Una encuesta entre los profesionales de la justicia en Zaragoza revela gran desconfianza en el poder judicial

La existencia de una acusada desconfianza en el poder judicial entre los propios profesionales que lo ejercitan es el balance global de un voluminoso estudio sociol¨®gico realizado a instancias del Colegio de Abogados de Zaragoza. Su t¨ªtulo es El funcionamiento del poder judicial visto por sus protagonistas, y recoge los resultados de la encuesta hecha por los profesores del departamento ole sociolog¨ªa de la Universidad de Zaragoza entre todos los profesionales que tienen relaci¨®n con el derecho, es decir, abogados, procuradores, jueces, fiscales, secretarios, auxiliares y agentes.

El nivel de fiabilidad de la encuesta es el 95,5%, y hay que hacer notar que con gran frecuencia Zaragoza se utiliza, por su tama?o y circunstancias, como reflejo de lo que sucede en el testo del pa¨ªs.Como mayor problema de la pr¨¢ctica procesal aparece la penuria de medios materiales y humanos con que se trabaja. Esto es tan evidente, dice el estudio, que en algunos casos llega a enmascarar las causas de ciertas deficiencias en el funcionamiento del poder judicial. Pero no todos los problemas derivan exclusivamente de la falta de medios. El estudio demuestra, por ejemplo, que existe entre los profesionales una cierta prevenci¨®n ante el papel que pueden ejercer los informes periciales oficiales en el ¨¢nimo del juez para orientar la sentencia.

El 40% de los abogados considera excesivo el peso del informe policial, y el 31,5%, tambi¨¦n el del m¨¦dico-forense. Al contrario sucede con los jueces, fiscales y secretarios: les parece excesivo el peso del segundo a un 22%, y s¨®lo un 10% considera de igual forma al informe policial.

En lo que s¨ª coinciden casi las tres cuartas partes del colectivo es en la necesidad de que exista un cuerpo especial de polic¨ªa judicial (¨²nicamente un 12% no es partidario en absoluto). La gran mayor¨ªa cree que ¨¦ste debe de pender del poder judicial, y s¨®lo un 0,5% se manifiesta a favor de la dependencia del gobernador civil.

En cuanto a la ostensible falta de medios con que se enfrenta la Administraci¨®n de justicia, casi la mitad del colectivo cree que la relaci¨®n medios y necesidad era mejor hace diez a?os. Con respecto al futuro, se muestran optimistas, ya que el 59% cree que van a mejorar las condiciones Aqu¨ª los m¨¢s esc¨¦pticos son los abogados y procuradores.

La soluci¨®n mayoritaria que se dan para paliar la falta de medios es el aumento de la plantilla de funcionarios. Aspectos cualitativos, como modernizar el trabajo, aparecen s¨®lo en un segundo plano, y "la mejor organizaci¨®n de los recursos" figura en ¨²ltimo lugar.

La acumulaci¨®n del trabajo, de nuevo por falta de medios, es el motivo m¨¢s citado (el 55%) como causa que influye en la lentitud de la justicia. La menos valorada es la observaci¨®n del horario de trabajo en los juzgados, a pesar de que el 36% del colectivo y el 53% del grupo concreto de secretarios aseguran que no se cumple el horario establecido. Entre abogados y procuradores abundan, sin embargo, las cr¨ªticas a problemas de falta de competencia y dedicaci¨®n de los funcionarios.

Influencias y sobornos

La incidencia de ciertas irregularidades en la forma como se administra la justicia tambi¨¦n fue consultada en esta encuesta en el sentido de expresar la posibilidad de que se den o no las condiciones objetivas para que se produzcan.En general, se admite en mayor medida (el 65%) la posibilidad de influencias, y tambi¨¦n, aunque algo menos, la de sobornos (57,4%). Unicamente el grupo de trabajo formado por jueces, fiscales y secretarios resalta las posibilidades de soborno por encima de las influencias.

Como explicaci¨®n, aparece en ambos casos, en primer lugar, la debilidad humana. En las influencias se sit¨²a en segundo puesto el apartado otras causas, incluyendo aqu¨ª explicaciones como "v¨ªnculos familiares y de amistad", "simpat¨ªas pol¨ªtico-ideol¨®gicas" y "falta de independencia de los jueces".

En la pregunta sobre el soborno se cita como segunda explicaci¨®n la baja retribuci¨®n de los funcionarios. Se plantearon tambi¨¦n otras tres irregularidades de funcionamiento: favorecer la inclusi¨®n de asuntos en determinados juzgados, cambios en el orden de expediente y acceso a expediente de forma irregular.

Aqu¨ª, a diferencia de los casos anteriores, destacados por su alto ¨ªndice de respuestas, los encuestadores se encontraron con una gran reserva.

El concepto de justicia

El concepto de justicia que prevalece entre los profesionales (64%) es el que la define como "defensa de la sociedad-orden social-equilibrio" (es la respuesta que dan con mayor frecuencia los abogados, en especial). En segundo lugar est¨¢ "dar a cada uno lo suyo" (idea preferible por los jueces). Y en tercer lugar, "aplicaci¨®n de la ley-derecho" (ni un solo fiscal o secretario dio esta contestaci¨®n, y s¨®lo lo hizo el 2% de los jueces).Otro de los resultados llamativos de esta encuesta es que no existe conciencia de servicio p¨²blico entre los funcionarios de la justicia. As¨ª lo cree la media del conjunto, y en un alto porcentaje, los abogados y procuradores.

En cuanto al ejercicio de la profesi¨®n, un alto porcentaje de juristas -especialmente alto entre los fiscales- considera que un rejuvenecimiento de la judicatura mejorar¨ªa la Administraci¨®n de justicia.

El conjunto de los encuestados es partidario de que el principio de inmediatividad se cumpla en todos los casos. El porcentaje m¨¢s bajo es el del grupo de abogados y procuradores.

Tambi¨¦n hay descontento con la divisi¨®n territorial existente en la actualidad (los m¨¢s cr¨ªticos con esta situaci¨®n son los jueces, fiscales y secretarios). La mayor¨ªa, asimismo, es partidaria de introducir cambios, que favorezcan la descentralizaci¨®n y la autonom¨ªa (as¨ª se manifest¨®, por ejemplo, la totalidad de los fiscales). Los m¨¢s reacios al cambio son los auxiliares y secretarios. En cuanto a los turnos de oficio, uno de cada tres abogados reconoce que existen diferencias de trato entre los clientes de oficio y de despacho. Los secretarios afirman en un 80% que el trato no es igual, y los jueces, aunque se abstienen de opinar en un 31% los que lo hacen opinan, tambi¨¦n en su mayor¨ªa, que s¨ª existen diferencias.

Uno de cada cuatro abogados estiman, por otra parte, que no est¨¢n adecuadamente formados para el desempe?o, de su cometido. Consideraci¨®n que comparten, aunque en menor proporci¨®n, los jueces, fiscales y secretarios.

El 60% del colectivo opina tambi¨¦n que los abogados influyen en la lentitud de la justicia, sobresaliendo entre ellos los secretarios (el 80%) y los jueces(73%). Los procuradores se abstuvieron de opinar en un 60%, pero todos los que lo hicieron respondieron afirmativamente. Tambi¨¦n los propios abogados se mostraron a favor de esta tesis en un 64,6%.