El proceso

La apertura del juicio, el viernes que viene, contra los acusados de rebeli¨®n militar por los hechos del 23 de febrero del a?o pasado marcar¨¢ el inicio de una etapa bien controvertida y peligrosa de nuestra convivencia. El hecho de que sea la jurisdicci¨®n militar la ¨²nica que entienda del proceso, salvo en los tr¨¢mites de apelaci¨®n, y el de que las Cortes no hayan querido establecer, como hubieran podido, una comisi¨®n de encuesta sobre el caso no deben provocar el espejismo, querido por algunos, de suponer que en definitiva proceso y sentencias se enmarcan en el universo disciplinario del Ej¨¦rcito. El delito que se juzga no es, desde la l¨®gica y desde el entendimiento com¨²n, exclusiva o primordialmente militar, aunque sea el c¨®digo castrense el que se aplique, y el Consejo Supremo de Justicia asume en esta ocasi¨®n representaciones sociales y responsabilidades hist¨®ricas que trascienden a su habitual cometido. No es posible por lo mismo pedir a la sociedad civil que se inhiba o no se inmiscuya en lo que leg¨ªtimamente es un tema de todos.A la vista se llega despu¨¦s de algunas omisiones o carencias no suficientemente explicadas. La opini¨®n p¨²blica sigue interrog¨¢ndose sobre por qu¨¦ el Gobierno ha sido tan d¨¦bil o la polic¨ªa tan torpe que han resultado incapaces de descubrir la trama civil del golpe, trama que en plena impunidad sigue conspirando. Y sigue pregunt¨¢ndose tambi¨¦n por qu¨¦ no se ha procesado inicialmente a todos los militares que participaron en el asalto al Congreso, aunque luego se les aplicaran en el juicio las atenuantes o eximentes de la obediencia debida en los casos en que procediera. La especie de que se produjo un pacto durante la ocupaci¨®n armada de las Cortes para resolver ¨¦sta sin derramamiento de sangre, y que ven¨ªa a explicar ambas dos interrogantes fundamentales, fue negada enf¨¢ticamente por el propio presidente del Gobierno ante la C¨¢mara, con la reflexi¨®n a?adida de que, aun si hubiera existido acuerdo, ¨¦ste no obligaba en su cumplimiento, toda vez que se habr¨ªa hecho bajo la coacci¨®n.

No se puede decir, en cualquier caso, que el procedimiento jur¨ªdico seguido para sustanciar las responsabilidades por el 23-F resulte el m¨¢s acertado pol¨ªticamente.

