Libertad de informaci¨®n

LA APERTURA en El Escorial de la Asamblea del Instituto Internacional de Prensa, ha sido presidida por los Reyes, que han dado con su presencia una especial solemnidad a la inauguraci¨®n. El discurso de don Juan Carlos se ha hecho eco, del significado de la elecci¨®n de Espa?a como sede de los trabajos, en tanto que reconocimiento de que "la joven planta de la democracia espa?ola ha demostrado ya, cumplidamente, que es una realidad vigorosa", y ha subrayado, mientras prosigue su sangriento y absurdo curso la guerra en las Malvinas, que Espa?a es un pa¨ªs a la vez europeo y americano."La agenda de trabajo de la Asamblea incluye problemas de car¨¢cter profesional, la denuncia de los retrocesos de la libertad de Prensa en diversas partes del planeta, el desaf¨ªo de los grupos terroristas, las responsabilidades de los reg¨ªmenes dictatoriales por la muerte y el encarcelamiento de periodistas y, algunas cuestiones tan pol¨¦micas como las propuestas de la UNESCO para un Programa Internacional de Desarrollo de las Comunicaciones (IPDC) en los pa¨ªses subdesarrollados, con apoyo financiero de las grandes potencias y control gubernamental de uso de los fondos. La reuni¨®n, que permite a los profesionales espa?oles enorgullecerse como anfitriones de sus colegas M mundo democr¨¢tico, es una buena oportunidad para hacer un inventario de los progresos y de las restricciones de la libertad de Prensa en nuestro pa¨ªs.

Tan insensato resultar¨ªa minimizar los espectaculares avances logrados durante el per¨ªodo transcurrido entre la coronaci¨®n del Rey y el 23 de febrero de 1981 como cerrar los ojos ante las amenazas, expresas y latentes, que se ciernen sobre la libertad de Prensa -y sobre todas las libertades- como consecuencia del golpe de Estado frustrado. Las dos reflexiones son complementarias, ya que han sido precisamente los altos techos informativos y cr¨ªticos conseguidos durante la transici¨®n lo que ha despertado la voluntad de silenciar o poner sordina a las voces que se esfuerzan por reflejar la plural, contradictoria y compleja sociedad espa?ola, hasta hace poco obligada a mirarse en el espejo deformante de la propaganda oficial.

Evidentemente, el mayor peligro -la soluci¨®n total- para los profesionales, del periodismo provendr¨ªa de,. la repetici¨®n -esta vez victoriosa- de un golpe de Estado, que clausurar¨ªa toda posibilidad de una informaci¨®n veraz e independiente y que secuestrar¨ªa, en beneficio de una nueva dictadura, la libertad de Prensa, sustituy¨¦ndola por ¨®rganos d¨®ciles a las autoridades, amordazados por el temor y vigilados por la censura. Pero el car¨¢cter catastr¨®fico de esa eventualidad no debe servir de coartada o de pretexto para invitar a los profesionales de la informaci¨®n a que acepten los males menores que, de forma m¨¢s o menos abierta, proponen los grupos de poder, que consideran excesiva y peligrosa para sus intereses una dictadura, pero que desean, al tiempo, el vaciamiento interno de las instituciones democr¨¢ticas y el establecimiento de un r¨¦gimen colectivo de libertad vigilada.

