La oferta de empleo en el sector p¨²blico

Declara estas alturas que el problema del paro es uno de los m¨¢s dram¨¢ticos de nuestra sociedad es hacer una afirmaci¨®n un¨¢nimemente compartida. Para su resoluci¨®n, se precisa, seg¨²n el autor de este art¨ªculo, una unidad de acci¨®n por parte de todas las fuerzas sociales pues se trata de proclamar una aspiraci¨®n colectiva para cuyo logro muy pocos negar¨ªan su voluntad, esfuerzo y solidaridad.

En la dif¨ªcil estrategia contra el desempleo, que atenaza a cerca de dos millones de espa?oles, el sector p¨²blico debe jugar tambi¨¦n su papel, ya que no debe perderse de vista que el Estado, y m¨¢s espec¨ªficamente, las diversas administraciones, son el primer empleador del pa¨ªs y se perfilan, en el orden laboral y profesional, como un gran patrono y como el m¨¢s influyente empresario. En fecha todav¨ªa reciente se han aireado datos sobre los efectivos humanos de dichas administraciones que ascienden a 1.407.837 personas (diario EL PA?S, 25 de diciembre de 1981), lo que es un contingente respetable y muy a tener en cuenta a efectos econ¨®micos, laborales, sociales y pol¨ªticos.Hay, adem¨¢s de esta justificaci¨®n meramente cuantitativa, otra de ¨ªndole moral, y es que si se quiere que el sector privado, los empresarios, los trabajadores, las organizaciones sindicales, arrimen el hombro para luchar contra el paro, quien primero tiene que actuar en este campo de acci¨®n es el Estado, comport¨¢ndose con intenciones de ejemplaridad. "Yo no creo en ninguna disciplina social", ha dicho Fuentes Quintana, "mientras el sector p¨²blico no predique con el ejemplo". Tal advertencia adquiere especial relieve si la aplicamos al problema que nos ocupa, dado que, ante el formidable desaf¨ªo del paro, la postura del sector p¨²blico resulta sencillamente decisiva.

Obst¨¢culos a superar

No es f¨¢cil, sin embargo, que las administraciones p¨²blicas procedan siempre correctamente a la hora de poner en marcha su pol¨ªtica de empleo y de contribuir a una mejor oferta de puestos de trabajo a la juventud. Diversos obst¨¢culos impiden que aqu¨¦llas decidan con criterios de racionalidad y que sus acuerdos se ajusten a las exigencias del bien com¨²n.

El primer obst¨¢culo, de tipo operativo, es que nuestro sector p¨²blico es de una incre¨ªble pobreza en lo que a posesi¨®n y difusi¨®n de datos estad¨ªsticos se refiere. ?Sabe alguien en este pa¨ªs, con certeza contrastada, cu¨¢ntos puestos de trabajo oferta cada a?o el sector p¨²blico? ?Somos capaces de desglosar, por bloques org¨¢nico-administrativos, la aportaci¨®n de cada uno de ellos a la mejora del mercado de trabajo? ?Podemos saber con exactitud cu¨¢l ser¨¢ la incidencia de las administraciones p¨²blicas en este mercado durante 1982? ?Estamos en condiciones de medir el nivel de contribuci¨®n del sector p¨²blico para hacer efectivos los prop¨®sitos del Acuerdo Nacional de Empleo de crear en el presente a?o 350.000 puestos de trabajo?

La respuesta la da Mart¨ªn Seco (Papeles de econom¨ªa espa?ola, n¨²mero 8) con estas palabras: "La mayor dificultad a la hora de analizar la creaci¨®n de empleo en el sector p¨²blico radica en la carencia de cifras estad¨ªsticas. Es realmente incomprensible c¨®mo siendo datos que, en teor¨ªa, deber¨ªan conocerse con total exactitud, por pertenecer al ¨¢mbito p¨²blico, se d¨¦ una laguna tan grande sobre los mismos, al menos con la precisi¨®n que ser¨ªa de desear".

El segundo obst¨¢culo, de car¨¢cter estructural, radica en que nuestras administraciones viven desconectadas entre s¨ª y cada una es una gran isla frente a las dem¨¢s. Por encima de todas ellas falta una instancia en¨¦rgica y actuante que, no s¨®lo en el ¨¢rea de la pol¨ªtica de empleo, sino en otras muchas, las coordine y obligue a planificar sus decisiones con sentido de globalidad. Por eso es un espect¨¢culo desmoralizador y socialmente frustrante el contemplar c¨®mo ayuntamientos, diputaciones, administraci¨®n de justicia, ministerios, administraci¨®n educativa, entidades de la Seguridad Social, organismos aut¨®nomos, comunidades aut¨®nomas, etc¨¦tera, no armonizan su pol¨ªtica de empleo y no se sientan en torno a una mesa para dialogar sobre la necesidad de llevarla a cabo con arreglo a unas pautas elementales de coordinaci¨®n, periodicidad y transparencia.

