El caso del Banco de Descuento puede pasar a la Audiencia Nacional

Tras la detenci¨®n de cuatro exadministradores del Banco de Descuento durante casi una semana y la denuncia de otros ocho, acusadores y acusados se han encerrado en un silencio impenetrable para perfilar sus estrategias jur¨ªdicas. Al susto de los calabozos, a ra¨ªz de la denuncia por irregularidades que parecen superar los dos mil millones de pesetas, puede seguir el probable paso del asunto a la Audiencia Nacional, para imprimir celeridad al posible proceso. Pero la accidentada historia del banco ha dejado en los tribunales otras causas y pleitos que dar¨¢n que hablar por mucho tiempo.

El caso penal del Banco de Descuento se presenta desde el punto de vista jur¨ªdico tan enrevesado como el del Banco de Navarra. Si uno abri¨® el tratamiento institucional de las crisis bancarias, el otro lo ha cerrado, al menos provisionalmente. En los cuatro a?os que median (1978-1981), han sido "operadas" en el "hospital de bancos" una docena de entidades. Los m¨¦dicos han dicho que muchas enfermaron por olvidos del C¨®digo Penal.Pero s¨®lo se han conocido varios procesamientos y fugaces visitas a los calabozos o a la c¨¢rcel, salvo en el caso del expresidente del Navarra, Juan Palomeras Bigas, que lleva en prisi¨®n algunos meses por no haber encontrado dinero para la fianza.

Pese a que en medios del Banco de Descuento las operaciones objeto primero de querella y luego de denuncia policial se consideran m¨¢s burdas y elementales que en otros casos, la previa mara?a judicial no contribuye a esclarecer el caso. Hay evidencia sobre la gravedad de algunas operaciones, parad¨®jicamente conocidas gracias a uno de los luego denunciados. Est¨¢ en vigor la orden a la polic¨ªa de fronteras para impedir la salida de los anteriores gestores.

En este contexto, fuentes cercanas al Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos Bancarios, entidad creada por la banca privada y el Banco de Espa?a y que hace de "hospital", se han mostrado dispuestas a llevar el asunto a la Audiencia Nacional. La decisi¨®n se produce despu¨¦s de que se inhibiera por incompatibilidad el juez encargado durante dos meses de la querella, as¨ª como tras la puesta en libertad de los detenidos, por su sucesor, sin el procesamiento y la prisi¨®n incondicional pedidas por la acusaci¨®n privada y, la p¨²blica (fiscal).

Los cuatro detenidos eran el ex presidente del Descuento, Diego de Prado y Col¨®n de Carvajal; los ex consejeros, Federico Bonet y Jorge L¨®pez D¨®riga y el ex interventor, Alberto Fernandez Garc¨ªa. La denuncia presentada por la Brigada de Estafas, el pasado 23 de febrero, se extend¨ªa tambi¨¦n a otros ocho ex administradores, entre ellos, el ex ministro de Relaciones Sindicales y ex presidente del Consejo de Econom¨ªa Nacional, Enrique Garc¨ªa Ramal, as¨ª como a un hijo suyo. El juez no se ha pronunciado sobre la situaci¨®n de estos.

El precio de un metro

El principal argumento es que varios de los hechos incluidos en la querella, y dos meses despu¨¦s en la denuncia ante la Brigada de Estafas, ocurrieron fuera de Madrid. Es el caso de la sobrevaloraci¨®n de inmuebles a efectos de posterior compra por el Banco. El sobreprecio que resulta m¨¢s notorio es el de las operaciones realizadas en Algeciras y Villanueva de la Serena, que fueron colocados al Banco de Descuento a precios similares o superiores a los que vale el metro cuadrado en la Avenida de la Castellana, en Madrid. La territorialidad de estas y otras operaciones crediticias podr¨ªa retrasar el eventual proceso, en opini¨®n de los actuales administradores.Por el contrario, fuentes pr¨®ximas a los ex responsables del Banco opinan que procesalmente no corresponde a la Audiencia Nacional y que se trata fundamentalmente de un asunto civil. A su juicio, el juez ver¨¢ si los balances u otras cuentas son irregulares o no.

Los actuales gestores del Banco descubrieron los hechos denunciados a partir del d¨ªa 20 de noviembre pasado. Dos d¨ªas antes, el Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos consigui¨® que los consejeros de la entidad y de Castellana 13 (empresa titular de acciones del Descuento) les cedieran cerca del 70% del capital, al precio de una peseta por acci¨®n y tras comprometer garant¨ªas personales y reales sobre d¨¦bidos reconocidos.

Denunciante denunciado y preso

Personas que siguen el caso han querido atribuir la denuncia a Alberto Fern¨¢ndez Garc¨ªa, exinterventor del Banco que luego fue a su vez denunciado y detenido, junto a Diego de Prado y Col¨®n de Carvajal, expresidente; y los exconsejeros Federico Bonet y Jorge L¨®pez D¨®riga. La afirmaci¨®n no ha podido ser contrastada con el implicado, que ya no trabaja en la entidad.Lo cierto es que, con inusitada antelaci¨®n respecto a otros bancos intervenidos, los administradores nombrados por el Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos pudieron conocer la existencia de una Caja B dedicada a pagar extratipos, numerosos anticipos de caja no justificados por los administradores (algunos de millones de pesetas), sobresueldos a los empleados que colaboraban diligentemente con las pretensiones de los consejeros, documentos aparentemente falsificados (uno de ellos llevaba la firma de una persona que estaba de vacaciones el mes de la fecha), renovaci¨®n de cr¨¦ditos a los exconsejeros, etc¨¦tera.

