La Audiencia solicita 40 millones en fianzas a los presuntos responsables de un desfalco a la Diputaci¨®n de Vizcaya

La sala segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya ha solicitado fianzas por un importe total de cuarenta millones de pesetas a los seis procesados -tres ex presidentes y altos funcionarios de la Diputaci¨®n Foral- por un presunto delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, detra¨ªdos de la recaudaci¨®n de las quinielas. Las fianzas han sido exigidas en concepto de responsabilidad civil y no como condici¨®n para que los procesados, que se encuentran en libertad bajo el compromiso de atender a los requerimientos del juez, puedan soslayar su encarcelamiento. El responsable del servicio provincial de apuestas mutuas ser¨¢ destituido pr¨®ximamente.

Uno de los seis acusados, Francisco Ipi?a Bilbao, que contin¨²a desempe?ando en la Diputaci¨®n de Vizcaya las funciones de gerente del servicio de Apuestas Mutuas Deportivo-Ben¨¦ficas, ser¨¢ probablemente apartado de su -cargo como medida cautelar prevista en la propia ley de r¨¦gimen local, que establece la suspensi¨®n de empleo y sueldo para los funcionarios sometidos a proceso. El interesado, Francisco Ipi?a Bilbao, neg¨® aver haber recibido la comunicaci¨®n oficial de su supensi¨®n como responsable de este organismo, si bien en las altas instancias de la Diputaci¨®n se considera inminente la adopci¨®n de dicha medida. Francisco Ipi?a minimiz¨® ayer, en una declaraciones concedidas a EL PAIS, la importancia de la cifra supuestamente sustra¨ªda, cerca de 44 millones de pesetas, aludiendo al largo per¨ªodo de tiempo en que habr¨ªan sido cometidas dichas irregularidades."Creo que el tema ha sido desorbitado, porque hay que tener en cuenta que esos millones habrian sido sustra¨ªdos, en todo caso, en el espacio que va desde 1965 hasta 1977. El actual gerente del servicio de apuestas mutuas deportivoben¨¦ficas considera que no es responsable de ese supuesto delito de malversaci¨®n de fondos pullicos, ya que las cantidades percibidas por ¨¦l en concepto de comisiones no habr¨ªan sido otra cosa que la compensaci¨®n l¨®gica a su trabajo. Esta opini¨®n, compartida al parecer por el resto de los procesados, no es aceptada por la sala segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao, que interpreta que la percepci¨®n de las comisiones no se corresponde con las funciones reale desempe?adas en ese comit¨¦ de gerencia, creado por decreto en enero de 1964 y destinado a controlar la recaudaci¨®n de las quinielas.

La creaci¨®n, mediante decretos de los sucesivos presidentes de la Diputaci¨®n, del fondo de retribuci¨®n para el citado comit¨¦ es asimismo irregular, seg¨²n creen saber fuentes jur¨ªdicas, a partir del sumario abierto sobre el caso. Dicho fondo, que estaba formado inicialmente por un 0,5% del total recaudado, pas¨® tras sucesivos decretos a alcanzar el porcentaje del 1,24%.

Diecis¨¦is funcionarios implicados

Francisco Ipi?a Bilbao, a quien se acusa de no haber denunciado la existencia de tales decretos, dando as¨ª apariencia de legalidad a actuaciones ?legales, afirma no ser quien para criticar esas disposiciones. "All¨¢ ellos con sus decretos; para un funcionario como yo, un decreto de la presidencia de la Diputaci¨®n es algo que va siempre a misa. Me he limitado a cumplir aquello que se me ordenaba; adem¨¢s, estos famosos decretos fueron aprobados en el pleno de la Diputaci¨®n en el a?o 1976, convenientemente visados por el Gobierno Civil de la provincia y publicados en el Bolet¨ªn Oficial de Vizcaya.De acuerdo con el auto de procesamiento, Francisco Ipi?a habr¨ªa percibido cinco millones y medio de pesetas; Javier Bilbao, cinco millones; el ex presidente Pedro Ar¨ªstegui, cuatro millones y medio; Florentino Carral Amorrortu, dos millones y medio; y el ex presidente Fernando de Ibarra, alrededor de 600.000 pesetas. El tambi¨¦n ex presidente de la Diputaci¨®n de Vizcaya, Pl¨¢cido Careaga, no percibi¨® beneficio alguno de las quinielas, seg¨²n se desprende del auto de procesamiento.

Al menos otros quince funcinarios m¨¢s se beneficiaron igualmente de este fondo, del que recib¨ªan ciertas cantidades en concepto de colaboraciones, aunque al parecer desconociendo el car¨¢cter ?legal del decreto que las hac¨ªa posibles. El sumario sobre el caso no ha sido cerirado y las investigaciones abarcan tambi¨¦n las actuaciones de estos fucionarios, la mayor¨ªa de los cual.es contin¨²an ocupando hoy d¨ªa sus cargos.

Tras las elecciones generales democr¨¢ticas, la Diputaci¨®n acord¨®, en 1978, la incompatibilidad de los salarios de la misma y los ingresos correspondientes a las colaboraciones del fondo de las quinielas, petici¨®n adoptada a propuesta del entonces presidente de la Diputaci¨®n y alcalde de Durango, Francisco Amorrortu. Estos funcionarios, que vieron entonces reducidos sus ingresos, reaccionaron contra el acuerdo, dando lugar posteriormente a la apertura de un sumario, en el que se constata que estas cantidades no fueron registradas en la n¨®mina de la Diputaci¨®n, sino con cargo al fondo del Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo-Ben¨¦ficas.

La sala de lo contencioso dio la raz¨®n a la Diputaci¨®n, compr¨®b¨¢ndose que exist¨ªan irregularidades en la promulgaci¨®n de los decretos que facilitaban el cobro de las comisiones. El 2 de diciembre de 1981 y el 22 de enero de este a?o, se solicit¨® el procesamiento ante el juzgado n¨²mero 1 de Bilbao, sin que los jueces llegaran a pronunciarse. En marzo de este a?o, el juez, atendiendo a una nueva solicitud fiscal, elev¨® el asunto a la Audiencia Provincial, que dict¨® auto de procesamiento el pasado lunes 5 de junio.