El tercer obst¨¢culo, de ¨ªndole legal, se identifica con la continuidad de una legislaci¨®n en materia de acceso a la funci¨®n p¨²blica que debemos valorar como confusa, anacr¨®nica y regresiva. En el sector p¨²blico siguen predominando todav¨ªa unos h¨¢bitos, unas normas, unas orientaciones que contribuyen a deteriorar el papel de las administraciones a la hora de crear puestos de trabajo y de presentarlos a la libre competencia de los ciudadanos. Ah¨ª tenemos, por citar algunos ejemplos, ese mundo extra?o, incomprensible para los que no viven dentro de sus coordenadas, de las oposiciones restringidas, las compatibilidades generosamente toleradas, las reservas de plazas a favor de personas o grupos, los nombramientos politiza dos, los ascensos arbitrarios, la congelaci¨®n de plantillas por la presi¨®n malthusiana de los cuerpos de funcionarios, las oposiciones de interminable duraci¨®n, la indefinici¨®n de los puestos de trabajo, la inoperancia de las plantillas org¨¢nicas, etc¨¦tera.

El cuarto y ¨²ltimo obst¨¢culo, de naturaleza econ¨®mica, se refiere a la necesidad de las administraciones p¨²blicas de controlar sus gastos de personal en los respectivos presupuestos, a fin de no incrementar el porcentaje de los gastos corrientes, sobre todo en los per¨ªodos de crisis y de mayor demanda de inversi¨®n. La tensi¨®n entre el crecimiento de los gastos de personal para dotar determinados servicios (intervenci¨®n general del Estado, orden p¨²blico, administraci¨®n penitenciaria, administraci¨®n de justicia, administraci¨®n tributaria, etc¨¦tera) y la exigencia gubernamental de congelar las plantillas presupuestarias ha sido bien patente en las discusiones, a nivel de comisi¨®n y de Pleno, de los Presupuestos Generales del Estado para 1982 en nuestro Parlamento.

La hora de las iniciativas

Es comprensible que, ante la urgencia del problema del paro, haya empezado a replantearse el protagonismo del Estado y, en particular, de las diversas administraciones p¨²blicas, buscando nuevas v¨ªas que hagan m¨¢s eficiente el comportamiento de ¨¦stas y de aqu¨¦l en lo que a pol¨ªtica de empleo se refiere. Y es que, como ha subrayado L¨®pez Gand¨ªa (Revista de Trabajo, n¨²meros 59 y 60), la pol¨ªtica de empleo "va -o, al menos, deber¨ªa ir- m¨¢s all¨¢ del marco jur¨ªdico del contrato de trabajo para comprender tambi¨¦n la relaci¨®n de servicios, regulada por el Derecho administrativo", y es que, como ha dicho el diputado P¨¦rez Royo (sesi¨®n del Pleno del Congreso 25 de noviembre de 1981, Diario de Sesiones, n¨²mero 201), "la creaci¨®n de empleo por parte del Gobierno, la creaci¨®n de empleo directo por parte del Presupuesto, es un elemento importante a la hora de contar con una pol¨ªtica de empleo en el pa¨ªs".

Plan de oferta de empleo

Estas dos razones, aproximaci¨®n de los derechos administrativos y del trabajo e importancia del volumen de empleo p¨²blico, respaldan el hecho de que, en el proyecto de ley por el que se aprueban las bases del r¨¦gimen estatutario de los funcionarios, se haya incluido, en el art¨ªculo 15, un primer apartado que literalmente dice as¨ª: "La Administraci¨®n del Estado formular¨¢, anualmente, el plan (le oferta de empleo p¨²blico correspondiente a todas las administraciones p¨²blicas, coordinando las actividades de selecci¨®n y formaci¨®n que, en desarrollo de aqu¨¦l, lleven a efecto los institutos o escuelas de funcionarios". Este precepto es, sin duda, una de las m¨¢s sobresalientes innovaciones que el citado proyecto de ley contiene,, y que abre un amplio horizonte de posibilidades encaminadas a reordenar, fortalecer y racionalizar la pol¨ªtica de empleo en el sector p¨²blico. Sin perjuicio de que el mencionado plan pueda ser instrumentado de una u otra forma seg¨²n las diversas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al precepto que lo regula, lo cierto es que su implantaci¨®n marcar¨¢ un hito importante en la configuraci¨®n de una pol¨ªtica de personal p¨²blico, menos centrada sobre s¨ª misma y m¨¢s abierta a las demandas y condicionamientos de la problem¨¢tica laboral del pa¨ªs. De ah¨ª que, en lo sucesivo, la desconexi¨®n entre quienes tienen a su cargo la gesti¨®n de mill¨®n y medio de servidores p¨²blicos y quienes dirigen la lucha contra el paro habr¨¢ de desaparecer, dejando v¨ªa libre a una colaboraci¨®n real e imprescindible entre ambos polos de decisi¨®n. El engarce entre la funci¨®n r¨²blica y el mercado de trabajo, en una sociedad como la espa?ola que, como ha dicho el presidente Calvo Sotelo, "no ha ganado el pulso a desempleo", se presenta como un formidable acicate para la realizaci¨®n de una pol¨ªtica de personal en el sector p¨²blico que supere viejos inmovilismos y desborde concepciones pasadas de moda. En los tiempos venideros, esta pol¨ªtica, condicionada por las propias circunstancias sociales, va a experimentar transformaciones muy hondas y una l¨ªnea inexorable de cambio ser¨¢ la convergencia de los sectores p¨²blico y privado a. la hora de poner en marcha una aut¨¦ntica pol¨ªtica de empleo.

es subdirector general de la Presidencia del Gobierno.