La nueva ley del Patrimonio Nacional asegura el control del Estado sobre los bienes para uso de la Corona

La ley reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada la semana pasada por el Pleno del Congreso de los Diputados, no sufrir¨¢ alteraciones en el Senado y podr¨¢ entrar en vigor en breve plazo, gracias al acuerdo alcanzado entre las principales fuerzas parlamentarias en torno a un texto que asegura el control estatal sobre unos bienes afectados al uso y servicio de la Corona, para la alta representaci¨®n que la Constituci¨®n le atribuye. El consenso obtenido permiti¨® la retirada de las dos enmiendas, socialista y comunista, a la totalidad del proyecto de ley y su aprobaci¨®n pr¨¢cticamente por unanimidad. El proyecto de ley prev¨¦ compatibilizar el uso por el Rey y la familia real de los citados bienes con su utilizaci¨®n para fines culturales, cient¨ªficos y docentes.

La nueva ley cumple el mandato constitucional al transformar el tradicional Patrimonio de la Corona en Patrimonio Nacional. La configuraci¨®n de su Consejo de Administraci¨®n como una entidad de derecho p¨²blico moderniza la situaci¨®n jur¨ªdica de un conjunto de bienes sobre los que ya no ser¨¢ posible que nadie, en nombre de un trasnochado monarquismo haga y deshaga. La transparencia en la administraci¨®n de estos bienes, el control p¨²blico y muy espec¨ªficamente el del Tribunal de Cuentas, y el cumplimiento de fines sociales complementarios del liso y servicio del Rey, transforman el Patrimonio Nacional en un instrumento al servicio de la Monarqu¨ªa Parlamentaria, dentro del ¨¢mbito indudable del Estado.Durante el proceso de elaborai¨®n de la Constituci¨®n, el socialista Alfonso Guerra simbolizaba la necesidad de modernizar el enfoque jur¨ªdico y pol¨ªtico del Patrimo nio Nacional en la eliminaci¨®n de las atribuciones sobre ellos que concurr¨ªan en personas como Fernando Fuertes de Villavicencio. El proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes y publicado en diciembre de 1980 suscit¨® en principio una dura oposici¨®n de la izquierda, que se materializ¨® en 35 enmiendas, dos de ellas a la totalidad. La tramitaci¨®n parlamentaria permiti¨® la aceptaci¨®n generalizada del texto final, a la que se sum¨® seg¨²n ha podido constatar este peri¨®dico, la satisfacci¨®n de la propia Zarzuela por la regulaci¨®n progresiva de un conjunto de bieties de raigambre tradicional.

La viabilidad del texto aprobado por el Congreso parece asegurada, por cuanto fuentes de los dos principales grupos del Senado, el centrista y el socialista, han anticipado su prop¨®sito de no modificarlo. El senador centrista, Manuel Villar Arregui, uno de los art¨ªfices de la negociaci¨®n de la ley -en su calidad de subsecretario de Coordinaci¨®n legislativa del ministerio de la Presidencia-, expres¨® su convicci¨®n de que la C¨¢mara alta ratificar¨¢ en el m¨¢s breve plazo posible el texto pactado en el Congreso.

Entre las novedades introducidas en la regulaci¨®n del Patrimonio Nacional, destaca que quedar¨¢n fuera del ¨¢mbito de actuaci¨®n de su Consejo de Administraci¨®n, cuyos miembros designar¨¢ el Gobierno determinadas fincas r¨²sticas y urbanas, actualmente gestionadas por el Consejo del Patrimonio, con arreglo a la obsoleta ley de 7 de marzo de 1940, que ahora se deroga.

Los rendimientos ingresar¨¢n en el Tesoro P¨²blico

En la presentaci¨®n del proyecto de ley al Pleno del Congreso, el ministro de la Presidencia, Mat¨ªas Rodr¨ªguez Inciarte, destac¨® "el total abandono de la pretensi¨®n de autosuficiencia y la resuelta incardinaci¨®n del Patrimonio Nacional en el ¨¢mbito del Estado", que conlleva estas dos importantes consecuencias: de una parte, que "ser¨¢n los Presupuestos Generales del Estado los que provean, en cada ejercicio, la dotaci¨®n de los cr¨¦ditos necesarios para que la entidad cumpla sus fines", y de otra, que "los rendimientos de cualquier naturaleza producidos por los bienes, ingresar¨¢n en el Tesoro P¨²blico".Rodr¨ªguez Inciarte se?al¨® que la ley mantiene en el Patrimonio Nacional, "por fidelidad a la Historia", los derechos y cargas sobre una serie de fundaciones, denominadas reales patronatos y que, "por primera vez incorpora una preocupaci¨®n por el medio ambiente y por el cumplimiento de las exigencias ecol¨®gicas e impone al Consejo de Administraci¨®n el deber de velar por ellas". Resalt¨® que muchos de los principios establecidos por la ley solo vienen a consagrar la actitud defendida por don Juan Carlos. "El Patrimonio Nacional, desde hace algunos a?os", dijo, "ha dejado de ser coto cerrado o realidad misteriosa para abrirse al conocimiento del pueblo espa?ol, por expresa voluntad del Rey".

El proyecto de ley, al que no se mantuvo en el Pleno ninguna enmienda, fue aprobado por 267 votos favorables, uno negativo y dos abstenciones. La ¨²nica opini¨®n contraria al texto aprobado fue la de Ram¨®n Tamames, quien explic¨® su abstenci¨®n en su calidad de diputado por Madrid y en las dificultades encontradas por la pro posici¨®n de ley para la protecci¨®n del monte de El Pardo y su entorno, al parecer, seg¨²n dijo, vetada por el Gobierno. Denunci¨® las pre siones de fuerzas que siguen con trolando la administraci¨®n del Pa trimonio Nacional y que defienden "no los intereses del Rey, sino intereses que no siempre han sido ex plicados". Se refiri¨® concretamente a una serie de clubes, terrenos y zonas segregados temporalmente del monte de El Pardo.

Socialistas y comunistas justificaron, por su parte, el voto favora ble de sus respectivos grupos, a pesar de las enmiendas a la totalidad formuladas al proyecto de ley gubernamental. El socialista cata l¨¢n, Salvador Clotas, destac¨® la claridad jur¨ªdica lograda por la ley respecto a los bienes que integran el Patrimonio Nacional, la transparencia en cuanto a su uso y la modernizaci¨®n de los aspectos negativos introducidos por la dictadura. Entre las triejoras introducidas durante el tr¨¢mite parlamentario, Clotas resalt¨® la menci¨®n que se hace a la ley de Protecci¨®n del patrimonio hist¨®rico- art¨ªstico. Tambi¨¦n el comunista Josep Mar¨ªa Riera explic¨® el voto favorable de su grupo, entre otras razones, en la referencia a la futura ley del Patrimonio hist¨®rico-art¨ªstico. Asimismo, record¨® que el proyecto inicial "daba carta blanca al Gobierno" para el env¨ªo del inventario de los bienes del Patrimonio, mientras que el texto final prev¨¦ una comisi¨®n de tres expertos que emitir¨¢ dictamen, en el plazo de seis meses, sobre el inventario que se someter¨¢ al Gobierno para su remisi¨®n a las Cortes Generales. La incorporaci¨®n de representantes de los ayuntamientos al Consejo de administraci¨®n del Patrimonio Nacional y las garant¨ªas sobre el control de su contabilidad fueron otras de las novedades de la ley -"que se parece bien poco al proyecto inicial"- para el portavoz comunista.