La incompatibilidad de pensiones enfrenta a los sindicatos

Los promotores del anteproyecto de ley de Seguridad Social para los funcionarios civiles del Estado han encontrado su mejor argumento en la viabilidad del proyecto: ser¨ªan elevadas las pensiones de un 90% de los beneficiarios y s¨®lo costar¨ªa a los Presupuestos unos 14.000 millones m¨¢s que ahora. Por el contrario, los oponentes mantienen que "va a perjudicar a casi todos" y es regresivo o, al menos, prematuro. Las elecciones del pr¨®ximo lunes en Muface (Mutualidad General de Funcionarios) dir¨¢n qui¨¦n tiene el respaldo del mill¨®n de beneficiarios.

En 1982, el Estado dedicar¨¢ 65.000 millones de pesetas a pensiones causadas por funcionarios. De dicha cifra, 60.000 millones ir¨¢n para los 150.000 beneficiarios del cap¨ªtulo presupuestario "clases pasivas", otros 3.800 millones para la aportaci¨®n a las mutualidades integradas en Muface (las prestaciones a que dan lugar con otros recursos entre sus 50.000 beneficiarios son complementarias) y 1.600 millones para las no integradas.Adem¨¢s, gasta unos 20.000 millones de pesetas en asistencia sanitaria.

?C¨®mo puede lograrse subir todas las pensiones al 70% ¨® 75% de las ¨²ltimas rentas de activo? La operaci¨®n parece imposible si se piensa que las prestaciones por clases pasivas apenas cubren por t¨¦rmino medio algo m¨¢s del 50% del sueldo y m¨¢s de la mitad de los jubilados reciben de las mutualidades integradas en Muface menos de 5.000 pesetas.

Seg¨²n los promotores, el coste total del proyecto ser¨ªa de 79.584 millones de pesetas en 1982, cantidad que se reducir¨ªa paulatinamente en pesetas de este a?o, hasta llegar a 78.631 millones en el d¨¦cimo ejercicio.

Ambas cifras parten de que los costes por el anticipo de la edad de jubilaci¨®n de 70 a 65 a?os, prevista en el Estatuto de los Funcionarios, son atribuibles a esta ley. Como ahora hay 15.000 funcionarios entre 65 y 70 a?os, deber¨¢ restarse del coste total el imputable al anticipo: 15.388 millones de pesetas en 1982 y 10.309 millones de pesetas al d¨¦cimo a?o. Sin este concepto, pues, el coste total ser¨ªa de 94.972 millones en 1982 y 88.940 en el d¨¦cimo a?o.

Los mayores presupuestos ser¨ªan absorbidos por los conceptos de jubilaci¨®n (62.910 millones de pesetas en 1982, 50.279 al d¨¦cimo a?o), viudedad (31.424 y 24.901 millones, respectivamente) y orfandad (412 y 1.286 millones de pesetas).

La respuesta al anterior interrogante sobre la viabilidad est¨¢ contenida en los principios de la futura Seguridad Social para los funcionarios: sistema ¨²nico, acorde con el actual sistema de S.S general, p¨²blico, suficiente y participativo.

La traducci¨®n pr¨¢ctica de estas palabras implica el rechazo del concepto asegurador del sistema (todo ciudadano debe tener garantizados unos ingresos m¨ªnimos), la incompatibilidad de cualquier pensi¨®n con la ocupaci¨®n de un puesto de trabajo, la incompatibilidad entre pensiones de cualquier r¨¦gimen p¨²blico de S S y la imposibilidad de que las rentas sustitutivas o derivadas de las procedentes del trabajo igualen a las rentas de activo.

Los redactores han insistido en que las pensiones del nuevo sistema nunca ser¨¢n inferiores a la suma de las pensiones de clases, pasivas y mutualidades.

Establece incluso que en los casos en que la nueva normativa pueda suponer p¨¦rdida o reducci¨®n de pensiones habr¨¢ un complemento personal y absorbible.

