la humedad corroe las paredes del edificio, propiedad del Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo.

"Aqu¨ª nos hemos ido radicalizando con el correr de los a?os", explica con cierto aire de misterio el metal¨²rgico Jos¨¦ Teva Molina, un hombre de fuerte complexi¨®n, que vive en la casa desde 1955, justamente desde que se cas¨® con la hija de otro antiguo del mismo inmueble. Para Jos¨¦ Teva, la "radicalizaci¨®n" ha consistido en "dar la cosa" a los peri¨®dicos y en pleitear repetidamente con el Ministerio de Obras P¨²blicas y Urbanismo, y con tres ingenieros funcionarios a los que los vecinos del n¨²mero 106 de Francisco Silvela consideran causantes de sus males. La radicalizaci¨®n incluso ha llegado a la colocaci¨®n de pancartas en los balcones, con citas de la Constituci¨®n, en demanda de vivienda digna, y de un mural con una reproducci¨®n del Guernica picassiano, pintado por la asociaci¨®n de vecinos del distrito.Angel Plaza, taxista jubilado, tambi¨¦n se estableci¨® en la casa reci¨¦n casado. Fue el 28 de enero de 1934. La vida entonces era agradable en esta casa, en cuya entrada los arquitectos colocaron un bello friso de azulejos en relieve. El inmueble constituy¨® en su tiempo un estimable esfuerzo por aunar habitabilidad y aprovechamiento del espacio disponible. Las distintas viviendas -en total, 86- se distribuyen en torno a once patios interiores que, dada su altura, de s¨®lo seis pisos, resultan muy luminosos.

?Especulaci¨®n a la vista?

Los vecinos, en su mayor¨ªa dedicados o jubilados de profesiones modestas, sospechan que su casa es desde antiguo un apetecido bocado para los especuladores. En 1946 se les conmin¨® a que comprasen sus respectivas viviendas, y muchos de ellos dieron la correspondiente se?al, que algunos todav¨ªa no han recuperado.La explicaci¨®n lleg¨® cuando el 30 de agosto del mismo a?o los vecinos recibieron una notificaci¨®n en la que se les comunicaba la expropiaci¨®n forzosa. El Ministerio de Obras P¨²blicas, que hab¨ªa comprado de tapadillo el edificio, les declar¨® por escrito ocupantes y les privaba de su car¨¢cter de inquilinos.

En un principio se pensaba derruir el inmueble con el fin de ampliar los accesos a la estaci¨®n de Chamart¨ªn, pero, andando el tiempo, los accesos se concluir¨ªan sin necesidad de tocar la casa, ni por ello levantar el car¨¢cter de "edificio a expropiar" que a¨²n conserva. Hasta entonces, las tres propietarias hab¨ªan sido indemnizadas con 15.900.000 pesetas, y los due?os de los tres locales comerciales de los bajos -una carboner¨ªa, una lecher¨ªa y un bar-, con 7.500.000. A los vecinos se les ofreci¨® en un principio 110.000 pesetas. Mediante promesas o advertencias reforzadas con triqui?uelas molestas -como llevarse el freno del ascensor-, los funcionarios ministeriales fueron doblegando las voluntades de algunos vecinos, hasta que 32 de ellos optaron por marcharse.

El Gobierno autoriz¨® la compra de los pisos

Hasta 1969, el Ministerio de Obras P¨²blicas continu¨® pasando los recibos de las mensualidades, que los ocupantes pagaban religiosamente. Hasta que en junio de ese a?o la Administraci¨®n ces¨® de cobrar y se deslig¨® de sus obligaciones como. propietaria de un inmueble habitado. Los inquilinos se vieron obligados a hacer econom¨ªas para hacer frente a los gastos comunitarios, y en marzo de 1973 iniciaron un proceso contencioso-administrativo contra el ministerio. Entonces se enteraron de que se hab¨ªan fijado indemnizaciones a las propietarias de la casa aun antes de que se firmase el acta de expropiaci¨®n.El abandono de los servicios comunes fue en aumento hasta que el a?o pasado el deterioro creciente oblig¨® al ministerio a realizar algunos arreglos en el tejado y conducci¨®n de agua. Ahora, la Administraci¨®n pretende que los vecinos abonen los gastos ocasionados por aquellas obras: en total, 44.800 pesetas.

Durante casi un a?o, los vecinos se vieron obligados a subir a pie hasta sus viviendas, a pesar de que la mayor¨ªa son personas de edad, e incluso entre ellos hay minusv¨¢lidos, porque la empresa mantenedora del ascensor, Eguren Konen, decidi¨® llevarse una pieza del mismo como medio de forzar el pago del servicio de mantenimiento, adeudado por la Administraci¨®n. Los inquilinos viven constantemente bajo este tipo de amenazas, que tambi¨¦n llegan del Canal de Isabel II y de la compa?¨ªa el¨¦ctrica que les suministra fluido para los servicios comunitarios.