El Gobierno da preferencia a leyes coyunturales sobre las que configuran el Estado democr¨¢tico y desarrollan la Constituci¨®n

"Cuando se habla en el Parlamento con las gentes de UCD, la impresi¨®n que dan es de que est¨¢n cerrando la tienda...". Estas palabras de la diputada socialista Mar¨ªa Izquierdo reflejan la situaci¨®n de liquidaci¨®n de la legislatura en que se encuentran las Cortes Generales, a poco m¨¢s de dos meses de que finalice el actual per¨ªodo de sesiones y en la incertidumbre de si en septiembre se iniciar¨¢ otro o estar¨¢n disueltas las C¨¢maras. El Gobierno y los principales partidos parlamentarios se debaten entre consumir el plazo legislativo pendiente en la tarea de construcci¨®n del nuevo Estado democr¨¢tico surgido de la Constituci¨®n o en aprovechar los meses pendientes para colocarse en mejor posici¨®n para la carrera electoral.

La propia proximidad de las elecciones generales -con disoluci¨®n anticipada o sin ella- plantea, en la l¨®gica de las previsiones parlamentarias urgentes, la elaboraci¨®n de una ley electoral, exigida por la Constituci¨®n e imprescindible para que los pr¨®ximos comicios no se rijan por el decreto-ley de marzo de 1977. La virtualidad de un eventual recurso futuro contra unas elecciones que se celebrar¨¢n con arreglo a unas normas electorales obsoletas y, seg¨²n muchos juristas, sin vigencia actual, significar¨ªa la puntilla para la d¨¦bil democracia espa?ola.Sin embargo, ni el Gobierno ni el primer partido de la oposici¨®n han incluido en sus cat¨¢logos respectivos de prioridades legislativas la elaboraci¨®n de la ley electoral. Leopoldo Calvo Sotelo justifica esta omisi¨®n gubernamental en la dificultad de obtener un acuerdo entre las distintas fuerzas parlamentarias para una ley "que afecta a lo m¨¢s sustancial de las posiciones y las expectativas pol¨ªticas". Un destacado dirigente del Grupo Parlamentario Socialista, Virgilio Zapatero, explica la no presentaci¨®n de una proposici¨®n de ley electoral en el peligro de que, dado el actual equilibrio de fuerzas, la iniciativa pudiera desencadenar una modificaci¨®n de las normas electorales perjudicial para el PSOE.

El mismo Gobierno, que considera que no hay tiempo para abordar una ley del calado de la electoral, parece decidido a plantear ante el Parlamento, a estas alturas de la legislatura, nada menos que la regulaci¨®n de la televisi¨®n privada, mediante dos leyes que reunen todas las dificultades pol¨ªticas imaginables, tanto por el car¨¢cter de org¨¢nica de una de ellas -con la consiguiente exigencia de mayor¨ªa absoluta de cada C¨¢mara- como por el establecimiento en la otra de criterios, ¨®rganos y condiciones para la concesi¨®n de licencias.

El borrador de proyecto de ley ordinaria por el que el Gobierno pretende regular la gesti¨®n indirecta del servicio p¨²blico de televisi¨®n, mediante licencias por plazos de seis a?os, prorrogables por per¨ªodos sucesivos de tres, puede convertirse en manzana de la discordia de imprevisibles consecuencias. El criterio sustentado por el Gobierno es evitar la parlamentarizaci¨®n de la concesi¨®n de licencias, y para eso propone que los doce miembros del ¨®rgano encargado de concederlas, la denominada Comisi¨®n Nacional para la Radiodifusi¨®n y la Televisi¨®n -cuyas resoluciones "agotar¨¢n la v¨ªa administrativa", seg¨²n el anteproyecto de ley ordinaria-, sean designados libremente por el Ejecutivo.

