Las incompatibilidades

Se comienza a debatir hoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados, la ley de Incompatibilidades. En opini¨®n del autor, este texto de UCD, es deficiente en aspectos tan importantes como en la elusi¨®n de este sistema al cuerpo m¨¦dico y al tratamiento no radical de la incompatibilidad de los pol¨ªticos. Se esbozan aqu¨ª cu¨¢les deber¨ªan ser las directrices alternativas, y se manifiesta la oposici¨®n que el articulado actual recibir¨¢ del grupo socialista.

El debate parlamentario de las incompatibilidades ha calado profundamente en la opini¨®n p¨²blica, que, preocupada por el asunto, va tomando postura a favor de una u otra de las diferentes posiciones que ante este tema mantienen los partidos pol¨ªticos. Esto, para que no se diga que el Parlamento no se ocupa nunca de los temas que interesen a la calle.Desde el momento en que comenz¨® el debate sobre incompatibilidades, all¨¢ por el oto?o de 1980, los socialistas manifestamos que nos guiaban tres objetivos fundamentales: contribuir a la lucha contra el paro, moralizar nuestra vida pol¨ªtica y racionalizar el funcionamiento de la Administraci¨®n p¨²blica.

En cuanto al problema del paro no creemos que la aplicaci¨®n de un riguroso sistema. de incompatibilidades vaya a generar muchos puestos de trabajo, pero s¨ª estamos firmemente convencidos que cuando todo el pa¨ªs est¨¢ empe?ado en ese combate singular y dif¨ªcil que es acabar con el desempleo, cuando los trabajadores en activo han hecho renuncias importantes en sus negociaciones salariales para contribu¨ªa crear nuevos puestos de trabajo, la Administraci¨®n y el Gobierno que la dirige no pueden ser tan insensibles como para no aplicarse los primeros unas reglas m¨ªnimas contra el pluriempleo.

Aunque la aplicaci¨®n de las incompatibilidades no supusiera la creaci¨®n de un solo puesto de trabajo -que en determinados sectores como la medicina puede suponerlo y de manera importante- el Gobierno estar¨ªa obligado a dar ejemplo con las incompatibilidades y a ello se comprometi¨® con las fuerzas sociales y econ¨®micas del pa¨ªs en el acuerdo nacional sobre el empleo.

Pero, lamentablemente, el tema afecta a los propios bolsillos de algunos de nuestros legisladores, y la situaci¨®n en las C¨¢maras es m¨¢s complicada que cuando se trata de legislar sobre la agricultura de monta?a. Porque -de ah¨ª nuestra insistencia en la moralizaci¨®n de la vida p¨²blica- los pol¨ªticos instalados en el poder y herederos de las prebendas del viejo sistema se resisten a moralizarse, a adaptar sus condiciones, "econ¨®micas" al nuevo sistema democr¨¢tico y prefieren como en los viejos tiempos, acumular funciones y sueldos, aunque los mismos no provengan de un trabajo "regular y cont¨ªnuo" que deba remunerarse.

Como el viejo sistema ten¨ªa inventados los mecanismos (consejos de administraci¨®n de empresas p¨²blicas, asesor¨ªas de ministerios, excedencias que permiten seguir percibiendo beneficios, m¨²ltiples puestos en el aparato estatal, etc¨¦tera), no ha habido m¨¢s que dejar que contin¨²e la inercia para que aparezcan los diputados-presidentes de empresas p¨²blicas, diputados-asesores-funcionarios, diputados-ministros-registradoresnotarios, diputados-presidentes de Diputaci¨®n-presidentes ¨®rganos auton¨®micos-funcion arios, y todo ello, con sus correspondientes sueldos. En los esca?os que yo me siento, afortunadamente para el pa¨ªs, la mayor¨ªa somos solamente diputados diputados.

Y, finalmente, hab¨ªa que racionalizar el funcionamiento de nuestra Administraci¨®n para poder reformarla y adaptarla a las exigencias constitucionales. Y para ello se impon¨ªa acabar con la posibilidad de que un funcionario desempe?e dos o m¨¢s puestos de la estructura burocr¨¢tica, en condiciones, en muchos casos ilegales, que nadie vigila ni corrige.