Los modelos de las organizaciones

El nuevo esquema de SS hace desaparecer toda idea mutual. Si subsisten mutualidades cuando entre en vigor la ley, deber¨¢n autofinanciarse y dejar claro su car¨¢cter privado y voluntario.

En s¨ªntesis, la opini¨®n de las distintas organizaciones y el modelo de S S que esboza cada una en su programa es la siguiente:

-CSIF: Los vocales de las centrales sindicales, que en algunos ministerios se presentan como independientes, podr¨ªan verse condicionados por haber firmado el Acuerdo Nacional sobre Empleo, en el que se ha aceptado el principio de reforma de la S S, que va a perjudicar a los trabajadores, quienes van a pagar con salarios o mayores impuestos la reducci¨®n de las aportaciones de los empresarios. El proyecto va a perjudicar a casi todos, especialmente los mutualistas modestos, mujeres funcionarios y miembros de las mutualidades integradaas. Es necesaria una nueva ley, no cualquier ley; deber¨ªa estar financiada por los funcionarios y el Estado (¨¦ste debe aportar por su doble condici¨®n de patrono y Estado), las incompatibilidades no deben ser retrospectivas. y deben extenderse en su caso a las cotizaciones, las pensiones deben calcularse con un m¨ªnimo del 80% de la base reguladora a los nueve a?os y no del pretendido 50% a partir de los diez a?os, asistencia sanitaria gratuita y sustituci¨®n de la jubilaci¨®n forzosa por la voluntaria o por incapacidad f¨ªsica.

-ANPE: Frente a un borrador totalmente regresivo y que configura las cotizaciones como un impuesto especial, defensa de los derechos adquiridos y no admitir la incompatibilidad de pensi¨®n hasta que se digne implantar una pensi¨®n. Si se admite la incompatibilidad de pensi¨®n, debe admitirse la de trabajo y cotizaci¨®n. No al pago de los servicios primarios sanitarios. Mejor ley de Seguridad Social, asistencia sanitaria eficaz, m¨¢s prestaciones y agilidad en su consecuci¨®n, elevaci¨®n de cantidades por pr¨®tesis y mejor atenci¨®n a los minusv¨¢lidos.

-Candidatura Democr¨¢tica y Progresista: Frente a la defensa de los intereses cooperativos de cuerpos minoritarios y el boicoteo ejercido al anteproyecto de ley por las siglas ANPE y CSIF, ley que d¨¦ una salida a las insuficiencias, injusticias y discriminaciones actuales. Una ley claramente progresista que recoja fundamentalmente la unificaci¨®n de tipos de cotizaci¨®n, bases reguladoras formadas por la totalidad de los ingresos, el mismo tipo de prestaciones para todos, revisi¨®n autom¨¢tica de prestaciones, igualdad de las mismas para hombre y mujer, c¨®mputo rec¨ªproco de cotizaciones superponibles, incompatibilidades que supriman privilegios, control democr¨¢tico del nuevo sistema.

-FESPE: Sistema de protecci¨®n global y realista al servicio de todos los funcionarios y sin privilegios, nueva ley con prestaciones justas y suficientes, gesti¨®n democr¨¢tica y descentralizada, mejora de la asistencia sanitaria, servicios de urgencia efectivos, potenciaci¨®n de los centros comarcales, ampliaci¨®n del n¨²mero de m¨¦dicos, incremento de las plazas de hospitalizaci¨®n, atenci¨®n de la asistencia sanitaria a los hijos mayores de edad, negociaci¨®n o refrendo de los convenios con entidades m¨¦dicas por las juntas provinciales especiales a los casos espec¨ªficos.

-UCSTE: Ley que recoja la gratuidad total de los servicios, m¨ªnimo suficiente para las pensiones, el Estado como empresario debe asumir su responsabilidad econ¨®mica respecto a nuestra Seguridad Social, necesidad de unos ¨®rganos aut¨¦nticamente representativos, informar puntualmente de todos los contratos con entidades privadas, oferta del sindicato para canalizar denuncias sobre irregularidades en el funcionamiento.