UCD quiere 'administrar' la televisi¨®n privada

Este prop¨®sito, que hubiera sido f¨¢cil acometer por la v¨ªa del decreto, que el verano pasado intent¨® P¨ªo Cabanillas "para asegurar con tiempo suficiente el pluralismo televisivo en las pr¨®ximas elecciones", choca ahora, despu¨¦s de la sentencia del Tribunal Constitucional resolviendo el recurso de amparo de Antena 3, con la necesidad de que sea el propio Parlamento, mediante sendas leyes, el que conceda carta blanca al Gobierno para el otorgamiento de licencias. El propio Cabanillas explic¨® a este peri¨®dico la conveniencia de que esta tarea no sea atribuida a un ¨®rgano elegido por las Cortes, y puso como ejemplo la inoperancia del Consejo de Administraci¨®n de RTVE.El criterio de Cabanillas y de otros miembros de? Gobierno es que corresponde al Ejecutivo administrar la televisi¨®n privada, aunque los designados para hacerlo queden sometidos a la alternancia en el poder derivada de los resultados de las elecciones. "Es preferible sustituir cada cuatro a?os a determinados cargos que repartirse la tarta mediante nombramientos por consenso que dificultan el funcionamiento del ¨®rgano", manifest¨® el actual ministro de Justicia. Fuentes socialistas trataron de desmontar este argumento llev¨¢ndolo hasta sus ¨²ltimas consecuencias, esto es, a la gubernamental iz aci¨®n de ¨®rganos elegidos por altas mayor¨ªas parlamentarias, como el propio Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y otros.

Los documentos sobre prioridades legislativas facilitados por el Gobierno y el PSOE, y que ser¨¢n objeto de discusi¨®n, junto con los de los restantes grupos parlamentarios, el pr¨®ximo jueves, en la reuni¨®n de la Junta de Portavoces del Congreso, muestran algunos puntos de fricci¨®n. Hay que tener en cuenta que el nuevo reglamento de la C¨¢mara atribuye a la Mesa, entre otras funciones para la organizaci¨®n del Congreso, las de "programar las l¨ªneas generales de actuaci¨®n de la C¨¢mara, fijar el calendario de actividades del Pleno 31 de las Comisiones para cada per¨ªodo de sesiones ( ... ), todo ello previa audiencia de la Junta de Portavoces".

La Mesa decidir¨¢ el calendario

La aprobaci¨®n del reglamento, con posterioridad al inicio del per¨ªodo de sesiones febrero-junio, impidi¨® a la Mesa fijar el calendario legislativo en febrero. De ah¨ª la importancia de la reun¨ª¨®n del jueves pr¨®ximo, tras de la cual corresponder¨¢ a la Mesa establecer las prioridades, aunque el Gobierno, continuar¨¢ facultado para presentar y retirar proyectos de ley y a solicitar la tramitaci¨®n por procedimiento de urgencia.En la propuesta gubernamental de prioridades se incluyen algunas no contempladas por los socialistas, como la ley de Bases de R¨¦gimen Estatutario de los Funcionarios P¨²blicos y la que regula el ejercicio de derechos y libertades por los funcionarios de las administraciones p¨²blicas, y la del impuesto sobre el valor a?adido. En cambio, los socialistas consideran prioritarias las siguientes leyes, no estimadas como tales por el Gobierno: ley org¨¢nica autorizando la constituci¨®n de la comunidad aut¨®noma uniprovincial de Madrid, ley sobre el transporte colectivo urbano de superficie, ley de financiaci¨®n de ayuntamientos, reforma del Estatuto de Centros Docentes y ley de modificaci¨®n de plantillas presupuestarias de los cuerpos de instituciones Penitenciarias y creaci¨®n del cuerpo de servicios generales.

Asimismo, entre las leyes que el Gobierno propone "dejar para septiembre", figuran algunas para las que el PSOE pide tramitaci¨®n preferente en el per¨ªodo de sesiones que concluye en junio. Son las siguientes: ley de bases de la Administraci¨®n Local, Estatuto del consumidor, ley de derecho de asilo, ley sobre cooperativas y ley org¨¢nica del poder judicial. Dentro tambi¨¦n del horizonte del pr¨®ximo per¨ªodo de sesiones, el Gobierno sit¨²a la ley de reforma del procedimiento administrativo, reforma parcial del C¨®digo de Justicia Militar, ley del sistema tributario local, ley de enjuiciamiento criminal, ley general de comercio interior y de defensa de la competencia, ley de emigraci¨®n, ley de ordenaci¨®n y fomento del seguro privado y, como es obvio, los Presupuestos Generales del Estado para 1983.

