Lem¨®niz como pretexto criminal
EL ASESINATO por ETA Militar de Angel Pascual M¨²gica, director del proyecto de Lem¨®niz, se ha producido el mismo d¨ªa en que se constitu¨ªa, en Vitoria, la sociedad de gesti¨®n a trav¨¦s de la cual el Gobierno vasco realizar¨¢ las tareas de control y vigilancia de la central nuclear. Ya en febrero de 1981 el secuestro y posterior asesinato del ingeniero Ryan puso de relieve el prop¨®sito de los terroristas de recurrir a los m¨¢s brutales procedimientos para dificultar la puesta en funcionamiento de las instalaciones de Lem¨®niz, bandera que los terroristas robaron a los movimientos ecologistas y antinucleares para ensuciarla con sus cr¨ªmenes. El sacrificio de una nueva v¨ªctima muestra que la asunci¨®n por el Gobierno vasco de los complejos y delicados problemas planteados por la localizaci¨®n de la central vizca¨ªna no ha modificado ni un mil¨ªmetro los planes de los terroristas.La estrategia de ETA en tomo a Lem¨®niz estremece por el horror de sus cr¨ªmenes, pero sobrecoge tambi¨¦n por la frialdad y oportunismo de sus planteamientos manipuladores. No se trata s¨®lo de que en los pa¨ªses del llamado socialismo real, que es el modelo de organizaci¨®n pol¨ªtica y social escogido por los terroristas y sus ide¨®logos para su sangrienta utop¨ªa, las centrales nucleares proliferen todav¨ªa a mayor ritmo que en el mundo occidental. Tampoco merece la pena preguntarse sobre las soluciones energ¨¦ticas que imaginan los etarras para la Euskadi socialista, independiente y monoling¨¹e de sus delirios ideol¨®gicos. Sin embargo, parece necesario recordar que la iniciativa de celebrar un refer¨¦ndum consultivo sobre Lem¨®niz, punto en el que coincid¨ªan el Partido Nacionalista Vasco y Euskadiko-Ezkerra, tuvo su primer y m¨¢s en¨¦rgico adversario precisamente en ETA Militar, que proclam¨®, hace dos a?os, su firme decisi¨®n de oponerse a la celebraci¨®n de cu¨¢lquier consulta popular y de no aceptar, de antemano, sus resultados. Con ese frontal rechazo, los terroristas mostraron su despreci¨® por las instituciones democr¨¢ticas y su arrogante prop¨®sito de anteponer sus dictados, sin otro argumento que la Goma 2 y las metralletas, a la voluntad del pueblo vasco expresada en las urnas. Cuestiones de car¨¢cter jur¨ªdico constitucional han hecho inviable ese refer¨¦ndum que, en cualquier caso, ETA Militar rechazaba. Sin embargo, las elecciones de marzo de 1980, al conceder plena legitimidad popular a las instituciones de autogobierno de Euskadi, dan a las decisiones que el Parlamento y el Gobierno vascos adopten la autoridad pol¨ªtica derivada de todos los sistemas de democracia representativa. Desde el momento en que el Gobierno de Vitoria, una vez dese chada por el presidente Calvo Sotelo la v¨ªa del refer¨¦ndum consultivo, dio por buenas las f¨®rmulas sustitutorias de control de Lem¨®niz, materializadas en la sociedad de gesti¨®n constituida el mismo d¨ªa del asesinato de Angel Pascual M¨²gica, desapar¨¦cieron las ¨²ltimas razones, en gran parte creadas por las irregularidades administrativas cometidas por Iberduero bajo el anterior r¨¦gimen, que apoyaban las reticencias, sospechas y desconfianzas en torno a la central nuclear. En un sistema democr¨¢tico, los representantes de la mayor¨ªa de los ciudadanos son los ¨²nicos legitimados para adoptar o rechazar decisiones. En el caso espa?ol, las directrices del Plan Energ¨¦tico aprobadas por las Cortes Generales han tenido, en la compleja articulaci¨®n de las competencias estatales y las competencias auton¨®micas, el refrendo de las instituciones vascas. El resto es, simplemente, fascismo.
Algunos sectoresde la ultraderecha niegan que ETA Militar sea una banda terrorista y pretenden concederle los galones propios de un ej¨¦rcito que libra una guerra, extremo, por lo dem¨¢s, en el que los etarras, como en tantas otras cosas, est¨¢nde acuerdo con los simpatizantes del golpismo. La definici¨®n carece, obviamente, de todo fundamento, pero quienes la aceptan -sean ultraderechistas o nacionalistas radicales- estar¨ªan, obligados a revisar la calificaci¨®n de los objetivos perseguidos en esa supuesta guerra y la identificaci¨®n de los contendientes en ese conflicto b¨¦lico. Desde la aprobaci¨®n del Estatuto de Guernica y las elecciones al Parlamento vasco, los terroristas dirigen sus acciones no s¨®lo contra el aparato del Estado en su acepci¨®n general, sino tambi¨¦n contra las instituciones de autogobiemo de Euskadi, y combaten no s¨®lo a la mayor¨ªa de los espa?oles, sino tambi¨¦n a la mayor¨ªa de los ciudadanos vascos, como las elecciones de 1977, 1979 y 1980 y el refer¨¦ndum del Estatuto han demostrado. En esa perspectiva, el brutal asesinato del ingeniero Pascual M¨²gica es un nuevo crimen de la organizaci¨®n terrorista y, al tiempo, un ataque al Gobierno de Vitoria, que ha tomado bajo su responsabilidad la puesta en funcionamiento de Lem¨®niz. La guerra que la ultraderecha, rindiendo sospechosos honores a los terroristas, trata de vender a la opini¨®n p¨²blica no ser¨ªa, en cualquier caso, la guerra de los vascos contra el resto de los espa?oles, sino una guerra que divide a los propios vascos entre s¨ª y que enfrenta a una enloquecida vanguardia violenta con los dem¨®cratas y las instituciones democr¨¢ticas del Pa¨ªs Vasco y del resto de Espa?a.
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