Entre Londres y Bilbao

LAS INFORMACIONES sobre -el juicio oral celebrado en Bilbao el pasado martes contra ocho mujeres acusadas de aborto, acompa?adas en el banquillo por tres personas que las ayudaron a realizarlos, plantea de nuevo, con la crudeza de las circunstancias concretas que concurren en este caso, no ya los problemas morales inherentes a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo, sino' las caracter¨ªsticas de las leyes penales vigentes en nuestro pa¨ªs y la aplicaci¨®n que de esa normativa hacen los tribunales.En el debate ¨¦tico sobre el aborto son defendibles opiniones muy diversas, situadas todas ellas dentro del terreno com¨²n de la concepci¨®n humanista de los derechos de la persona. Es cierto que algunos, llevados por su intolerancia, tratan a veces de ahogar con la agresi¨®n verbal y los insultos descalificadores una discusi¨®n que exigir¨ªa rigor en los argumentos y voluntad de comprender -en vez de aplastar- al discrepante. Pero de todos es sabido que los monopolistas por oficio del humanismo cristiano no siempre son capaces de ejercer la caridad cristiana espec¨ªfica o de aplicar los principios gen¨¦ricos del humanismo. Jos¨¦ Ferrater Mora ha escrito recientemente que "aborto y no aborto son elecciones igualmente leg¨ªtimas y aceptables dentro del contexto de la idea de tolerancia"; ahora bien, "en la medida en que quienes se oponen al aborto en cualquier caso, y a fortiori se oponen a la libertad de elecci¨®n de abortar, son intolerantes, estimo que no se puede ser tolerantes con ellos, salvo en la medida en que se puede seguir ofreci¨¦ndoles oportunidad de airear sus opiniones". Mientras nuestros Torquemadas locales apilan le?a verde para reducir al silencio a sus contradictores, la discusi¨®n de moralistas, soci¨®logos y juristas en el mundo civilizado sobre los delitos sin v¨ªctima se centra mucho mas sobre el derecho a la elecci¨®n de la mujer embarazada que en torno a especulaciones generales sobre el derecho al aborto. Muy pocos niegan que la interrupci¨®n voluntaria del embarazo plantea un delicado conflicto entre valores positivos, pero pocos afirman que la vida de la madre deba ser sacrificada en provecho de un huevo que acaba de ser fertilizado.

El juicio de Bilbao, sin embargo, obliga a hacer descender ese debate desde los elevados cielos de la teor¨ªa al suelo concreto de la legislaci¨®n penal, que castiga en Espa?a las pr¨¢cticas abortivas y que los jueces tienen que aplicar muchas veces con graves problemas de conciencia.Porque no es el Poder Judicial, sino el Poder Legislativo, el gran responsable de esa sangrante injusticia de la que son v¨ªctimas las mujeres sin medios econ¨®micos a quienes la salud, la pobreza o la angustiosa situaci¨®n familiar de tener que trabajar y cuidar de la prole obligan a abortar. Seg¨²n informaciones oficiosas, el grupo parlamentario centrista se dispone, sin embargo, a mantener pr¨¢cticamente intactos, en la anunciada reforma del C¨®digo Penal, los art¨ªculos que condenan a un m¨ªnimo de seis meses y un d¨ªa y a un m¨¢ximo de seis a?os a la mujer que se produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, y con penas igualmente severas -a¨²n mayores cuando se trata de m¨¦dicos- a las personas que les ayudaran en esa penosa decisi¨®n.

Ocurre, sin embargo, que el aborto, estrictamente prohibido, sa?udamente perseguido y severamente castigado como delito dentro de nuestras fronteras, es una pr¨¢ctica legal en otros pa¨ªses europeos, a los que las mujeres espa?olas acuden, cuando disponen de la informaci¨®n y de los medios econ¨®micos necesarios, para interrumpir sus embarazos. Sucede, as¨ª, que una brit¨¢nica podr¨ªa ser castigada a seis. a?os de prisi¨®n por abortar en. Espa?a durante sus vacaciones veraniegas, mientras que a una espa?ola le basta con trasladarse a Inglaterra para realizar -con completa libertad, protecci¨®n legal y debida asistencia hospitalaria y cl¨ªnica- una interrupci¨®n del embarazo que en su propio pa¨ªs s¨®lo podr¨ªa llevar a cabo en s¨®rdidas condiciones de clandestinidad, sin ayuda m¨¦dica legal y con riesgo de ingresar en la c¨¢rcel durante una buena temporada. No deja de ser una chirriante paradoja de que los gobiernos del Viejo Continente -entre ellos el espa?ol- proclamen la urgencia de un espacio judicial y policial europeo, pero no se planteen la conveniencia de un espacio penal com¨²n que, cuando menos, iguale los criterios que se utilizan para Considerar delictivas las conductas de los ciudadanos.

El mejor ejemplo de que existen situaciones de discriminaci¨®n y desigualdad que superan la imaginaci¨®n de cualquier demagogo es el hecho de que el aborto realizado por una mujer espa?ol ser¨¢ o no delito exclusivamente en funci¨®n de que la interesada carezca o disponga de los ingresos y la informaci¨®n suficientes para viajar a Londres y pagar los honorarios de una cl¨ªnica. El juicio de Bilbao, por lo dem¨¢s, ha mostrado hasta qu¨¦ l¨®bregos extremos de sordidez y de riesgo para la salud o la vida pueden llegar en Espa?a las pr¨¢cticas abortivas precisamente como consecuencia de la situaci¨®n de clandestinidad e irresponsabilidad a que la ilicitud penal les condena de manera irremisible. Las mujeres de humilde condici¨®n y m¨ªsero nivel de vida que no tienen ni el dinero ni los contactos necesarios para trasladarse al Reino Unido arrostran, con la decisi¨®n de interrumpir su embarazo no s¨®lo el riesgo de una pena de prisi¨®n menor sino tambi¨¦n graves peligros para su salud y su vida, derivados de la inexistencia de cuidados m¨¦dicos y atenci¨®n hospitalaria para la realizaci¨®n del aborto. Injusticia tanto mas brutal cuanto que la mayor¨ªa de las veces la decisi¨®n de abortar no es un capricho, sino una necesidad motivada por causas -desde la salud precaria hasta la penuria de unos hogares en los que la mujer a la vez trabaja como asalariada y cuida de una numerosa familia- que s¨®lo la monstruosidad moral y la hipocres¨ªa de los puritanos puede ignorar.