?D¨®nde queda el desarrollo de la Constituci¨®n?

Muchas de estas leyes que, casi con toda seguridad, no ser¨¢n aprobadas en este per¨ªodo de sesiones y ni siquiera en la actual legislatura, vienen exigidas por la Constituci¨®n de 1978, a la que desarrollan. Junto a ellas, existe un extenso paquete de proyectos procedentes del programa legislativo dise?ado por el Gobierno en junio de 1979. En aquel momento fueron presentados como una primera etapa del desarrollo de la Constituci¨®n, pero del programa de cincuenta leyes proyectadas para un a?o, apenas una docena de ellas han visto la luz en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, y no llegan a diez las que se encuentran en tr¨¢mite.Entre las procedentes de aquel paquete de desarrollo constitucional del ¨²ltimo Gobierno Su¨¢rez y que permanecen todav¨ªa in¨¦ditas, figuran leyes tan importantes como la org¨¢nica de la defensa y de la organizaci¨®n militar, la de creaci¨®n de polic¨ªas por las comunidades aut¨®nomas, la de regulaci¨®n de la huelga, la de protecci¨®n p¨²blica a la vivienda, las de adaptaci¨®n a la Constituci¨®n de las leyes generales presupuestaria y tributaria, la ley de protecci¨®n del medio ambiente, la de ordenaci¨®n del territorio, la de sanidad, la reforma de la ley de expropiaci¨®n forzosa y la ley general de la Seguridad Social.

Otros proyectos de leyes que respondieron a la voluntad pol¨ªtica reformista y modernizadora de los primeros Gobiernos de la transici¨®n han quedado truncados con la subida al poder de Leopoldo Calvo Sotelo, la progresiva debilidad pol¨ªtica de UCD y el traslado del punto de gravedad de su grupo parlamentario desde el centro a la derecha. La reforma fiscal emprendida por Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez ha quedado a mitad de camino por las dificultades internas de UCD para llevar adelante leyes como la del impuesto sobre el patrimonio neto y la de sucesiones y donaciones.

La propia ley de Autonom¨ªa Universitaria, hermana pol¨ªtica de la ya vigente ley del Divorcio, tiene grandes posibilidades de quedarse en el camino si la condescendencia gubernamental con el sector m¨¢s derechista de UCD permite la imposici¨®n, sobre el texto aprobado en comisi¨®n, de numerosas modificaciones inaceptables para los socialistas. Igualmente, el Gobierno retrasa la regulaci¨®n de la asistencia letrada al detenido, no s¨®lo porque se niega a remitir al Parlamento el proyecto de ley de desarrollo del art¨ªculo 17.3 de la Constituci¨®n, sino porque se opone a la tramitaci¨®n de las proposiciones de ley comunista y de Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s sobre la materia.

Incumplimiento legislativo de los pactos auton¨®micos

Uno de los puntos de referencia pol¨ªtica de los ¨²ltimos tiempos, los pactos auton¨®micos firmados el 31 de julio de 1981, es otra fuente de incumplimientos legislativos. Entre los m¨¢s sobres alientes destaca la previsible no entrada en vigor, antes del 30 de abril de este a?o -como figura en el texto de los acuerdos-, de la ley org¨¢nica de Reforma de la de Elecciones Locales en lo que se refiere a la elecci¨®n directa, por sufragio universal, de los diputados provinciales que vienen eligi¨¦ndose entre los concejales.Junto al incumplimiento denunciado por los socialistas en lo que se refiere al contenido de algunos proyectos de ley resultantes de los pactos, como el de cesi¨®n de tributos del Estado a las comunidades aut¨®nomas y el de recargos sobre tributos del Estado en favor de dichas comunidades, hay que se?alar el no env¨ªo a las Cortes del proyecto de ley sobre intercambio de informaci¨®n presupuestaria entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas, que complementa la no presentaci¨®n del Plan Estad¨ªstico ni el Programa de Contabilidad Regional de las Administraciones P¨²blicas, ambos previstos para entes de enero de 1982.