Tal fue el c¨²mulo de irregularidades conocidas en los primeros d¨ªas, que uno de los nuevos administradores lleg¨® a decir que el Banco hab¨ªa sido v¨ªctima en los ¨²ltimos a?os de tina "operaci¨®n de orde?o", quiz¨¢ con la esperanza de que a medio plazo pasase a otros due?os. Para situar estas afirmaciones, hay que remontarse a los primeros pasos de la entidad.

Primeros pasos

El Banco de Descuento recibi¨® autorizaci¨®n administrativa el 24 de enero de 1973, al amparo de la legislaci¨®n dictada desde el Ministerio de Hacienda por Alberto Monreal Luque. Fue inscrito en el Registro de Bancos el 24 de mayo de ese a?o, comienzo del ¨²ltimo ciclo de crisis econ¨®mica y verdadera rampa de grandes planes de expansi¨®n del sector, que desde entonces ha m¨¢s que duplicado su n¨²mero de oficinas en Espa?a. El 2 de julio empezaba a operar.Nacido con 1.500 millones de pesetas de capital, la mitad pendiente de desembolso, en su primer semestre de vida re¨²ne 2.115 millones de pesetas, da cr¨¦ditos por una tercer parte y contabiliza 45 millones de beneficios. Sus propietarios principales y administradores eran Jaime Camu?as Sol¨ªs, hermano del exministro de UCD, Francisco Toda de Diezma (vicepresidente), Jorge L¨®pez-D¨®riga y Tobar (consejero-delegado), y otra docena de consejeros.

Desde entonces, apenas ha generado beneficios para distribuir a sus accionistas y reforzar con reservas sus recursos propios, que no han llegado a los 2.600 millones, aunque en 1980 hizo una ampliaci¨®n de capital por 450. En recursos ajenos, el a?o de mayor expansi¨®n relativa fue 1975, cuando rond¨® los 7.000 millones. Los tres siguientes estuvieron estabil¨ªzados, en torno a los 8.000 millones, y a mediados de 1981 llegaba a sobrepasar los 17.000 millones en cuentas acreedoras, nivel similar al existente cuando entr¨® en Fondo. Estaba entonces en 26 oficinas y 330 trabajadores.

A principios de 1975, varios consejeros, entre ellos Federico Fern¨¢ndez Tubau y Francisco Valc¨¢zar Grande, venden a Rumasa sus participaciones, al igual que otro grupo de peque?os accionistas, en su mayor¨ªa gallegos. El caso es que, por el 28% del capital, Rumasa pag¨® 1.164 millones de pesetas. Y ocho meses despu¨¦s lleg¨® a un acuerdo con el presidente y otros consejeros para venderle el mismo paquete por 3.356 millones.

Problemas en el consejo

Como los bancos de nueva creaci¨®n ten¨ªan prohibida la venta de acciones durante los dos primeros anos, per¨ªodo luego ampliado a cinco, las acciones de la primera venta hab¨ªan quedado pignoradas en espera de realizar la venta formal. Sin embargo, el resto del consejo se mostr¨® dispuesto a llevar en asunto a los tribunales al enterarse, pero el entonces Gobernador del Banco de Espa?a, Luis Coronel de Palma, favoreci¨® el acuerdo con Rumasa, operaci¨®n cerrada en 3.356 millones. El paquete fue adquirido por el grupo Castellana 13, que deb¨ªa pagar 500 millones de pesetas en aquel momento y el resto en letras avaladas por el Banco y espaciadas en el tiempo, la ¨²ltima con vencimiento a 9 de octubre de 1979.Dado que Castellana 13 hab¨ªa sido constituida desde el Banco de Descuento, una posterior inspecci¨®n del Banco de Espa?a recomienda que se privatice y sus consejeros, que tambi¨¦n lo eran del Descuento, desembolsaran los 1.800 millones que ten¨ªan entonces en acciones en su poder. As¨ª, los consejeros aportaron como suyo un dinero que, al parecer, proced¨ªa de cr¨¦ditos del Descuento.

Camu?as fue cesado en ese contexto, hacia finales de 1977. Diego de Prado y Col¨®n de Carvajal ascendi¨® de consejero a presidente. Pero lleg¨® el ¨²ltimo plazo de pago a Rumasa (664 millones) y no fue satisfecho. Cuando empezaron a llegar las reclamaciones, los administradores del Descuento alegaron nulidad del contrato, por presunta ilegalidad en la adquisici¨®n por Rumasa y le demandaron por enriquecimiento injusto e intereses unos 4.000 millones de pesetas, en junio de 1980. Un a?o despu¨¦s. cuando los administradores del Descuento empezaron a ganar recursos contra embargos (en algunos casos con la consideraci¨®n judicial de nulidad de contrato), el grupo de Ruiz Mateos se querell¨® contra ellos por presuntas estafas; acusa a Castellana 13 de haber sido constituida con dinero procedente del Descuento y la intenci¨®n de no cumplir los compromisos contraidos.