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Esta reuni¨®n de altos jefes y generales del Ej¨¦rcito, acusados unos, acusadores otros, codefensores quienes, juzgadores tambi¨¦n, este abigarramiento de uniformes al que hay que a?adir el de los testigos y el de las obligadas medidas de seguridad, contribuir¨¢ a la creaci¨®n de un ambiente denso, soterrado de compa?erismos, lealtades y cargos de conciencia, y acicateado por la inc¨®moda sensaci¨®n de que todo el mundo observa: Prensa, partidos pol¨ªticos, Gobierno, representantes extranjeros, paisanos todos. Una dificultad esencial. estar¨¢ en discernir por parte de no pocos presentes que no es el honor del Ej¨¦rcito o de las personas lo que est¨¢ en juego, ni siquiera el buen nombre de la Corona, tanto como la posibilidad de mantener y soldar la paz civil espa?ola que la Monarqu¨ªa parlamentaria ha hecho posible. En una palabra, que no se trata de juzgar principios morales o comportamientos subjetivos, igual emboscados de pretendido patriotismo que de ambici¨®n no confesada, sino incumplimientos de la ley que deben ser probados, pero que obtuvieron ya el testimonio directo de millones de ojos. La propaganda de los sectores fascistas de este pa¨ªs y de lo m¨¢s reaccionario del pensamiento, las letras y las armas de la caverna hispana, se ha empe?ado durante todo este a?o pasado en resaltar que un tipo de difamaci¨®n institucional contra las Fuerzas Armadas se estaba fraguando en la opini¨®n ciudadana a ra¨ªz del 23-F y que se pretend¨ªa no tanto juzgar a unos acusados concretos como el comportamiento general del Ej¨¦rcito. Esta mendaz campa?a ha venido ayudada de un ac¨®lito mensaje respecto a las supuestas motivaciones ¨²ltimas del golpe: una patria destru¨ªda, asolada por el terrorismo, empobrecida por la crisis, diseminada por las autonom¨ªas justificar¨ªa as¨ª la acci¨®n de los rebeldes que podr¨ªa por lo menos, si no ser compartida, ser disculpada o comprendida en sus or¨ªgenes por un amplio colectivo militar en desacuerdo con estos m¨¦todos, pero en sustancial concordancia con los fines. Nada de ello es cierto. Si el golpe no triunf¨® es precisamente porque la mayor¨ªa de las Fuerzas Armadas respondieron de forma disciplinada a las ¨®rdenes del Rey, y el proceso tiene lugar exclusivamente contra quienes est¨¢n acusados de burlarlas y de levantarse contra la legalidad. Solo aquellos que tratan de utilizar al Ej¨¦rcito para sus propios fines est¨¢n interesados en que este juicio se entienda y se difunda como un enfrentamiento entre la sociedad civil y los institutos armados. El otro objetivo posible es a¨²n m¨¢s descabellado. Se tratar¨ªa de convertir un proceso por rebeli¨®n en un juicio contra el sistema pol¨ªtico que pretendieron derribar los encausados. Si este no es un proceso al Ej¨¦rcito, que lo sea entonces a la Democracia, parecen haberse dicho. Vano empe?o. Ni siquiera aquellos que defienden el oprobio de la dictadura turca, basados en las especiales circunstancias del pa¨ªs, podr¨ªan encontrar una sombra de parecido con el momento pol¨ªtico social y econ¨®mico espa?ol. Querer sentar en el banquillo al ¨²nico r¨¦gimen que viene logrando, con esfuerzo s¨®lo parejo en tama?o a los obst¨¢culos que algunos persisten en levantar, la reconciliaci¨®n pac¨ªfica entre los espa?oles y el triunfo del di¨¢logo sobr¨¦ la sangre es un atentado moral de peor especie que el que perpetran los terroristas que secundan estas intenciones. Y es precisamente desde este sistema de libertades, y con todas las garant¨ªas pol¨ªticas y jur¨ªdicas que a los acusados otorga -en contra del ideario y programa de los propios acusados-, desde el que van a tener lugar la vista y el veredicto.

Conviene al resultado general del proceso y a la urgente normalizaci¨®n pol¨ªtica que se templen los ¨¢nimos y no haya incitaciones o provocaciones de ning¨²n g¨¦nero plausibles de conturbar la serenidad necesaria de los juzgadores. A este empe?o deben por su parte corresponder los jueces, en la sabidur¨ªa de que sus sentencias van a ser necesaria y felizmente sometidas despu¨¦s al veredicto popular que conforma la historia. Existen muchos motivos para exigir a los ciudadanos responsables -y entre ellos a los medios de comunicaci¨®n, desde luego, pero a los funcionarios del Estado tambi¨¦n, y m¨¢s a¨²n si son funcionarios de uniforme- una actitud a un tiempo respetuosa y prudente durante el desarrollo de la vista. Y, entre las causas, no es la menor la de que no exista en ning¨²n caso el alegato de indefensi¨®n por parte de los acusados o la suposici¨®n de presi¨®n indebida sobre el tribunal si ¨¦ste yerra en sus decisiones. A quienes recuerdan los precedentes de los juicios por la operaci¨®n Galaxia o contra el general Atar¨¦s, los m¨¢s cercanos que condenaron al coronel Gra¨ª?o y al capit¨¢n Milans, y los comparan con referencias hist¨®ricas a la represi¨®n franquista contra los militares leales a la Rep¨²blica o al procedimiento habido contra los miembros de la Uni¨®n Militar Democr¨¢tica (UMD), habr¨ªa que reconocerles la oportunidad pol¨ªtica y moral de este recuerdo, pero la necesidad tambi¨¦n de no prejuzgar nada desde el mismo. Porque por una parte es imposible buscar paralelismos entre las medidas represivas de la dictadura y los m¨¦todos de administrar justicia en la democracia, de los que se van a beneficiar ahora los acusados. Y por otra, de los resultados del proceso que ahora empieza no depende exclusivamente la suerte personal de los implicados y se desprender¨¢ un valor pol¨ªtico infinitamente superior al de cualquiera de los ejemplos antedichos. En efecto, si los hechos del 23 de febrero reciben una sanci¨®n que no satisfaga lo mismo a las exigencias de la justicia que a las del sentido com¨²n y a la voluntad de la opini¨®n p¨²blica, los d¨ªas del r¨¦gimen parecen contados. Pues no existe Estado en el mundo que sobreviva a la debilidad ni al miedo frente a amenaza tan evidente como la que hace un a?o sufrimos todos los espa?oles.