En nuestro pa¨ªs, las incompatibilidades parlamentarias tienen una vieja tradici¨®n que culmina con leyes muy precisas tanto de la Restauraci¨®n como de la Rep¨²blica. La aplicaci¨®n pura y simple de cualquiera de estas leyes a nuestra situaci¨®n actual obligar¨ªa a perder su esca?o o sus otros puestos a un n¨²mero considerable de diputados y senadores.

Hacia estas situaciones tendremos que aproximarnos, por muchas resistencias que el tema suscite en nuestras C¨¢maras.

Cuando por ah¨ª fuera se habla de las incompatibilidades, todo el mundo entiende que son aquellas limitaciones que se establecen en la funci¨®n p¨²blica en relaci¨®n con el ejercicio de otras actividades privadas que por rozar el inter¨¦s general, al que el funcionario se debe, resultan cabalmente incompatibles. Entre nosotros, adem¨¢s de la relaci¨®n entre el inter¨¦s p¨²blico y el privado, de lo que hay ejemplos incre¨ªbles en los estratos superiores de nuestra Administraci¨®n, por incompatibilidad funcionarial ha de entenderse tambi¨¦n el desempe?o simult¨¢neo de dos o m¨¢s puestos de la estructura burocr¨¢tica, en algunos casos durante el mismo horario de trabajo.

Argucias administrativas

Esta singular forma de pluriempleo, o de plurisueldo, porque a veces a uno de los sitios s¨®lo se va a cobrar, o ni siquiera a eso, si a uno se lo pasan por banco, resulte posible por determinadas argucias administrativas, fomentadoras de la corrupci¨®n, como que la Seguridad Social no es Administraci¨®n p¨²blica o que las administraciones p¨²blicas no puedan ser comunicables entre s¨ª. Esto ha generado en algunos casos, verdaderas "bolsas de pluriemplo" donde ¨¦ste no es la excepci¨®n, sino la regla. El ejemplo m¨¢s curioso y singular es, sin duda, el de la medicina, pero la presi¨®n de los m¨¦dicos ha conseguido ya quedar excluidos de esta ley.

El tema resulta inquietante en una Administraci¨®n que debe ser profesionalizada y neutral, y cuando algunos defendemos que la dedicaci¨®n exclusiva, adecuadamente retribuida, debe ser la manera normal de prestar sus servicios por los funcionarios p¨²blicos, se nos tacha de ut¨®picos.

La comisi¨®n correspondiente del Congreso de los Diputados ha elaborado un texto de ley de Incompatibilidades fruto de las propuestas de UCD, apoyada por Coalici¨®n Democr¨¢tica y la Minor¨ªa Catalana, con la que los socialistas estamos en radical desacuerdo y a la que nos vamos a oponer frontalmente. Creemos que no se va a conseguir con esta ley ninguno de los objetivos que nos hab¨ªamos propuesto.

Pues, por ejemplo, en lo que respecta a la creaci¨®n de nuevos puestos, se puede decir sin temor que lo que la ley va a hacer, va a ser legalizar -por medio de la jornada reducida- situaciones que son claramente ilegales.

Al quedar excluidos de la misma los colectivos m¨¢s afectados, como los m¨¦dicos, es evidente que carece de fuerza para obligar a otros mucho menos afectados Y, finalmente, al no haber incluido, de una manera radical, las incompatibilidades de los pol¨ªticos, nadie va a pensar que pueda aplicarse seriamente.

Nuestra Administraci¨®n p¨²blica ha perdido una magn¨ªfica ocasi¨®n de modernizarse, y ello a pesar de que la mayor¨ªa de los funcionarios est¨¢n, sin duda, de acuerdo en que se establezca un sistema riguroso de incompatibilidades.

Esta vez s¨ª, la culpa la tienen claramente los pol¨ªticos, algunos pol¨ªticos de la derecha.