En esta perspectiva, la libertad de Prensa, entendiendo la expresi¨®n en su sentido m¨¢s amplio, que incluye a la radio y a la televisi¨®n, ha recibido, a lo largo de los ¨²ltimos catorce meses, serias embestidas y ha sido objeto de emboscadas y trampas. La aprobaci¨®n por las Cortes Generales de la ley de Defensa de la Democracia ha puesto en manos del Gobierno un arma de grueso calibre para derribar empresas editoras y clausurar medios de comunicaci¨®n. La Audiencia Nacional, ¨®rgano m¨¢s cercano a los tribunales de excepci¨®n -expresamente prohibidos por la Constituci¨®n- que a la jurisdicci¨®n especializada, sigue disfrutando del monopolio que le concedi¨® un decreto-ley de 1979 para juzgar los llamados delitos de desacato cometidos a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n; impreciso tipo delictivo que castiga con penas de privaci¨®n de libertad a los que calumniaren, injuriaren, insultaren o amenazaren a las autoridades -gubernativas o judiciales- en el ejercicio de sus funciones. De esta forma, los periodistas reos de desacato son entregados a la misma jurisdicci¨®n especial que conoce de las causas de terrorismo, falsificaci¨®n de moneda, tr¨¢fico de drogas, prostituci¨®n organizada y comercio pornogr¨¢fico. Aparte de los profesionales ya condenados por sentencia firme o por sentencias pendientes de recurso, son abundantes los poriodistas procesados como consecuencia de su trabajo profesional, bien sea a instancias del ministerio p¨²blico o de querellas privadas. La condena a siete a?os de Xavier Vinader, en noviembre de 1981, por imprudencia profesional, tras la publicaci¨®n de unos reportajes sobre grupos ultraderechistas en el Pa¨ªs Vasco y el asesinato por ETA de dos personas citadas en dichos art¨ªculos, ha sido interpretada por muchos de sus colegas como un ominoso aviso.

La normalizaci¨®n de la televisi¨®n estatal, llevada a cabo por el nuevo equipo, ha frenado el desarrollo del Estatuto de Televisi¨®n como instituci¨®n aut¨®noma y ha reducido hasta tal punto los techos informativos del monopolio estatal que 180 redactores de los programas de noticias han elevado un escrito de protesta contra esa pol¨ªtica censoria de la que el Gobierno se aprovecha para prop¨®sitos electorales. Una oportuna sentencia del Tribunal Constitucional ha cerrado el paso, afortunadamente, al proyecto del Gobierno de autorizar las televisiones privadas por simple decreto y hurtando al Parlamento sus competencias para Iegislar sobre esta importante materia. No faltan, tampoco, presiones del Poder sobre la Prensa independiente, si bien las formas ocultas y las v¨ªas indirectas en que se realizan diversas operaciones de corrupci¨®n o amedrentamiento no siempre son f¨¢ciles de advertir o prevenir. La compatibilidad entre cargos de favor gubernamentales y el ejercicio de la profesi¨®n period¨ªstica no s¨®lo plantea graves problemas deontol¨®gicos a la Prensa espa?ola en su conjunto, sino que es uno de los medios m¨¢s eficaces del Ejecutivo para .sesgar informaciones u opiniones en su provecho.

Queda, finalmente, un problema, quiz¨¢ crucial en estos momentos para la libertad de informaci¨®n en Espa?a: el enfrentamiento o empeoramiento de relaciones entre un sector de las Fuerzas Armadas y la Prensa. Pese a los esfuerzos llevados a cabo por destacados militares y un grupo de periodistas democr¨¢tas para limar asperezas y mejorar el mutuo conocimiento, incidentes como los producidos en el juicio de Campamento, donde los valores democr¨¢ticos han sido vilipendiados por defensores y codefensores, no ayudan en lo m¨¢s m¨ªnimo a descargar la tensi¨®n y despejar recelos y agravios. Sin embargo, dif¨ªcilmente podr¨¢ hablarse en Espa?a de Prensa libre mientras existan campos cerrados y materias exentas de informaci¨®n, opini¨®n y cr¨ªtica. El Ej¨¦rcito tiene derecho al respeto de la sociedad espa?ola, y por propia estimaci¨®n debe y tiene que estar sometido a la misma cr¨ªtica que cualquier otra instituci¨®n del Estado recibe. Sin entender por ello que se atacan -pues en manera alguna es cierto- valores honorables o tradiciones dignas de aprecio en el acervo com¨²n de nuestra Historia, sino que se ejerce, limpia y llanamente un derecho constitucional.