No debe caberle ninguna duda al alto tribunal castrense de que en sus manos est¨¢ no s¨®lo la suerte de los acusados por el fiscal, sino la de las eventuales v¨ªctimas de esos mismos acusados, y la del sistema pol¨ªtico que encarna la Corona. Pero la desaparici¨®n de la Monarqu¨ªa parlamentaria abrir¨ªa tal abismo de pretensiones, reivindicaciones y expectativas de tan diverso g¨¦nero, que durante un tiempo prolongado nuestro pa¨ªs se ver¨ªa arruinado por la inestabilidad y los conflictos internos y por la inevitable sumisi¨®n de todo aquel que quisiera gobernar a los intereses y dictados de potencias m¨¢s poderosas. (Dicho sea esto desde la amargura de quien conoce cu¨¢n poco independientes y soberanos son ya en esta instancia los designios de la mayor¨ªa de los pa¨ªses, incluido el nuestro.) Es posible que los propagandistas de un nuevo golpe -que bien podr¨ªa llegar por la simple dejaci¨®n de autoridad del poder en este caso- contemplen ese futuro eventual. sin ninguna aprensi¨®n y hasta con delectaci¨®n, si piensan que ellos ser¨ªan los beneficiarios ¨²nicos. del caos generalizado. Pero ellos mismos han de reconocer que no pocos de los protagonistas de efem¨¦ride tan deleznable sucumbir¨ªan a su propia violencia y a sus ambiciones en el combate incierto por el acoso de las mismas. La ¨²nica soluci¨®n posible para nuestro pa¨ªs en el momento hist¨®rico que vivimos es la permanencia del sistema constitucional que ampara el trono, y la ¨²nica oportunidad de pervivencia de ¨¦ste, como el propio Rey lo demostrara hace ahora un a?o, es el mantenimiento de su compromiso con las libertades. El menosprecio de esta aseveraci¨®n, bajo pretexto de actitudes supuestamente patri¨®ticas o pretendidamente morales, es, creo yo, el verdadero y m¨¢s grave peligro que acecha a quienes de una forma u otra toman parte en la causa que se abre el viernes que viene. La convicci¨®n de que el silencio es ¨²til, si es a un tiempo voluntario y transparente, fruto no del temor sino de la prudencia, nos ha de llevar por lo dem¨¢s a guardarlo en las semanas inmediatas, y a no perturbar la serenidad de ¨¢nimo de los juzgadores, aunque s¨®lo sea porque no pueda decirse que esta serenidad ha sido perturbada. De los juzgadores mismos esperamos que acallen tambi¨¦n los gritos estent¨®reos que sin duda querr¨¢n alzarse en favor de los acusados y que semillen con sus decisiones el sello de la estabilidad pol¨ªtica.